Está en curso en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, una propuesta, presentada por el republicano Dan Crenshaw, para que el gobierno de ese país declare como terroristas a los carteles de la droga que operan en México y en consecuencia movilizar tropas de esa nación para combatirlos y, perseguirlos ya que, estarían atentado gravemente contra la seguridad nacional de la Unión Americana.
La militarización del país, iniciada durante el Gobierno de Calderón, continuada por el de Peña Nieto, y reforzada por el actual gobierno del Presidente López Obrador es inaceptable, y debemos persistir con más firmeza en la lucha por el regreso del Ejército a los cuarteles.
Las y los pobladores de la comunidad Paraíso Nuevo en Candelaria, Campeche, exigieron la retirada del Ejército, que desde la represión sufrida a principios de año se encuentra dentro del pueblo. Los militares han ocupado la plaza principal, la escuela de la comunidad y la comisaría, esto como parte del hostigamiento a quienes se manifiestan contra el denominado Tren Maya.
Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ambas del siglo pasado (1914, 1940), producto de la crisis económica que sucedió a la primera y abrió espacio para la segunda y ante la incapacidad de la burguesía y del imperialismo para reactivar la maquinaria de producción, surgió un movimiento social que, con banderas de izquierda, incluso formando “partidos socialistas”, produjo un movimiento totalitario, militarista, que sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas inactivas, desató una terrible Guerra Mundial
La revista PROCESO ha publicado un excelente reportaje en su edición del pasado 9 de octubre, en la cual describe, sobre la base de las filtraciones que aparecieron por el trabajo de espionaje que hizo el grupo Guacamayas, acerca de la redacción de las reformas que se hicieron para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional y que después pasaron a la aprobación accidentada de las cámaras legislativas de nuestro país.
La renuncia que presentara Omar Gómez Trejo a la Fiscalía Especial que se dedicaba a investigar la masacre de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, demuestra que estamos ante un esfuerzo político y no jurídico, que se está enfrentando con una evidente realidad, la alianza política en la que se encuentra el presidente de la República con las fuerzas armadas, de cuyo proyecto a mediano plazo solo conocemos los aspectos generales. Por lo tanto, todas las acciones que promueva el licenciado Alejando Encinas deben inscribirse en la ejecución de esta estrategia, es decir, los aspectos legales y procesales están subordinados a un plan político mucho más importante y trascendente.
os últimos acontecimientos políticos, que se han suscitado en torno a la masacre de Ayotzinapa, confirman una tendencia que ha venido presentado en los últimos años: el creciente poder económico, social y político que tienen las fuerzas armadas y de una manera particular, el ejército, cuyos representantes ahora ocupan cargos importantes en los estados de Tamaulipas y Aguascalientes, en donde recientemente han tomado posesión los nuevos gobernadores.
El licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, se pronunció porque la Guardia Nacional esté adscrita a una dependencia civil y al hacerlo actuó con congruencia y dignidad, a diferencia de la actitud sumida por otros militantes de la izquierda que han guardado un lamentable silencio sobre todo aquellos que ocupan cargos en el seno del gobierno y que simpatizan o simpatizaron con Andrés López Obrador y que están confundiendo la lealtad política a una causa con la abyección patológica y sumisión lacayuna.
Ya quedó claro que cuando AMLO habla de “democracia sindical”, está refiriéndose a esta nueva fase del sindicalismo mexicano, impregnada de sumisión a los intereses del gran capital y de los monopolios y sus socios mexicanos. En “Dos Bocas” como en la mayoría de los proyectos del gobierno y de las empresas monopólicas se está desarrollando una reorganización del trabajo en prejuicio de los trabajadores.
a administración socialdemócrata de México ha mostrado su cara más descarnada durante estos tres años de gestión al golpear a la clase obrera. Sin embargo, el golpe sobre la clase obrera no es tan conocido cuando se trata de la ciencia. En estos días, los personeros que administran el presupuesto para ciencia en el país están en el proceso de aprobar una Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esto parecería una buena noticia, no solo porque en apariencia representa la destrucción de las burocracias priistas enquistadas en el sistema científico mexicano, sino porque también se considera a las humanidades, largamente excluidas de las políticas de estado en relación con el conocimiento. Sin embargo, estas modificaciones solo enmascaran las verdaderas intenciones de la administración de López Obrador: La reducción del aparato científico mexicano y la militarización del país.