Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

Los últimos acontecimientos políticos, que se han suscitado en torno a la masacre de Ayotzinapa, confirman una tendencia que ha venido presentado en los últimos años: el creciente poder económico, social y político que tienen las fuerzas armadas y de una manera particular, el ejército, cuyos representantes ahora ocupan cargos importantes en los estados de Tamaulipas y Aguascalientes, en donde recientemente han tomado posesión los nuevos gobernadores. Se les ha llamado a los elementos castrenses para que ocupen los cargos de la seguridad pública, en el proceso que está en marcha y que consiste en ampliar la presencia de las fuerzas armadas hasta el año 2028.

Se han publicado múltiples artículos, informes y documentos diversos, relativos a Ayotzinapa, que señalan que fueron los altos mandos del ejército los que insistieron ante el Presidente de la República que se cancelaran las órdenes de aprehensión que había por lo menos contra 16 militares ubicados en la región de Iguala y que de hecho se negara validez al informe que había elaborado el equipo encabezado por Alejandro Encinas que contiene una amplia referencia a las acciones que emprendieron de esa región, con el deliberado propósito de excluir de toda responsabilidad, a priori, a los jefes superiores, proteger la llamada cadena de mando presentando la decisiones tomadas al margen de los mandos nacionales, con la finalidad evidente de blindar a las fuerzas armadas de cualquier ataque político que pudiera surgir en su contra.

De esta manera, el Presidente cedió a las exigencias de los altos dirigentes y solo se cumplimentaron 5 órdenes de aprehensión, otorgando una gran credibilidad política y jurídica a las imputaciones que había formulado el GIL, del grupo criminal de Guerreros Unidos que después de haber sido los acusados iniciales, ahora se trasformaron en acusadores de los militares, otorgándoles, además, el rango de testigos protegidos. Desde luego, muchos de los integrantes de ese grupo delictivo que contaba con el abierto apoyo del Presidente Municipal, José Luis Abarca, que por cierto fue postulado por el PRD, y que fueron detenidos en la primera etapa de este proceso, ya obtuvieron su libertad y otros fueron asesinados. Estos delincuentes fueron utilizados por los distintos actores políticos, como si fueran material de desecho, ya que las imputaciones del GIL son el sustento legal de las acusaciones contra el ex Procurador Murillo Karam, quien, pronto obtendrá su libertad.

Este gran viraje que dio el proceso legal contó con la autorización del Fiscal General de la República, quien, de una manera deliberada, hizo un lado las actuaciones del Fiscal Especial, ya que no insistía en el punto de vista original, concediéndole una mayor importancia a los criterios y objetivos políticos imperantes en la actualidad. Una vez más, se comprobó que la Fiscalía General solo tiene una autonomía formal o relativa, ya que depende de las instrucciones y de los intereses del Presidente de la República y de esta manera le está negando valor probatorio al texto que presentó el grupo encabezado por Encinas. Este debió sentir una gran frustración, ya que al entregar el documento final sí aparecieron todas las órdenes de aprehensión, el Presidente las aceptó, pero después ordenó que fueran canceladas, por lo que permanece la duda y la incertidumbre acerca de lo que realmente sucedió durante la noche negra de Iguala.

El nuevo enfoque jurídico plantea que las acciones que realizaron los elementos del Batallón de Iguala se decidieron y se ejecutaron solo en este ámbito y que jamás fueron consultados los altos mandos, para solicitar su anuencia correspondiente, entre ellos, desde luego, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y el propio Presidente Enrique Peña Nieto quienes, según esta versión, motivada por razones políticas de coyuntura, no conocieron oficialmente estos acontecimientos, ni autorizaron las conductas de los militares de la ciudad guerrerense por lo que en realidad no estaríamos hablando de un crimen de estado, ya que, no intervinieron los jefes superiores sino solo los oficiales locales. En este contexto, las conclusiones a que llegó el informe de Encinas perdieron la relevancia que tenían cuando se presentaron ante la opinión pública.