Es de noche y no amanece, nueve años han pasado de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las horas siguen acumulándose y el dolor continúa en el rostro de los padres y las madres cuyos hogares fueron destruidos.
Una tarde como hoy murió Raúl Álvarez Garín, militante socialista y dirigente del movimiento estudiantil del 1968.
El 30 de junio del presente (2023) al menos 100 policías antimotines y 20 agentes ministeriales desalojaron a 87 familias de la comunidad San Eduardo, ubicada entre San Antonio Ebulá y las obras del Tren Maya. El desalojo se dio después de que el empresario inmobiliario y uno de los dueños de Promotora Residencial de Campeche S.A. de C.V., Rafael Arturo Castilla Azar interpusiera una denuncia penal por despojo de bien inmueble en contra de las familias de San Eduardo.
La semana pasada efectuaron una gira de trabajo por el estado de Tamaulipas, el Presidente de la República, el gobernador del estado y los titulares de las Secretarias de la Defensa Nacional y de la Marina, con el objeto de supervisar los trabajos que se están realizando en puertos marítimos y terrestres y en cuya región se han producido en últimas semanas muchos hechos violentos
Las y los pobladores de la comunidad Paraíso Nuevo en Candelaria, Campeche, exigieron la retirada del Ejército, que desde la represión sufrida a principios de año se encuentra dentro del pueblo. Los militares han ocupado la plaza principal, la escuela de la comunidad y la comisaría, esto como parte del hostigamiento a quienes se manifiestan contra el denominado Tren Maya.
La inseguridad pública y la violencia de los grupos del crimen organizado se han vuelto un tema de interés general en las últimas décadas, cada uno de los gobiernos en turno ha desplegado una serie de actividades destinadas a resolver ese problema, por lo menos así lo manifiesta el argumento político
Hace un mes, en estas mismas páginas, expresábamos una serie de opiniones que advertían sobre el riesgo que implicaba que, de nueva cuenta, como sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se manipulara políticamente la masacre de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Hoy debemos concluir que, en efecto, las críticas y los ataques enderezados contra el informe final de la comisión investigadora que encabezó Alejandro Encinas han sido muchas y son consistentes, formuladas desde las páginas del THE NEWYORK TIMES hasta las observaciones que realizó el Grupo de Investigadores Independientes. Hoy, como ayer, persiste el mismo propósito: excluir de toda responsabilidad política a los altos mandos del ejército y de nueva cuenta solo perseguir y castigar a algunos funcionarios políticos menores. Así fue en el pasado, así es hoy en el presente.
Han trascurrido ya tres semanas de que la Cámara de Diputados llamara a rendir un informe al Secretario de la Defensa Nacional acerca de la infiltración cibernética que organizara el grupo Guacamayas a los servidores de esa dependencia y esto no ha sido posible, no obstante que existe la obligación jurídica de que ese alto funcionario lo haga. Se efectuó después una reunión de trabajo a la que sí asistió ese mando militar, al igual que el Secretario de Marina, y no se dio ninguna información al respecto.
La revista PROCESO ha publicado un excelente reportaje en su edición del pasado 9 de octubre, en la cual describe, sobre la base de las filtraciones que aparecieron por el trabajo de espionaje que hizo el grupo Guacamayas, acerca de la redacción de las reformas que se hicieron para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional y que después pasaron a la aprobación accidentada de las cámaras legislativas de nuestro país.
La comparecencia de los titulares de la Defensa, Marina, Protección y Seguridad Ciudadana, el pasado 19 de octubre, fue una burla jurídica y política, ya que, los dos primeros funcionarios permanecieron en total silencio ante las críticas y las preguntas que les formularon los legisladores, pues solo intervino la encargada de la tercera dependencia, haciendo alusión a asuntos de carácter meramente administrativos, es decir, de naturaleza secundaria y no contestó a ninguna impugnación importante.