Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

Han trascurrido ya tres semanas de que la Cámara de Diputados llamara a rendir un informe al Secretario de la Defensa Nacional acerca de la infiltración cibernética que organizara el grupo Guacamayas a los servidores de esa dependencia y esto no ha sido posible, no obstante que existe la obligación jurídica de que ese alto funcionario lo haga. Se efectuó después una reunión de trabajo a la que sí asistió ese mando militar, al igual que el Secretario de Marina, y no se dio ninguna información al respecto. Por el contrario, el Secretario de Gobernación salió para justificar al general secretario, afirmando que no había concurrido a ese encuentro porque había recibido una carta descortés de parte de un diputado del Movimiento Ciudadano. Con anterioridad, el secretario Luis Crescencio Sandoval citó a los legisladores para que asistieran, pero a sus oficinas, invitación que fuera dignamente rechazada por los representantes populares.

Esta conducta es violatoria de las normas legales que existen en la materia, ya que el Secretario de la Defensa Nacional, al igual que ocurre en los otros titulares de las dependencia del Poder Ejecutivo, deben asistir a los citatorios que envíen las comisiones legislativas que atienden los asuntos de su competencia o bien, cuando los asuntos son de gran importancia, deben comparecer en el Pleno, previa invitación de la Junta de Coordinación Política, que desde luego está en manos de un diputado de Morena.

Este partido ha estado impidiendo que se cumplan con esta obligación constitucional porque existe una clara instrucción del Presidente de la República para que no se aborde este tema que está haciendo una fuerte y sistemática referencia a una serie de tareas que realizan las fuerzas armadas, que desconocemos los ciudadanos y que ahora se han difundido extensamente por medio del espionaje electrónico. Los cientos de informes y reportes que hasta hoy publicados abordan asuntos relativos a la violación a los derechos humanos, a las actividades que efectúan las bandas de narcotraficantes, la comisión de actos de corrupción que existen en esa rama del estado y otros tópicos igualmente importantes.

En el marco del proceso de militarización que está en marcha, parece haberse olvidado un principio político fundamental, que el poder militar se debe subordinar siempre al poder civil, que no es optativo asistir a las comisiones legislativas de la materia, que la presentación de informes es necesario y obligatorio y que es precisamente la Cámara de Diputados la que discute y aprueba el presupuesto de las fuerzas armadas y que la Auditoria Superior de la Federación, dependiente de esa cámara, es el órgano encargado de supervisar el gasto público que realizan estas dependencias. Por ejemplo, se ha informado que muchos altos mandos del ejército y de la marina ahora actúan también como empresarios y contratistas, que llevaban a cabo múltiples acciones conjuntas con miembros de la iniciativa privada y que ahora están incursionando en distintas actividades industriales, comerciales y financieras que les eran ajenas. En este contexto de ocultamiento y de protección política de estas operaciones, tanto las tradicionales como las más recientes, no se pueden conocer oficialmente si no existe una labor de supervisión y de vigilancia de las entidades creadas para este objeto.

Es evidente el interés que tiene el gobierno federal por ocultar y administrar esta información, ya que, ha sido el secretario de Gobernación el que ha intervenido en este asunto y no los titulares de las secretarias directamente implicadas ya que estos se mantienen en silencio. Les está preocupando que por la vía de la publicación de los informes y de los reportes del grupo Guacamayas se difundan finalmente esos datos ya que como sabemos, tan solo una pequeña parte de los textos, han sido conocidos por la opinión pública, pero este proceso continuará ya que algunos periodistas y comentaristas tienen en sus manos todo el material disponible, el cual se estará diseminando en la medida en que avance la lucha electoral. No se puede aducir que se trata de una información proporcionada por grupos de la derecha sino de documentos y textos que provienen de una dependencia del poder público, la Defensa Nacional.

Al otorgar un tratamiento benevolente a los titulares de las Fuerzas Armadas, se está debilitando políticamente al Congreso de la Unión, contando para ello con la complicidad de Morena, ya que otros miembros del gabinete podrían seguir su ejemplo, en cuyo caso las actividades de las comisiones legislativas se tornarían meramente decorativas y en sentido contrario, se fortalecería aún más el Poder Ejecutivo. Esta conducta obsequiosa también se ubica a contrapelo de la experiencia internacional de los países capitalistas en donde es una práctica recurrente y normal que los jefes de las fuerzas armadas concurran a estas sesiones, sus intervenciones y debates se difundan públicamente, refirmándose que el poder militar está subordinado al poder civil.