Por: Neftalí Ricardo

 

El 30 de junio del presente (2023) al menos 100 policías antimotines y 20 agentes ministeriales desalojaron a 87 familias de la comunidad San Eduardo, ubicada entre San Antonio Ebulá y las obras del Tren Maya. El desalojo se dio después de que el empresario inmobiliario y uno de los dueños de Promotora Residencial de Campeche S.A. de C.V., Rafael Arturo Castilla Azar interpusiera una denuncia penal por despojo de bien inmueble en contra de las familias de San Eduardo.

El desalojo, de acuerdo con lo narrado por las y los afectados se dio de manera violenta, sin importar que hubiera mujeres y niños. Los policías no permitieron a las y los pobladores retirar sus pertenencias, por lo que salieron de éstas con lo mínimo y posteriormente se procedió a acordonar el área.

Este desalojo se da en el marco de los trabajos del Tren Maya, pues el terreno se encuentra a escasos metros de la vía del tren y se prevé que el predio aumente su valor. En el territorio de San Eduardo ya ha empezado a construirse un corralón para autos y de acuerdo con lo dicho verbalmente por la gobernadora morenista Layda Sansores San Román, el predio donde se establece la comunidad de San Eduardo será donada por el supuesto dueño al gobierno del estado en el año 2024.

A pesar de que ahora Castilla Azar reclama la propiedad de este predio y cuenta con todo el respaldo de la gobernadora, lo cierto es que las pruebas legales se encuentran del lado de las y los pobladores de San Eduardo. Las y los pobladores han seguido todo el procedimiento legal para la solicitud de las tierras que en años pasados se presumían nacionales.

El 27 de septiembre del 2012 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado San Eduardo, con una superficie aproximada de 190-99-23.50 hectáreas, Municipio de Campeche, Campeche[1]. En dicho aviso puede leerse lo siguiente:

“Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 160 de la ley agraria y 108 del reglamento de la misma ley en materia de ordenamiento de la propiedad rural, deberá publicarse por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación; en el periódico oficial del gobierno del estado de Campeche, en el periódico de información local “Tribuna”, así como colocarse en los parajes más cercanos al mismo terreno, con el objeto de comunicar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos por la realización de los trabajos de deslinde, a fin de que dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del presente aviso en el Diario Oficial de la Federación, ocurran ante el suscrito para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho. Para tal fin se encuentra a la vista de cualquier interesado el croquis correspondiente en las oficinas que ocupa la delegación agraria con domicilio en avenida López Mateos número 222, colonia Barrio de San Román, de la ciudad de San Francisco de Campeche, capital del estado de Campeche.

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados, emitiéndose el presente en San Francisco de Campeche, Campeche, el día 26 de julio de 2012.

Atentamente

El Perito Deslindador, Orlando Román Arana Santos.”

Además de esto, es importante mencionar que las y los pobladores cuentan con credenciales del Instituto Nacional Electoral que acredita la existencia de una comunidad en el predio en disputa y por si fuera poco, desde abril del 2021, ellos cuentan con cartas de asignación que entregó el Sistema de Información Territorial y Urbano. De esta forma se puede dar cuenta que el reclamo que hace Castilla Azar es carente de derecho y que si ha sido posible el desalojo a su favor es porque cuenta con el apoyo del gobierno del estado.

Han pasado 18 días desde que el violento desalojo se llevó a cabo y las y los pobladores de San Eduardo continúan en los bajos del palacio exigiendo justicia. El gobierno del estado se niega a dialogar con ellos, pero sí recibe a Rafael Arturo Castilla Azar, hijo de Francisco Enrique Castilla Goytia a quien meses atrás la gobernadora Layda Sansores San Román atacaba por el fraude millonario de lo que ahora se conoce como ciudad administrativa. Este mismo empresario que se ha adjudicado diferentes predios también ha “donado” al estado hectáreas para la construcción.

Este caso nos deja ver con claridad que este gobierno favorece los intereses de los empresarios, que prefiere seguir entregando la tierra a los empresarios, aunque eso signifique dejar a familias sin hogar. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿dónde esta el interés superior de la infancia? Al parecer a la gobernadora sólo le interesa seguir beneficiando a los de siempre, a los que se han beneficiado, con el PRI, con el PAN y ahora con MORENA.

 

 

[1] Consultado en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270341&fecha=27/09/2012#gsc.tab=0