Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

La renuncia que presentara Omar Gómez Trejo a la Fiscalía Especial que se dedicaba a investigar la masacre de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, demuestra que estamos ante un esfuerzo político y no jurídico, que se está enfrentando con una evidente realidad, la alianza política en la que se encuentra el presidente de la República con las fuerzas armadas, de cuyo proyecto a mediano plazo solo conocemos los aspectos generales. Por lo tanto, todas las acciones que promueva el licenciado Alejando Encinas deben inscribirse en la ejecución de esta estrategia, es decir, los aspectos legales y procesales están subordinados a un plan político mucho más importante y trascendente.

La causa formal de la separación del cargo de Gómez radica en que de las 83 órdenes de aprehensión que inicialmente se pretendían solicitar a los jueces, se excluyeron 23 las cuales involucraban a militares de alto rango y hasta hoy solo 4 se han ejecutado, abriendo la posibilidad de que el resto de las mismas jamás puedan llevarse a un efectivo cumplimiento, debida a que se están afectando fuertes intereses políticos del ejército y de la marina y que el Presidente desea, por lo tanto, que no sigan adelante, ya que ello generaría conflictos y resistencias para llevar a cabo su programa de militarización de las actividades nacionales.

Hasta hoy se han presentado a los integrantes de estas fuerzas como impolutos, eficaces y honestos, solo por el hecho de ser militares, por lo que las investigaciones que se realicen en torno a la matanza de los estudiantes realizada en la ciudad de iguala hace 8 años, estaría en contra de esta versión caricaturesca y falsa de la realidad política y social y, por lo tanto, implicaría poner entre dicho la falsa imagen que el Presidente ha difundido en los últimos meses y años, tratando de establecer las condiciones políticas más propicias para constituir en el año 2024 un gobierno cívico militar que aplicara un programa económico y social de populismo de izquierda, es decir, que no se afectaran los intereses de la gran burguesía nacional y extranjera y que solo se continuara con el programa tibiamente reformista de la cuarta trasformación.

El Presidente, desde el día en que diera a conocer el informe de Encinas, le retiró toda responsabilidad en los sucesos de Iguala, al Expresidente Enrique Pena Nieto, al ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, al director de Seguridad Pública de la ciudad de México, Omar García Garfuch, al general Luis Crescencio Sandoval, quien en esa época ocupaba un alto cargo en el ejército, al lado del general Cienfuegos, estableciendo la premisa, discutible desde luego, que si se realizaban estas investigaciones, ya de antemano, a priori solo serían identificados y sancionados algunos militares rasos o de bajo rango, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, se involucrarían militares de alto rango. Es decir, se les excusó, merced a una decisión política general, sin haber iniciado siquiera los procesos correspondientes, asumiendo así el Presidente una postura claramente arbitraria y autoritaria, es decir, se trató mantener a toda costa sus excelentes relaciones con la cúpula castrense y de una manera particular con los actuales secretarios de la SEDENA y de la Marina.

Más adelante, se detuvo al general José Rodríguez Pérez, encargado del cuartel de Iguala, a quien inculpó de haber ordenado el asesinato de seis estudiantes, sin precisar los sitios en donde habían depositado los cadáveres. Esta imputación se hizo por medio de una acusación de uno de los miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quien de “oídas” se “enteró” de esa orden, y que ahora es testigo protegido, por lo que Rodríguez está recluido en el campo militar número uno, pero todo indica que esa averiguación previa tiene bases jurídicas muy endebles y pronto obtendrá su libertad.

Si nos basáramos en la estructura y el funcionamiento del ejército en la que los mandos inferiores deben rendir informes y recabar la autorización expresa de sus superiores para realizar ciertas acciones o bien omitirlas, el general Rodríguez, antes de haber dado esa orden debió haber informado y consultado, por lo tanto, también a las instancias más elevadas dentro de la estructura jerárquica, pero hasta hoy no se ha hecho alusión a las actuaciones específicas que registró la cadena de mando al respecto.

También se manifestó que no todos los estudiantes fueron asesinados el mismo día, sino que algunos permanecieron vivos varios días después, es decir, que hubo tiempo suficiente para que los militares, planificaran sus actuaciones de conformidad con las normas de materia. Pero esta cadena de mando puede llegar hasta el Presidente Peña Nieto y general Cienfuegos, quien fue detenido por las autoridades de los Estados Unidos y por una gestión directa y enérgica del Presidente López Obrador, fue deportado a nuestro país, con la promesa de que se continuarían las investigaciones sobre su conducta, pero hoy nada sabemos oficialmente al respecto.

Mientras tanto, continua la línea política de otorgar más posiciones administrativas a los militares como lo demuestran los más frecuentes nombramientos en los gobiernos estatales de Quintana Roo y Tamaulipas, encargándoles tareas de seguridad pública, menospreciando el hecho de que este es un asunto que se está debatiendo intensamente a nivel nacional y que, por lo tanto, no existe consenso al respecto.