El “nacionalismo” socialdemócrata y el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
A partir del arribo a la presidencia del grupo socialdemócrata, liderado por Andrés Manuel López Obrador, se ha agudizado el proceso de explotación capitalista del estado mexicano. Es de todos conocido el progresivo camino al autoritarismo de la administración actual. La administración socialdemócrata de México ha manifestado, de palabra, haber dado fin a más de cuarenta años de neoliberalismo. Sin embargo, sabemos que la palabra “neoliberalismo” ha sido sólo un medio del gobierno de López Obrador para desmovilizar a la clase obrera y para profundizar un proceso que asegure la continuidad del capitalismo. Esta profundización es clara cuando vemos la renegociación del TLCAN, ahora TMEC, lo que ha ocurrido en la industria automotriz, y, en los últimos tiempos, con la lucha Intermonopólica de las vacunas contra la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el golpeo sobre la clase obrera no es tan conocido cuando se trata de la ciencia.
Desde sus inicios, esta administración ha hecho modificaciones en el Sistema Científico Mexicano tendientes a la centralización, la reducción de los alcances de los niveles estatales y municipales, y la participación creciente de los monopolios. En estos últimos cuatro años se registra, por ejemplo, hasta un 40% de recorte en la asignación presupuestal al sector científico, el aumento en la precariedad de los estudiantes de posgrado, la modificación y reducción de centros de investigación, así como la continuidad de la subcontratación (outsourcing) en la ciencia que representa la contratación temporal de investigadores (llamada Cátedras de Jóvenes Investigadores). La continuidad en los recortes que ya se habían iniciado en el último año de la administración pasada, más las acciones de esta administración, representan la contracción incesante del aparato científico.
En términos de la ciencia, lo primero que debemos tener claro es que el monopolio del conocimiento ha sido la clave para la explotación. Desde la aparición del capitalismo, quienes han concentrado el conocimiento han sido una élite que explota a los trabajadores utilizando conocimientos y tecnologías para sí mismos. Este proceso no es ajeno a nuestro país, la apropiación del conocimiento y su explotación capitalista ha sido muy clara desde la guerra de Independencia, hasta los desarrollos reformistas que inició Benito Juárez; cuya continuidad terminó con Porfirio Diaz y sus 300 “científicos”. Este monopolio del conocimiento se mantuvo después del proceso de la Revolución Mexicana. Es importante señalar que las asociaciones científicas mexicanas, e incluso el logro de la autonomía universitaria por parte de instituciones como la UNAM, tienen un origen en esas élites burguesas que monopolizan el conocimiento. También es necesario tener claro que la revolución si arrancó al capitalismo el derecho a la educación básica; reivindicación que siempre ha sido objeto de lucha por parte del proletariado.
A lo largo de los años esta situación no ha cambiado en esencia, pero sí ha cambiado en la forma. Por que en la medida en que el conocimiento científico en el mundo avanza, en particular después de la segunda guerra mundial, las herramientas e instrumentos que nos permiten analizar, medir, experimentar y obtener conocimiento científico son más especializadas y requieren de inversiones crecientes, tanto en infraestructura y materiales (medios de producción), como en la cantidad, especialización y complejidad de conocimientos que es necesario adquirir para poder manejar dichos medios de producción científica. Es claro que la burguesía, aún cuando tenga el monopolio del conocimiento, nunca podría tener suficientes elementos humanos de su propia clase para mantener el avance científico y tecnológico de nuestros días. Por lo cual, la burguesía ha transformado los sistemas científicos nacionales para que el conocimiento siga en sus manos a través de la apropiación de patentes, y asegurando que los medios de producción científica le pertenezcan. Para los científicos, aquella imagen mítica, sueño pequeño burgués, del investigador dueño de un laboratorio, con personal y equipo exclusivo a su servicio, se ha ido sustituyendo por un escenario donde hay investigadores sobreexplotados, incapaces de adquirir equipos, con la sustitución de técnicos y laboratoristas por estudiantes becados, y por una precariedad creciente en sus condiciones de trabajo.
La burguesía de nuestro país ha ido respondiendo de acuerdo a este cambio de paradigma. Así, la masificación de las universidades nacionales no ha respondido a una necesidad por “educar al pueblo de México”, sino a la necesidad de tener personal altamente capacitado para la producción y el manejo de equipos y procedimientos complejos. Y la formación de científicos tampoco es una gentil gracia del capital, sino que responde a la necesidad de los monopolios para tener lo que ellos llaman “capital humano”, suficientes trabajadores de la ciencia que sean capaces de obtener nuevos conocimientos, para usufructo del capital.
La actual administración socialdemócrata ha adoptado una serie de medidas administrativas y legales para definir lo que llaman “las prioridades de la ciencia nacional” o la “Agenda del Estado”, que en principio tienen el mismo camino antes descrito, tienden a la proletarización del sistema científico. Algunas de las medidas de la presente administración incluyen la desaparición de organizaciones que antes le servían al capital nacional y ahora ya no le sirven más a los monopolios internacionales. Estás medidas también se traducen en recortes de becas —lo que ha dejado a estudiantes varados en el extranjero—, suspensión de fideicomisos, intentos de expulsar del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a quienes pertenecen a instituciones privadas, la remoción de directivos en centros de investigación, y, finalmente, en el cambio de reglamentaciones y leyes.
En estos tres años de gobierno, hay un proceso de militarización que no es ajeno a la ciencia. La mejor prueba de esto es el caso de Alejandro Gertz Manero, personero de la guerra sucia en México y actual Fiscal General de la República. Gertz Manero y la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Elena Álvárez Buylla, hicieron un uso faccioso del SNI para generar una comisión extraordinaria, fuera de reglamento, con el fin de otorgarle al Gertz Manero el nivel más alto de reconocimiento como científico nacional: el nivel III. Unas semanas después, la propia comunidad científica mexicana encuentra claras evidencias de plagio. Pero más allá del hecho anecdótico del uso del poder para arrogarse un reconocimiento científico, lo que está detrás es la inclusión de individuos sin intereses científicos, sino con intereses de control político. Este proceso de militarización también se ve reflejado en la posible inclusión de las secretarías de marina, ejército y gobernación en las decisiones del CONACyT, como señalamos más adelante.
La acción más reciente que la administración socialdemócrata está ejecutando respecto a la ciencia en nuestro país es la generación de una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La lucha interna por el control de los mecanismos del estado abarca a todo del Sistema Científico y Humanístico del país. Esta ley apenas está en una etapa de construcción, sin embargo, hemos tenido acceso al anteproyecto de iniciativa que están proponiendo y que representa un atisbo de las políticas respecto a la ciencia que la administración socialdemócrata planea ejecutar en los siguientes 20 años. En estas últimas semanas, la administración socialdemócrata ha hecho público el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y está celebrando unas “mesas”, que pretenden validar su iniciativa.
Del análisis de este anteproyecto sabemos que la nueva situación no permitirá que la gran mayoría de trabajadores de la ciencia tenga igualdad de oportunidades de investigación y desarrollo. También sabemos que los conocimientos adquiridos por el Sistema Científico y Humanístico del país van a servir al gran capital, ya que su prioridad no será generar el bienestar de la población, sino servir a la Agenda del Estado. Desde sus primeros artículos este Anteproyecto indica que el papel propuesto para la institución nacional que administraría esta nueva Ley, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) respecto a la Ciencia va a ser “apuntalar la rectoría económica del Estado mexicano” (artículo 10, apartado V). Y el “Fortalecimiento de las empresas públicas” (artículo 10, apartado II). En el mencionado anteproyecto también se establece que el papel de la ciencia en México no sólo será proveer de conocimiento, tecnologías e innovación, también se encargaría de “formular políticas públicas para dependencias de la Administración Pública, certificar empresas, y la renovación de las fuerzas productivas nacionales y el fortalecimiento de los medios de producción de las industrias mexicanas”. Es decir, los científicos vamos a trabajar para que las empresas y el estado funcionen mejor.
Las grandes desigualdades que tiene la población mexicana se ven reflejadas en la composición y características de los trabajadores de la ciencia que hoy forman el Sistema Científico Nacional. Como hemos indicado antes, el Sistema Científico Nacional siempre ha pertenecido a una élite que históricamente ha mantenido los recursos económicos y humanos secuestrados. Reiteramos que para resolver los grandes problemas de nuestro tiempo es indispensable la participación de las comunidades completas, no sólo de las élites.
Es necesario hacer énfasis que en la distribución del presupuesto actual existen grandes desigualdades. Mientras unas cuantas instituciones reciben raquíticos presupuestos asignados a ciencia, otras, por tradición e historia, reciben mucho más, aun dedicándose a la misma área del conocimiento. La desigualdad presupuestal está a la vista de todos, y no sólo se ve en las grandes diferencias en infraestructura, se ven en el presupuesto asignado a ciencia de los últimos años. Dado que, al dividir dicho presupuesto sobre el número de investigadores, las diferencias entre presupuestos asignados a diferentes instituciones llegan a ser de varios órdenes de magnitud. La planta de investigación de nuestro país representa una riqueza desperdiciada, ya que existen personas con alta capacidad técnica y científica sin presupuesto, y aun así logran mostrar avances científicos y tecnológicos. Resolver estas inequidades se ve, desde el estado mexicano, como una oportunidad para desarrollar mano de obra calificada e investigación que sirva al capital y a la Agenda del Estado.
Sin duda, los cambios que plantea esta propuesta de Ley cambiarán definitivamente las condiciones de trabajo de quienes nos dedicamos a la ciencia.
Dos de las demandas más importantes de organizaciones sindicales de trabajadores de la ciencia respecto a esta nueva Ley son:
Garantías para los trabajadores de la ciencia.
Obligación del sector privado a destinar recursos directos al desarrollo tecnológico y que sus resultados sean propiedad de la nación
Sin embargo, queda claro que el problema es más profundo. En la propuesta de ley actual no existen cláusulas, ni permanentes, ni transitorias, que establezcan las prevenciones necesarias para no afectar los derechos laborales adquiridos en Contratos Colectivos de Trabajo o Condiciones Generales de Trabajo.
Vemos que en la ley se habla del respeto a la autonomía de las instituciones. Pero creemos que para que la ciencia avance en cualquier país es indispensable que se garantice esta autonomía en la definición de agendas de investigación, presupuesto, proyectos, actividades y que se garantice también la no intervención de entidades ajenas a la ciencia y tecnología, siempre en beneficio de la sociedad y el país.
Las organizaciones sindicales y dedicadas a la defensa de la ciencia exigen, por lo tanto, iguales mecanismos y regulaciones que aseguren la participación de los trabajadores del sector ciencia y tecnología en los órganos directivos de los Centros Públicos de Investigación. Exigen también que se establezcan formalmente los derechos y obligaciones académicas, así como las reglas relativas al ingreso, promoción, evaluación y permanencia del personal de conformidad con los Estatutos de Personal Académico (EPA), de los Centros Públicos de Investigación. Consideramos que los EPA serán establecidos internamente por sus comisiones integradas por pares, de acuerdo con la labor que realiza cada CPI.
Finalmente, debemos señalar que en este Anteproyecto de Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación hay una omisión muy importante respecto a la divulgación de la ciencia. En ninguna parte de la ley se señalan acciones, ni políticas, respecto a la divulgación. En particular respecto a los trabajadores de la ciencia dedicados a la divulgación, y a los museos. Es una realidad que los museos de ciencia en nuestro país están abandonados. No existen planes ni presupuestos asignados para asegurar que la ciencia tenga una divulgación adecuada. Hay graves casos de subcontratación y sobreexplotación de becarios en museos y no hay una formalidad en las redes de divulgación.
El gobierno de López Obrador, con su orientación socialdemócrata, ha generado una idea de “transformación” que no representa ningún beneficio para el proletariado, sino para los negocios de la burguesía. En la composición de su gobierno y en sus actos podemos ver claramente la connivencia con la burguesía. Al frente del CONACyT se ha colocado a una investigadora pequeñoburguesa con reconocimiento nacional, que siempre ha permanecido en los círculos privilegiados de la ciencia, y cuyo discurso socialdemócrata adopta ideas a favor de pueblo, pero que en realidad trabaja para consolidar el proyecto que aquí describimos. El papel de la directora de CONACyT ha llegado al ridículo, al hacer una pantomima del uso de la ciencia, sin resolver, ni involucrar a los científicos mexicanos. El ejemplo claro de esto lo podemos ver en las acciones de simulación que se usaron en el contexto de la pandemia de COVID-19, donde no se han realizado acciones verdaderas para resolver problemas de urgencia, como la vacuna.
Es por ello que es necesario tomar acciones de manera cuidadosa, que estén bien orientadas y tener claro que las acciones que se están tomando para disolver los remanentes y privilegios que tenían las élites burocráticas de la burguesía nacional del pasado no servirán para salvaguardar los derechos de los trabajadores de la ciencia; sino para fortalecer un modelo de explotación capitalista. Es también importante señalar que los trabajadores de la ciencia no son exclusivamente los investigadores, sino que somos también los auxiliares de investigación, laboratoristas y estudiantes de posgrado, así como todos aquellos trabajadores que aseguran condiciones adecuadas para realizar investigación y desarrollo tecnológico. Es el conjunto de trabajadores, y no los individuos, dedicando su vida a la generación de conocimientos, quienes en verdad construyen y proponen soluciones factibles ante situaciones de crisis.
Estamos convencidos de que la única manera de potenciar la ciencia y encontrar soluciones a los grandes problemas planetarios, y a la búsqueda del bien común, es con un apoyo decidido al sistema científico completo; asegurando recursos económicos, de infraestructura; además de una planeación y coherencia de largo plazo en términos de la formación de recursos humanos. La ciencia es un trabajo colectivo que lleva años de trabajo, no es simplemente el resultado de un individuo en un punto en el tiempo.
En términos de la construcción de Programas Especiales, consideramos que es necesario tener programas que señalen el tipo de problemas que el estado considera que debe estudiar e intentar solucionar la ciencia. Pero la historia de la ciencia misma nos ha mostrado que las soluciones a los problemas no están delimitadas a estudiar sólo un área del conocimiento o atacar un “problema de la Agenda Nacional”. Frecuentemente las soluciones se encuentran en áreas totalmente ajenas al problema, y muchas veces pertenecen a la ciencia básica.
En ese sentido, la construcción del Sistema Científico Nacional que existe hoy en día es el resultado de casi cien años de formación científica dentro de las universidades y centros de investigación. La amplitud de estos planes debería incluir todos los aspectos de los proyectos científicos, de la formación de recursos humanos, a la construcción y mantenimiento de laboratorios, infraestructura, y divulgación. Es claro que para lograr esto sería necesario elevar la asignación presupuestal de apoyo a la ciencia, establecer el compromiso a nivel constitucional y ajustar dicho presupuesto a un porcentaje del PIB. De la misma manera, sería necesario asegurar que los trabajadores de la ciencia de nuestro país tengan igualdad de oportunidades, y que se revisen los salarios y asignaciones presupuestales.
Adicionalmente, es imprescindible generar condiciones que garanticen el derecho a la ciencia para quienes la generan, transfieren, divulgan y consumen. El derecho a la ciencia incluye todo el resultado del trabajo de investigación, desarrollo y aplicación de conocimiento científico y tecnológico. Consideramos que la ciencia debe ser abierta e inclusiva. Es necesario hacer una revisión completa de los mecanismos de evaluación y las instancias donde se publica. Continuar impulsando los modelos de pago a grandes editoriales es insostenible.
Adicionalmente, la participación de los trabajadores de la ciencia y de la población en general para definir estos Programas Especiales brilla por su ausencia. En específico, el Programa Especial planteado para los siguientes 20 años sólo tiende a verticalizar las decisiones y a reducir las capacidades científicas de nuestro país. Al tener una visión herramientista de la ciencia y las humanidades, es más probable que se profundice la dependencia científica y tecnológica en grandes áreas del conocimiento.
Ante esta situación, no nos queda más que hacer un llamado a los trabajadores de la ciencia para que se incorporen a la lucha por la defensa de sus condiciones de trabajo y a que construyamos un verdadero Sistema Científico. Es muy importante señalar que, como seres humanos, debemos mirar más allá de nuestras propias condiciones y darnos cuenta de que enfrentamos una crisis planetaria multidimensional. Trabajar y reconstruir un sistema científico nacional que contribuya al bienestar y sustentabilidad planetaria debe ser una prioridad para todo país que realmente se preocupe por sus habitantes.