Por Ricardo Mendoza

Este domingo primero de agosto se desarrolló la llamada primer Consulta Popular, realizada por el INE, que tenía como objetivo original consultar a la ciudadanía si se estaba o no de acuerdo en juzgar a los ex presidentes. En realidad, la pregunta era: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?“

Esto quiere decir que en realidad no se consultaba el llevar a juicio a los ex presidentes. Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteo en primer lugar la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Fue el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien reformulo la pregunta. Pero no nos engañemos, al escoger la vía de una consulta en las urnas, López Obrador ya sabía que al final la pregunta seria cambiada y la misma consulta no cumpliría con lo requerido para ser considerada vinculante. Pues conseguir una participación del 40 por ciento en una votación desvinculada de las jornadas electorales ya establecidas lucia imposible desde la convocatoria misma.

Además, obviamente el Instituto Nacional Electoral (INE), trabajó para que la consulta tuviera el menor impacto posible, llegando al extremo de llamar a que nadie, más que el instituto, pudiera promoverla. Lo que también era ya sabido por el gobierno de la 4T, pues es claro que hay un enfrentamiento abierto entre las cabezas del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por una parte, y Morena, por el otro.

Pero eso es la pugna en la política burguesa, fuera de esas pugnas interburguesas, la realidad es que cualquier persona, sin necesidad de tener amplios conocimientos políticos se cuestionó el porqué de la necesidad de acudir a las urnas, cuando claramente los ex presidentes y sus respectivos equipos han cometido una serie de tropelías en detrimento de la mayoría de la población.

Fobaproa, afores, guerra contra el narco, devaluaciones, privatizaciones, Acteal, Atenco, TLC, El Charco, Aguas Blancas, Ayotzinapa, concesiones, contratos con sobreprecio, etc., ¿Qué hay que preguntar si el sólo administrar la brutal explotación capitalista ya es un crimen de lesa humanidad?

¿Por qué se hizo esta consulta? Porque es el pretexto perfecto para no juzgar a nadie, porque obviamente no se iba a conseguir el porcentaje requerido por ley, y porque el fracaso de la consulta permite a la 4T lavarse las manos. Desde el púlpito presidencial se dirá que el gobierno del cambio se empeñó en un ejercicio “democrático” que permitiera llevar a la justicia a los ex presidentes, pero que la oposición lo impidió.

La participación según el conteo rápido del INE apenas ha alcanzado un 7.74%, muy alejado del 40% necesario para que la Consulta fuera vinculante. Y aunque aproximadamente entre el 89.36 y 96.28% ha votado por el sí, la estimación es que apenas 7 millones 212 mil 741 ciudadanos acudieron a las urnas, cuya constante a lo largo de la jornada fue la escasa afluencia de votantes. Lo que de paso viene a dejar testimonio de la inexistencia de un aparato partidario de Morena que claramente no es más que una marca electoral mediante la cual concurren a elecciones las distintas facciones agrupadas en torno a López Obrador.

En realidad, se ha tratado de una simulación, pues como dice un dicho famoso en la política mexicana, “perro no come perro”. Es decir, un presidente no va a encarcelar a otro que ocupo su mismo cargo, salvo que le sea absolutamente necesario, en caso de que se tuviera que tapar una grave crisis. La 4T apuesta por la impunidad de sus antecesores, y lo hará mediante una nueva comisión de la verdad, que a lo mucho aportará un documento medianamente interesante, como paso con la comisión de la verdad por la guerra sucia en el sexenio de Vicente Fox. Pero, que dejará en la total impunidad a los criminales.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ya lo adelantaba en un tuit del 25 de julio: “Muchos de los delitos que hubieran cometido los ex presidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una “Comisión de la verdad” en temas de corrupción en México”. Es decir, una burla, la 4T no busca justicia, no busca enjuiciar ni encarcelar a los ex presidentes, mucho menos a sus colaboradores, varios de los cuales hoy figuran en las filas de la Cuarta Transformación.

La 4T se burla y pretende que, con la pantomima de un Tribunal Popular, anunciado una vez terminada la Consulta, por el productor Epigmenio Ibarra, llegara la justicia. Se anuncia la recolección de pruebas, testimonios de víctimas, vamos, un talk show, al final del cual, obviamente, no pasará nada más. Los políticos que durante décadas han administrado la explotación y la miseria de millones de trabajadores podrán seguir viviendo tranquilos en la impunidad, disfrutando de lo robado, mientras los políticos morenistas presumirán su Informe de la Verdad como un triunfo.

Justicia seria que, ex presidentes, ex secretarios de Estado, ex subsecretarios, ex dirigentes de los partidos políticos burgueses, ex gobernadores. Todo el entramado del aparato político burgués se sentará en el banquillo de los acusados, para ser juzgados y sentenciados a pagar sus crímenes con trabajos forzados y todos sus bienes expropiados. Eso haría un gobierno obrero, campesino y popular, algo que, obviamente no es la 4T.