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Presión a los maestros para el regreso a clases presenciales

 

Por Lautaro Hernández

 

A pesar de que no existen las condiciones para el regreso seguro a clases presenciales, el titular del ejecutivo López Obrador continua con la insistencia del regreso a clases, aun cuando hay estados que se encuentren en rojo en el semáforo epidemiológico en plena tercera ola de la pandemia del COVID; aun cuando la mayoría de la población en general y los niños no están vacunados; aun cuando la infraestructura de un gran porcentaje de las escuelas no se encuentran en óptimas condiciones para el regreso a clases.

La presión de todos lados hacia los trabajadores de la educación ha sido eminente: por parte de los medios de comunicación, de la asociación nacional de padres de familia, de la asociación de escuelas particulares, de la clase empresarial y sobre todo en los giros de la  industria de papelerías, uniformes escolares y comida chatarra. El instrumento de presión más fuerte que utiliza el gobierno sobre los trabajadores de la educación es la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por la maestra Delfina Gómez, y la cual insistentemente hace el llamado “respetuoso” a los maestros para que, según ella, asuman su papel histórico, sean responsables e inicien las clases presenciales en todo el país. Sumado a todas estas presiones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) apoya la decisión del regreso a las escuelas y con ello deja desprotegidos sindical y laboralmente a sus afiliados.

En la semana del 23 al 27 de agosto se llevaron a cabo, por escuela, los Consejos Técnicos Escolares (CTE), los cuales consisten en talleres de capacitación, en este caso previos al regreso a clases. En la guía oficial estaba contemplado en un inicio que la celebración del Consejo podía ser en la modalidad virtual o bien en la presencial, de acuerdo a las condiciones de cada escuela. Sin embargo, el 20 de agosto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva normativa para que los talleres del Consejo fueran obligatoriamente presenciales, modificando con este cambio la guía oficial de los talleres. De igual manera se incluyó en éstos un discurso que buscaba convencer a los maestros para que regresaran por las buenas a las clases presenciales, recurriendo a la parte emocional y haciendo alusión al apoyo de organismos internacionales al servicio de la burguesía como la UNICEF; cuyo titular de este organismo en México afirmó que “los niños de todo el mundo han perdido aprendizajes significativos en esta pandemia”, desvirtuando que los aprendizajes no se pierden sino que se adquieren. Por otra parte, el Subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, en su momento mencionó que “el derecho a la educación está en primer lugar”, restando importancia al derecho a la salud por parte de los trabajadores. Así que estos y otros recursos tendenciosos se han utilizado para justificar el regreso a clases presenciales.

Previo al regreso a las escuelas, directores, supervisores, jefes de sector y autoridades educativas en general, con un perfil autoritario y oficialista, de manera despótica y amenazante han forzado a los maestros para que asistan en persona a los talleres de capacitación. Esto sin consulta previa al colectivo docente, sin tomar en cuenta condiciones de comorbilidad y de salud entre algunos trabajadores de la educación y sus familiares.

El tema del regreso a las escuelas ha polarizado y dividido a los trabajadores de la educación. Algunos maestros están a favor del regreso a clases, entre quienes hay los que apoyan con una postura servil y oficialista así como quienes manifiestan respaldo por temor a represalias. Otros maestros, que son la mayoría, sostienen que aún no existen las condiciones suficientes para un regreso seguro a clases presenciales.

Así como es eminente que el gobierno continuará festinando e insistiendo en el regreso a las escuelas; también es eminente la posibilidad de que alumnos, padres de familia y trabajadores de la educación se contagien de COVID-19 por no estar vacunados o negárseles una vacuna pediátrica, o como inminente resulta que este gobierno federal al servicio de la burguesía y el capitalismo protege y pone los intereses de los empresarios por encima de la salud de menores de edad, trabajadores de la educación y población trabajadora en general.

 

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