Por: Joshua Saucedo

 

Diversos grupos que agremian a supuestos comerciantes cuyos intereses son de beneficio personal y económico, sirven al gobierno estatal y a los distintos partidos políticos de la región, cómo lo son el PRI, PVEM y MORENA, manteniendo agresiones constantes en contra de comunidades organizadas, organizaciones populares, activistas y luchadores sociales, hechos que detonan una oleada de violencia en la región. Cabe resaltar que, a cambio de esto, el gobierno les financia económicamente y con armas.

Comunidades y organizaciones que sufren el asedio continuo, han denunciado en diferentes ocasiones el accionar de estos grupos. Tal es el caso de la comunidad “el Carrizal”, en donde fue asesinado el 20 de febrero, Ramiro Rodríguez Santis, mientras se encontraba trabajando su milpa. Los responsables fueron los paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Otro hecho fue el incendio del bosque y zona de cultivos de la misma comunidad, provocado por la ORCAO el 25 y 26 de marzo, así como el 1 de abril, arruinando los cultivos comunales. A cambio de esto el gobierno otorgó a los grupos paramilitares, mejoras eléctricas y de agua potable.

La acción más reciente de este grupo fue el día 11 de septiembre, cuando dos integrantes del EZLN, fueron secuestrados mientras viajaban y trasladados a la sede de la ORCAO. Las dos personas no fueron liberados si no hasta el 19 de septiembre.

Otros grupos son la Alianza San Bartolomé, quién comete desalojos y asesinatos de campesinos en operaciones conjuntas con la Guardia Nacional. El 4 de mayo, cayeron en una emboscada

2 integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Efraín Espinoza y Mario Alberto Cruz, quienes que defendían la tierra para el campesinado.

Pese al compromiso expuesto el año pasado por parte de la SEGOB, de investigar a estos grupos, hasta la fecha gozan de completa impunidad y siguen siendo dotados de armamento y municiones, por parte de los partidos políticos y el mismo Estado.