Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Las autoridades de la ciudad de México, asumiendo una actitud diversionista, han decido retirar la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en el Paseo de la Reforma, para estar en consonancia con el 500 aniversario de la conquista española y satisfacer algunas exigencias de grupos sociales y políticos que han hecho de lucha contra el imperialismo y el neocolonialismo una mitología, una mera simbología, vaciada de acciones concretas y específicas, como si este tipo de decisiones pudieran beneficiar en alguna medida no solo a los indígenas sino a los obreros, los campesinos, la mayoría de la población.

No importa que quiten símbolos que de una manera clara y evidente representan la explotación y la dominación económica, y social, de nada sirven que cambien los nombres de algunas calles y avenidas que recuerdan hechos trágicos en la vida de nuestra nación, en nada contribuye que se solicite el perdón a los reyes de España por los atropellos de la invasión armada española, ninguna importancia tiene que se pronuncien discursos de corte indigenista, propios del siglo XIX, ni que se pongan en circulación medallas conmemorativas sobre la consumación de la independencia y otras medidas de similar naturaleza.

Estas medidas se contraponen con la realidad económica y social: los indígenas de nuestro país siguen siendo el sector de la población que no tiene ninguna prioridad en el Presupuesto de Egreso, ni en los planes y programas gubernamentales, las comunidades en las que viven están por completo abandonadas en materia de inversiones productivas, han desaparecido la mayoría de las lenguas indígenas, la reparación histórica de daños de los indígenas yaquis en Sonora fue incompleta como lo exhibió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y no se han cumplido con los acuerdos de San Andrés Larraínzar.

Aquellas acciones tienen una finalidad esencialmente propagandística, ya que pretenden hacer pensar que el gobierno de la ciudad de México, por lo menos, se identifica con los anhelos de progreso social de los grupos humanos más pobres de la metrópoli. Por contrapartida, a unas cuadras del Centro Histórico en donde se levanta el Gran Centro Ceremonial del Templo Mayor, subsisten miles de indígenas en condiciones de miseria extrema, viven en cuartuchos inmundos, hacinadas muchas familias en vecindades que no tienen servicios públicos, rodeadas por las bandas de narcotraficantes y otros delincuentes, asediadas sistemáticamente por el Cartel de Tepito y otras agrupaciones criminales, como las que se dedican a la prostitución y a la trata de blancas. Todos los días los extorsionan, imponiéndoles cuotas mínimas de 200 pesos para que puedan dedicarse a vender sus artesanías y otros productos.

Aunque se ha promulgado una legislación sobre los derechos de los pueblos originarios, ésta no se respeta por parte del gobierno de la ciudad y los alcaldes, los indígenas y sus descendientes directos de la zona sur de la capital, como Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, no tiene autonomía presupuestal para superar las condiciones de pobreza, marginación y atraso en que se encuentran desde hace centenares de años. Se calculaba que una vez que la izquierda llegara al poder esta situación cambiaría o por lo menos se avanzaría hacia mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de estos sectores, pero no ha sido así pues desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas, pasando por la de López Obrador, Miguel Ángel Mancera, el presupuesto de la ciudad se ha concentrado, preferentemente, en las llamadas delegaciones o alcaldías centrales, precisamente en aquellas en donde radican los grupos sociales que tienen mayor poder adquisitivo. Esta situación discriminatoria, excluyente, no ha cambiado en el régimen de la Cuarta Transformación, como algunos ingenuos auguraban.

Es por ello necesario que los pueblos originarios de la región sur de la ciudad de México, negocien en forma conjunta con el gobierno capitalino, un nuevo tratamiento fiscal que les ayude a sacarlos de postración en que se encuentran, que se establezcan límites y precios a los caudales de agua que se les sustraen desde hace muchos años, combatir efectivamente la degradación ambiental y ecológica, el hundimiento de los suelos, la preservación de los humedales y de las zonas de recarga, la lucha concreta contra las bandas de narcotraficantes en Xochimilco y Milpa Alta y otras acciones de similar naturaleza e importancia, aunque no se pronuncie ningún discurso de corte indigenista, ni se levanten estatuas simbólicas, ni se realicen actos de carácter protocolario.

No obstante que la izquierda del PRD y la que se deriva de este partido, tiene en la ciudad de México ya más de 30 años en el poder, a pesar de que ha dominado la mayoría de las delegaciones y el Congreso Local, el gobierno central, las instancias del Poder Judicial, lo cierto es que persiste el colonialismo interno en el que solo un minoría se ha beneficiado de la inversión pública, los servicios de transporte, vivienda, salud, seguridad, empleo, educación, expresándose en el hecho de que la mejor calidad de vida su ubica en las zonas céntricas y no en las periféricas.

Aquí no se puede responsabilizar a los gobiernos neoliberales del pasado, ni se puede hablar de un complot o de una conspiración “de los enemigos del pueblo “, pues el PRI dejó de tener una presencia mayoritaria o importante hace ya muchos años, la fuerza del PAN solo se ha concentrado en dos o tres alcaldías, la oposición política ha sido muy reducida por lo que la izquierda ha gobernado prácticamente sin grandes limitaciones políticas, sin contrapesos y por lo tanto la responsabilidad de conducir a la ciudad ha sido exclusiva de esa tendencia política.

La ciudad de México está fracturada desde el punto de vista económico y social, pues por un lado están las alcaldías en donde viven los grupos sociales de altos ingresos, que gozan de servicios públicos similares a los de una ciudad europea y por el otro lado, en el otro extremo, está más de la mitad de la población que subsiste en condiciones de pobreza extrema o pobreza patrimonial siguiendo aquí la clasificación que hace el INEGI , entre las cuales se encuentran los pueblos originarios, a los cuales, por cierto, no se les han definido los alcances de su autonomía.