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Crítica al Anteproyecto de Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Por: Pedro Camilo Alcántara

La administración socialdemócrata de México ha mostrado su cara más descarnada durante estos tres años de gestión al golpear a la clase obrera. Sin embargo, el golpe sobre la clase obrera no es tan conocido cuando se trata de la ciencia. En estos días, los personeros que administran el presupuesto para ciencia en el país están en el proceso de aprobar una Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esto parecería una buena noticia, no solo porque en apariencia representa la destrucción de las burocracias priistas enquistadas en el sistema científico mexicano, sino porque también se considera a las humanidades, largamente excluidas de las políticas de estado en relación con el conocimiento. Sin embargo, estas modificaciones solo enmascaran las verdaderas intenciones de la administración de López Obrador: La reducción del aparato científico mexicano y la militarización del país.

El gobierno actual de López Obrador sabe bien que el monopolio del conocimiento es la clave para la explotación. Históricamente, quienes han concentrado el conocimiento ha sido una élite que explota a los trabajadores utilizando conocimientos y tecnologías apropiadas para sí mismos. En el capitalismo, los conocimientos de la ciencia en general están secuestrados por la burguesía. A lo largo de los años esta situación no ha cambiado en esencia, pero si ha cambiado en la forma. Porque en la medida en que el conocimiento científico en el mundo avanza, en particular después de la segunda guerra mundial, la cantidad de personas dedicadas a la ciencia, las herramientas e instrumentos que nos permiten analizar, medir, experimentar y obtener conocimiento científico son cada vez más especializadas y requieren de inversiones crecientes, tanto en infraestructura y materiales (medios de producción), como en científicos.

Es claro que la burguesía, aun cuando tenga el monopolio del conocimiento, nunca podría tener suficientes individuos humanos de su propia clase para mantener el avance científico y tecnológico de nuestros días. Por lo cual, han transformado los sistemas científicos nacionales para que el conocimiento sirva a una élite a través de las patentes y los medios de producción les pertenezcan, ya sea a las empresas trasnacionales o a las instituciones del estado. Aquella imagen, sueño pequeño burgués, del investigador dueño de un laboratorio, con personal y equipo exclusivo a su servicio, se ha ido reemplazando, en los últimos 50 años, por investigadores incapaces de adquirir equipos, con la sustitución de técnicos y laboratoristas por estudiantes becados, y por una precariedad creciente en las condiciones de trabajo.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), fundado en 1970 ha sido el brazo ejecutor de las políticas en Ciencia y Tecnología para nuestro país en los últimos 50 años. El estado mexicano a través de CONACyT es quien ha construido este sistema de precariedad para los trabajadores de la ciencia, manteniendo a una élite a su servicio: quienes integran el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), construyendo un sistema de “becas” para estudiantes de posgrado. Y, en la administración de Peña Nieto, el CONACyT lanzó una iniciativa de subcontratación (ourtsourcing) de científicos mexicanos, lo cual representa un escalón más en la precarización laboral de los trabajadores de la ciencia. Ahora vemos, con las acciones de la administración de López Obrador, que las políticas del estado representan continuidad con el pasado reciente. Con el fin de profundizar la agenda del estado, la administración de López Obrador puso en marcha el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Al analizar este Anteproyecto, vemos descritas claramente las intenciones militaristas del estado mexicano, que representan un atisbo de las políticas respecto a la ciencia que la administración socialdemócrata planea ejecutar en los siguientes 20 años.

En estos tres años de gobierno, hay un proceso de militarización que no es ajeno a la ciencia. La mejor prueba de esto es el caso de Alejandro Gertz Manero, personero de la guerra sucia en México y actual Fiscal General de la República. Gertz Manero y la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Elena Álvárez Buylla, hicieron un uso faccioso del SNI para generar una comisión extraordinaria, fuera de reglamento, con el fin de otorgarle al Gertz Manero el nivel más alto de reconocimiento como científico nacional: el nivel III. Unas semanas después, la propia comunidad científica mexicana encuentra claras evidencias de plagio. Pero más allá del hecho anecdótico del uso del poder para arrogarse un reconocimiento científico, lo que está detrás es la inclusión de individuos sin intereses científicos, sino con intereses de control político. Este proceso de militarización también se ve reflejado en la posible inclusión de las secretarías de marina, ejército y gobernación en las decisiones del CONACyT, como señalamos más adelante. (Continuará)