Por: Héctor Maravillo

El 8 de octubre del presente año, se firmó una Declaración Conjunta entre el gobierno de México y los Estados Unidos que plantea una serie de compromisos sobre seguridad, salud y migración principalmente. Tal declaración se concluyó a partir de la reunión entre representantes en materia de Seguridad de ambos países, realizada en México.  Con mucha pompa se tituló a los acuerdos “Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública, y Comunicaciones Seguras”. Como suele ocurrir en las relaciones diplomáticas burguesas, las intenciones reales son enterradas en frases rimbombantes, mientras los acuerdos reales quedan velados. La declaración y la reunión pretenden mandar un mensaje de cambio en la política conjunta respecto al narcotráfico, mientras que la actuación real de ambos países y sus gobiernos lo refutan.

En la Declaración Conjunta se sugiere que hay un cambio en la estrategia de seguridad binacional, que rompe con la trágica política que surgió a partir de la firma de la Iniciativa Mérida por el gobierno de Calderón y Bush, respectivamente. En esta nueva declaración plantea atender las “causas del crimen” y atender la adicción de las drogas desde un enfoque de salud pública. Este discurso matizado, tolerante y “liberal” coincide con la imagen pública que buscan construirse ambos gobiernos, y desentona con el discurso militarista y moralista usado en la Iniciativa Mérida. Sin embargo, más allá de la retórica, la declaración oculta lo contrario: la continuidad de una alianza interimperialista en materia de seguridad binacional. Es decir, continuará en México la política de militarización y contrainsurgencia atada a los intereses imperialistas de los Estados Unidos; solo que esta vez esta política vendrá acompañada de algunas subvenciones norteamericanas a programas de salud contra las adicciones.

Las “causas del crimen” es esencialmente el capitalismo, que genera la posibilidad de acumular capital a partir de la producción y el comercio de drogadas, principalmente hacia los Estados Unidos. Las enormes sumas de capital que se producen en la industria del narcotráfico y que necesariamente terminan dentro del ciclo económico, inyectadas a los sectores financieros, inmobiliarios y comerciales, son la causa originaria de la corrupción, los asesinatos, y la drogadicción que azotan nuestro país. Una política que busque acabar con las “causas del crimen” necesariamente debe acabar con la posibilidad de que el crimen sea negocio, por ejemplo, mediante la nacionalización del comercio exterior y la banca, la socialización de la producción y una fuerte inversión pública para la sustitución de los cultivos ilícitos. Sin eso, cualquier política “contra el crimen organizado” no apunta a eliminarlo, sino a reorganizarlo.

Un punto que resalta en la declaración conjunta es un acento en las labores de inteligencia. Mediante eufemismos como “un enfoque basado en datos”, la lucha contra el crimen organizado “con inteligencia compartida y nuevas tecnologías” y el compromiso por “aumentar el intercambio de información para fortalecer a los actores del sector de seguridad y justicia mexicano”, se indica que las organizaciones de inteligencia cobraran mayor relevancia en la nueva estrategia de seguridad.  Es de esperar un aumento en la presencia de las organizaciones de inteligencia norteamericana y sus agentes en nuestro el país, y su intervención específica en las fuerzas de seguridad pública y militares en nuestro país como ha sido denunciada desde hace más de 50 años por Phillip Age.  Dentro de ese campo hacen públicas algunas acciones concerretas, como la creación de un “equipo multidisciplinario de fuerza de tareas sobre homicidios para la atención de delitos de alto impacto vinculados a organizaciones criminales transnacionales, con énfasis en el uso de laboratorios forences”, el compromiso a “convocar un grupo binacional de trabajo de ciberseguridad para el 202, con el objetivo de promover la seguridad y la estabilidad internacional en el ciberespacio”, y el aumento de la cooperación en áreas forenses y en la Unidad de Inteligencia Financiera…

Finalmente, el documento enmascara la política antiimigrante bajo la consigna de la lucha contra “el tráfico ilegal y la trata de personas”. Esto coincide con el nuevo discurso del área de comunicación social del gobierno federal que habla de “rescatar” migrantes para referirse a la caza y detención de migrantes dentro del territorio nacional por parte de la Guardia Nacional.

De este encuentro, se desprenderán próximos diálogos y memorándum de entendimiento, con el fin de acordar un marco de seguridad conjunta que se estima será presentado durante el primer trimestre del siguiente año.