Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La presentación del Acuerdo Antiinflacionario, signada solo por representantes del gobierno federal y directivos de algunas de las grandes empresas privadas de nuestro país, demuestra sus debilidades congénitas, las cuales han sido señaladas con toda precisión por parte de los especialistas de las más diversas tendencias política que coinciden que en un plazo de seis meses, en el mejor de los casos solo se podrán tener resultados parciales, muy limitados, tomando en cuenta, además, que en el pasado se implementaron planes similares y que si bien disminuyeron los índices inflacionarios existentes, jamás superaron las causas estructurales que subyacen en la economía nacional y que desde luego, ni al gobierno ni a los personeros de la burguesía industrial y comercial, les interesa ni les conviene precisar y erradicar.

Mientras el Presidente de la República afirmaba que los aumentos de precios de los artículos básicos serían un fenómeno pasajero, que la economía nacional estaba “requetebién”, nosotros afirmamos en estas mismas páginas que la inflación era un comportamiento prolongado que tenía la economía mundial, que la economía mexicana, supeditada, como estaba a la estadunidense, no estaba creciendo, concluyendo que México se encaminaba hacia la estanflación y desgraciadamente, los últimos datos que al respecto se han publicado, nos han confirmado que teníamos la razón, cuya conclusión se fortalece ahora que está en curso la invasión de Rusia a Ucrania, los efectos que ha tenido en los mercados internacionales así como las elevaciones de precios que se registran en los Estados Unidos, acompañados del lento crecimiento que observa en las últimas semanas y de la reducida capacidad de maniobra que tiene el Presidente Biden y el aumento de la presencia electoral de los republicanos.

El cumplimiento del Acuerdo del pasado 3 de mayo no implica ningún control de precios, es de carácter voluntario para las partes involucradas y solo se refiere a las empresas privadas cuyos representantes lo firmaron, pero no a cientos de empresas medianas y pequeñas que no lo hicieron y que tienen una importante aportación en la oferta de los mercados. Como sucede con este tipo de compromisos, las compañías particulares solo aceptaron que sacrificasen un espacio reducido en su nivel de utilidades y que, por lo tanto, la disminución de los precios de los productos que integran la canasta básica, 46 en total, solo experimentarán la rebaja que acepten los comerciantes y los proveedores y no tendrá un carácter nacional sino regional o por sectores o establecimientos comerciales.

El único que estaría obligado a cumplir con esos compromisos sería el gobierno federal, ya que deberá mantener los subsidios a las gasolinas, otorgar fertilizantes a los campesinos más pobres, y cancelar los aranceles a los productos de importación, en cuyos casos se afectarán las finanzas públicas, pero no se estableció la necesidad de que el régimen aumentara sus inversiones en la agricultura, se revivieran algunos de los programas de apoyo que canceló el Congreso de la Unión en el contexto de la política de austeridad, en el respaldo a los pequeños y medianos productores para que se incrementen sus niveles de producción de maíz y de otros granos básicos y que se eliminen los grupos de intermediarios y de monopolistas que deforman en su beneficio las cadenas de valor que existen entre los productores y los consumidores finales, siendo esta una de las causas estructurales más profundas y permanentes que generan la inflación siempre y que hasta hoy ningún gobierno ha querido suprimir porque se afectaron sus intereses de clase y su política de alianzas.

Se reconoció finalmente que los factores que inciden de un modo determinante en el proceso inflacionario son los de carácter externo, es decir, aquellos que están relacionados con el comportamiento de los mercados internacionales y con la dependencia extrema que tiene nuestra balanza comercial con los Estados Unidos.

Por lo tanto, admitiendo esta realidad diagnóstica, para tener éxito en la lucha contra la inflación, concebida como un fenómeno global se necesita un combate general en el cual se participen todos los países dependientes y atrasados, y también los países capitalistas que tiene un alto grado de desarrollo, aceptando en forma tácita que los precios, por ejemplo, de los combustibles y de los granos básicos alimenticios, de muchas materias primas no los fija un país en forma unilateral o aislada sino el mercado internacional, dominado e influido, a su vez, por las grandes potencias capitalistas productoras y que, por lo tanto, existe una responsabilidad conjunta que todas ellas deben asumir.

Este Acuerdo no tiene el éxito asegurado, ya que depende en gran medida del impacto que tenga la guerra de Rusia contra Ucrania en el comportamiento de los mercados del petróleo, del gas y otros derivados, de la producción de trigo, soja, y otras materias primas, de la actitud que finalmente asuman, en la práctica, en los hechos, los distintos sectores de la burguesía nacional, sobre todo el industrial y el comercial y de la auténtica disponibilidad que observe el gobierno federal en la consecución de las metas acordadas, ya que están programadas varias elecciones estatales y desde luego la nacional del año 2024

La experiencia del pasado indica que los pactos que se suscribieron durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, sí generaron efectos positivos en el corto plazo porque contuvieron y elevaron los niveles de consumo de la población, pero estos resultados fueron transitorios y débiles, ya que dejaron subsistentes los aspectos estructurales de la inflación, la cual otra vez se presentó, en forma recurrente, aunque con distintos grados de virulencia, hasta haber acumulado, a través de los años, una enorme depreciación del poder adquisitivo de los trabajadores. Bajaron en estas condiciones cambiantes las tasas inflacionarias, pero a un costo demasiado elevado, no hubo crecimiento en las variables de la economía nacional y se profundizó la desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza.