Al cierre de 2021, por tercer año consecutivo, México registró un aumento en el número de asesinatos de luchadores sociales y ambientales, además, encabezó la lista de los países con el mayor número de estos crímenes.

De acuerdo con el reporte realizado por la organización internacional Global Witness, en el periodo mencionado, en nuestro país se registraron 54 asesinatos de personas que formaban parte de luchas socioambientales, poco más de una cuarta parte de los 200 casos contabilizados en todo el mundo.

El incremento en estas cifras se da en un contexto de mayor violencia por parte del Estado mexicano, el cual comprende a todas las corporaciones de dominación y control de la clase trabajadora y de los sectores populares, esto es, desde los cuerpos represivos, las instancias gubernamentales, los grupos del crimen organizado y paramilitares, etcétera.

Es preciso señalar que el Estado no es un ente imparcial ni arbitrario, sino que responde a la lógica del sistema económico y de los intereses de éste, en el caso del capitalismo, responde a las necesidades que tiene para realizar la explotación del hombre por el hombre y de los recursos naturales, a costa del enriquecimiento de la burguesía.

En este sentido, la violencia estatal se enmarca en la crisis económica que se desarrolla en México, y en el mundo, y que agudiza las contradicciones; por un lado, una mayor rapacidad por parte de las empresas y por otro, una mayor resistencia por parte de organizaciones y comunidades que defienden sus territorios y sus recursos.

Todos estos datos contradicen el discurso del actual gobierno, ese que afirma que hay apertura o que existe un distanciamiento con grupos empresariales o que simplemente “no son iguales que los anteriores”. Al contrario, los grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, que buscan aprovechar al máximo los recursos naturales del país, han encontrado un respaldo estatal, pues en los casi cuatro años que tiene al frente el actual gobierno casi se ha duplicado el número de víctimas.

Este reporte da cuenta de las cifras oficiales, pero reconoce que el número muy probablemente es mucho mayor, pues muchos, si no es que la mayoría, de los asesinatos que se ejecutan desde alguna estructura estatal se silencian.

Es necesario mencionar que la mayoría de los asesinatos están involucrados con empresas mineras, esto resulta aún más revelador, pues a pesar de que la actual administración aseguró que iba a cambiar su política de extracción minera, lo anterior da cuenta de que existe una mayor resistencia a los proyectos que hay en el país, pero también más represión, hostigamiento y muertes.

Sólo para evidenciar con mayor nitidez lo anterior, es preciso destacar la relación que existe con Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país y dueño de Grupo México, que entre sus muchos negocios destaca la minera más grande del país, y aunque discursivamente la actual administración ha tenido algunos “desencuentros” con el empresario, en la realidad se le han facilitado todos los mecanismos para que éste siga incrementando su fortuna, pues además consiguió licitaciones para participar en la construcción del Tren Maya, proyecto insignia de ´Cuarta Transformación’.

El caso del dueño de Grupo México sólo es uno de muchos, sólo muestra que el Estado burgués cumple con su función de defender y garantizar los intereses de los empresarios.

Los casos de asesinatos de luchadores socio ambientales es sólo una parte de la resistencia que existe en nuestro país, pues sin importar la lucha; ya sea urbano-popular, obrera, estudiantil, de campesinos, entre muchas otras, la respuesta del Estado siempre es la misma, la violencia, esa que hemos constado que no ha cesado, y que se activa cuando están en riesgo los intereses de los monopolios.