Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La elección de la abogada Norma Lucia Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue una sorpresa política muy grande, ya que, la mayoría de los analistas pensaban que ocuparía ese cargo Jasmín Esquivel Mosa, militante de la Cuarta Transformación, gran amiga del Presidente que se había caracterizado por mantener una conducta obsequiosa en los análisis y en las votaciones es que se realizaron en los plenos de este organismo de la Unión. Pero no fue así lo que significa que la capacidad que tiene el titular del ejecutivo para avasallar y controlar las instituciones del Estado, tiene sus límites y que no hay ningún poder absoluto, excepto en las monarquías europeas que consideraban al Rey como el depositario total del poder político, porque así lo habían concebido quienes transmitían estos nombramientos por medio de la gracia divina de los Papas.

Ese nombramiento es disruptivo con respecto a la tendencia política general que ha distinguido este sexenio, el Presidente de la República tiene como propósito político la mayor concentración del poder del estado, acabando con la división de poderes que formalmente caracteriza a México, convirtiendo a los diputados y a los senadores en simples vasallos, y anulando o desapareciendo a los llamados órganos autónomos. Durante varias semanas, López Obrador estuvo ejerciendo una serie de presiones políticas, unas directas y otras indirectas, para que el nuevo titular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera un adicto a su causa y, por tanto, capaz de someterlo a sus designios políticos. Pero no fue así, por lo menos, hasta que en los hechos conozcamos la conducta de la licenciada Piña.

Desde el punto de vista histórico, los ministros de la Suprema Corte de Justicia asumieron una actitud favorable a las posiciones de la derecha política y del conservadurismo, se trataba de un grupo selecto de amigos del Presidente que tenían una formación jurídica muy anquilosada, que se había inspirado en las escuelas formalistas de Kelsen o de Stambler y estaban muy cercanos en la defensa de los intereses materiales y políticos de los hacendados, los grandes comerciantes y financieros, aunque se efectuaron varias reformas pero, ninguna modificó su esencia y su naturaleza, ser una institución al servicio de la gran burguesía nacional, recordando, por ejemplo, que durante el periodo de Miguel Alemán otorgó el derecho de amparo a los terratenientes en contra de las resoluciones agrarias que beneficiaban a los campesinos y ejidatarios.

El hecho de que la nueva titular de la Presidencia de la Corte sea una mujer no cambia la orientación básica de esa importante rama del estado, por sí misma, por arte de magia, pues todo depende de los intereses económicos y políticos que defienda en la realidad y que muchas veces están escondidos en los términos legales, de su formación profesional, de sus relaciones con los grupos fácticos, de sus relaciones con los miembros del gobierno y del empeño que tenga, llevar a cabo algunos cambios que se consideraban necesarios en la actualidad, pero que durante la gestión del ministro Zaldívar no se realizaron, como la erradicación de la corrupción administrativa, el nepotismo, la burocratización de las estructuras y sobre todo el hecho de que la impartición de la justicia siempre beneficia los miembros de la minoría privilegiada y perjudica a los distintos sectores de la clase trabajadora del campo y de la ciudad.

Una prueba mayor del carácter clasista que tiene la impartición de la justicia en las sociedades como la nuestra se comprueba con el hecho de que por menos la cuarta parte de los reos encarcelados no están ni siquiera sentenciados, que siguen llenando las cárceles y los presidios, como la de Santa Martha Acatitla, que los niveles de impunidad alcanzan el 90 %, que los centros de reclusión están saturados en todas las entidades federativas, imperando el cogobierno, que solo una minoría puede pagar los gastos que genera la contratación de un abogado particular y que los grados de criminalidad y de violencia son enormes y se manifiesten en la mayoría de las entidades federativas. Estas deberían ser algunas de las preocupaciones de la abogada Piña y sus colaboradores.

Pero, además, la salas y el Pleno tiene una larguísima relación de asuntos de la mayoría importancia jurídica y política, muchos de ellos referentes de la actual administración, que los ministros no estudian ni resuelven, vacío legal que le permite al Presidente vulnerar el orden legal en función de fortalecer y continuar con su proyecto político, que es contrario a las formalidades de la democracia burguesa, como la división de poderes que está muy debilitada por la nueva exacerbación del presidencialismo.