La militarización del país, iniciada durante el Gobierno de Calderón, continuada por el de Peña Nieto, y reforzada por el actual gobierno del Presidente López Obrador es inaceptable, y debemos persistir con más firmeza en la lucha por el regreso del Ejército a los cuarteles.

Durante este gobierno, que obtuvo muchos votos con los que ganó las elecciones en 2018 a partir de la promesa incumplida de poner fin a la militarización, la presencia en las calles y en la vida pública de las fuerzas armadas se incrementó y se legalizó, tanto del Ejército y la Marina, como de su nueva fachada: la Guardia Nacional. Además de asumir funciones anteriormente civiles como el control de aduanas y aeropuertos, distribución de libros de texto y vacunas, al Ejército se le han atribuido funciones económicas en las industrias de la construcción, e inmobiliaria, y les serán escriturados importantes proyectos de infraestructura como el Tren del Istmo, hotelería, traslado de pasajeros y mercancías del Tren Maya, asegurando que los altos mandos aumentarán no sólo su poder político sino económico. Por si no bastara, desde el primer día de su gobierno el Presidente López Obrador utiliza consistentemente un discurso para blanquear al Ejército, al que llama “pueblo bueno uniformado”, y eximirlo de sus crímenes a lo largo del Siglo XX: el asesinato atroz de Rubén Jaramillo, su compañera  Epifania Zúñiga García, quien se encontraba en gestación, y sus hijos, en 1962; en 1965 en Chihuahua, en 1968 en Tlatelolco, durante la Guerra Sucia que liquidó a una generación de jóvenes revolucionarios en las ciudades del país y en la sierra de Guerrero, así como de masacres probadas como la ocurrida en Tlatlaya, y constantes asesinatos y violaciones a los derechos humanos. Sin olvidar el estremecedor caso de Ayotzinapa, que el actual gobierno ya no quiso resolver para no incriminar más al Ejército. Ayotzinapa es una prueba clara de que el Ejército y la delincuencia, mantienen estrecha coordinación en su papel funcional a la represión del movimiento social. Ha sido totalmente una bofetada a la historia de lucha de nuestro pueblo el querer equiparar a los revolucionarios de nuestro país con los militares. No señor Presidente, no fueron iguales, unos fueron víctimas y otros victimarios. Unos luchaban por la justicia y otros para preservar la injusticia.

Después de casi dos décadas de utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el balance es que la industria del narcotráfico y la delincuencia no se debilitaron ni disminuyeron, sino que ahora se han expandido y su entrelazamiento con el Estado se acerca a la simbiosis

Tengamos presente además que, durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, por el reclamo social y la creciente organización sindical y política de la clase obrera y del campesinado, se llegó a la conclusión de que los militares deberían restringir su rol a una fuerza defensiva de la soberanía ante cualquier probable agresión desde el exterior, y limitar su hasta entonces predominante papel como factor político en la vida pública. Asonadas, cuartelazos, conspiraciones tenían que concluir. Hoy desde Palacio Nacional se incuba peligrosamente el huevo de la serpiente al conceder al Ejército un papel principal en las decisiones políticas.

Hay suficientes datos para asegurar que hay un entrelazamiento histórico entre la industria del narcotráfico y los mandos militares y policiales en nuestro país. No se puede ocultar el papel de generales como Quirós Hermosillo, Gutiérrez Rebollo o Acosta Chaparro, o de estructuras como la extinta Dirección Federal de Seguridad y los grupos de Fuerzas Especiales del Ejército, en el fortalecimiento de los cárteles de las drogas en nuestro país. Esta vinculación se mantiene, como lo muestran los escándalos más recientes sobre García Luna y el general Cienfuegos.

En retenes, redadas, operativos, la presencia militar es lesiva de los derechos y libertades conquistados por el pueblo en su lucha. Son muchos los “errores” y por tanto demasiadas las bajas de la población civil a manos del Ejército: inocentes asesinados, mujeres violadas, torturados y desaparecidos. Ahora además es también fuerza de tarea contra nuestros hermanos migrantes para cumplir los acuerdos del Ejecutivo Federal con las administraciones de Trump y Biden.

Ahora estamos presenciando en las calles de Nuevo Laredo la conducta del Ejército. De nueva cuenta como en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, se buscan justificar ejecuciones extrajudiciales, esta vez bajo el manto de una esperanza de cambio. Desde el gobierno y sus canales de transmisión ideológica, se repite idénticamente la presunta asociación con la delincuencia, para que se acepte tácitamente que se dispare al aire o a los pies de la población civil y que impunemente se apliquen nuevos protocolos de los militares, como arrebatar los teléfonos celulares y destruir cualquier evidencia que pueda ser recogida en grabaciones por parte de testigos sobre la actuación anticonstitucional de los soldados y sus mandos. No hay justificación posible a la detención, tortura o ejecución extrajudicial de ninguna persona por parte de militares.

Tampoco se debe olvidar que mientras con Calderón y Peña Nieto la presencia militar en las calles era ilegal, hoy  está legalizada por las reformas constitucionales promovidas por Obrador y todos los partidos representados en el Congreso de la Unión tanto en 2019, de manera unánime, y en 2022 por mayoría.

No lo podemos aceptar. Las Fuerzas Armadas deben volver a los cuarteles.

¡Regreso inmediato del Ejército a los Cuarteles!

¡Alto a la brutalidad militar contra la población civil y trabajadora!

¡Abajo la militarización, regreso inmediato del Ejército a sus cuarteles!

¡No más poder económico, no más impunidad, a las Fuerzas Armadas!

¡Proletarios de todos los países, uníos!

El Buró Político del Partido Comunista de México