Por: Héctor Ramírez Cuéllar

A raíz dela grave tragedia  que se suscitó en un albergue de Ciudad Juárez  en el que murieron 40 migrantes provenientes de distintas naciones de Centroamérica, varias organizaciones de la sociedad civil han presentado denuncias en torno a las irregularidades que se presentan en el funcionamiento del Instituto Nacional de Migración, encabezado por Guillermo Garduño, entre las que señalan las siguientes: lamentables condiciones sanitarias que existen en  los llamados alberges,   gran dilación y tortuguismo en los trámites que efectúa la dependencia, trato humillante e inhumano que sufren los migrantes, cobros indebidos y extorsiones por agilizar una serie de   procedimientos administrativos y contubernio con  las autoridades norteamericanas, ya que son  deportados muchos solicitantes de asilo y devueltos casi de inmediato a territorio mexicano,  sin informar previamente, a las autoridades mexicanas fronterizas, entre otras. Han transcurridos  dos semanas de esos trágicos sucesos y el señor Garduño no ha aparecido una sola vez ante la prensa nacional para informar sobre ese acontecimiento, dejando la responsabilidad a la Secretaria  de Protección  Ciudadana de reportar  el número   de  personas detenidas, todas ellas empleados y funcionarios de menor rango, incluso un ciudadano venezolano que, dicen, inició el incendio quemando una colchoneta lo que convirtió al recinto en una enorme hoguera en la que se   estaban quemando decenas de personas, sin que nadie hubiese intervenido  para evitar este hecho criminal.

Por la experiencia que tenemos al respecto, se puede concluir que el gobierno federal desea minimizar políticamente ese suceso al grado que no se ha  ocupado del mismo el Presidente de la República quien  a preferido hablar de otros  temas en sus habituales conferencias de  prensa; también se puede observar que el señor Garduño, tiene la protección política del titular del Poder Ejecutivo y del  Secretario de Gobernación quien  no  ha emitido una sola palabra al respecto  y que no existe una comprensión general del fenómeno a que hemos aludido, su gran complejidad y, por lo tanto, no se han hecho propuestas integrales que tomen en cuenta a todos los gobiernos e instituciones  nacionales  internacionales que están involucradas, como la COMAR que se ha ignorado por completo.

Hasta este momento, solo se ha presentado el acuerdo de desaparecer el Instituto Nacional de Migración que sería sustituido por un Consejo Intersecretarial sin que se hayan dado a conocer elementos que permitan concluir que el gobierno de México tiene una concepción global de este fenómeno y que solo está pensando en aumentar el número de altos funcionarios y de dependencias que lo integren, olvidando o desdeñando que se trata de un asunto de carácter internacional y mundial que  jamás podrá abordarse, con éxito,  solo desde una perspectiva nacional y muchos menos con un enfoque de seguridad pública,  es decir, represivo y punitivo y, por lo tanto, no se  hace ninguna autocrítica del funcionamiento del INM y del tipo de relaciones oficiales que se  deben tener con el gobierno de los Estados Unidos,  ya que es el principal responsable político y social de este gran movimiento en el que participan millones de seres humanos en distintos países del mundo.

Es necesario reconocer públicamente que la política migratoria que ha puesto en marcha este gobierno ha fracasado de una manera estrepitosa ya que ha operado como una correa de trasmisión de las órdenes, y las instrucciones que dicta el gobierno  yanqui que está aplicando una política muy selectiva, es decir,  solo admite a ciudadanos que tienen altos ingresos, ciertas calificaciones profesionales,  o un acuerdo político preferencial como sucede con los migrantes de Ucrania, ha utilizado a México como si fuera un dique de contención,  emitiendo amenazas e imponiendo sanciones unilaterales en donde no se  toma en cuenta al gobierno de López Obrador sino solo para que cumpla con esas indicaciones y que otorga un tratamiento humillante a los países centroamericanos con los cuales ni siquiera tiene una relación de consulta o de información previa, despreciándolos como si de ellos solo se pudiera esperar que demandarían ayuda financiera que en realidad se convierte en   aportaciones gratuitas e inútiles.

La migración debe ser abordada con la misma dimensión en que se produce, es decir, debe ser considerada como un problema  conjunto, en el que están involucrados   los gobiernos de los Estados Unidos, México,  Cuba, Haití, los países centroamericanos y algunos países de América del Sur, como Brasil y, por lo tanto, debe ser examinado en ese mismo ámbito, firmar acuerdos,  concertar tratados y convenios en los cuales se respete la soberanía nacional y la integridad territorial y política de las partes, eliminado los métodos represivos, ya que se ha demostrado que nunca han sido eficaces, concibiendo el problema en una íntima  conexión con la trata de  personas, los desaparecidos y el narcotráfico, el tráfico de armas,  en   cuyo esquema general el gobierno de los Estados Unidos debe asumir  la mayor responsabilidad.