El sábado 7 de enero en el metro de la Ciudad de México se suscitó el primer accidente del año y el segundo en la administración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En esta ocasión, ocurrió un choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3, una de las más usadas por los trabajadores que van desde el Noreste de la Ciudad hacia la zona Sur.
La inseguridad pública y la violencia de los grupos del crimen organizado se han vuelto un tema de interés general en las últimas décadas, cada uno de los gobiernos en turno ha desplegado una serie de actividades destinadas a resolver ese problema, por lo menos así lo manifiesta el argumento político
La revista PROCESO ha publicado un excelente reportaje en su edición del pasado 9 de octubre, en la cual describe, sobre la base de las filtraciones que aparecieron por el trabajo de espionaje que hizo el grupo Guacamayas, acerca de la redacción de las reformas que se hicieron para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional y que después pasaron a la aprobación accidentada de las cámaras legislativas de nuestro país.
En el momento de redactar este comentario, se han recrudecido las presiones políticas por parte del Presidente de la República en contra de la Cámara de Senadores, con la finalidad de que, finalmente, sea aprobada la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional y que su permanencia en estas actividades se recorra hasta el año 2028.
La única diputada que votó en contra de la extensión del mandato para que la Guardia Nacional puede seguir participando como parte constitutiva de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, fue la diputada de Morena, Inés Parra, postulada por en distrito indígena del estado de Puebla.
En estos días, los principales representantes políticos han entrado a una verdadera contradicción política de fondo, ya que, han sostenido una serie de ideas y de planteamientos que antes no expresaban.
El diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha demostrado en los últimos días la contextura moral y ética de su comportamiento político al promover u autorizar que una diputada de ese partido, Yolanda de la Torre, presentara una iniciativa de ley mediante la cual se extiende la participación de los militares en tareas de seguridad publica hasta el año 2028 y no hasta el 2024 como inicialmente se había propuesto.
El licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, se pronunció porque la Guardia Nacional esté adscrita a una dependencia civil y al hacerlo actuó con congruencia y dignidad, a diferencia de la actitud sumida por otros militantes de la izquierda que han guardado un lamentable silencio sobre todo aquellos que ocupan cargos en el seno del gobierno y que simpatizan o simpatizaron con Andrés López Obrador y que están confundiendo la lealtad política a una causa con la abyección patológica y sumisión lacayuna.
La propuesta del Presidente Andrés López Obrador para transferir a la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional debe entenderse como la continuidad de la entronización de un régimen autoritario en el cual todo el poder político se tiende a concentrar en la persona del titular del Poder Ejecutivo.
El reciente asesinato de los misioneros jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en las puertas, precisamente, de la iglesia de Cerocahui, ubicada en la región de la sierra Tarahumara, confirma, una vez, que la política gubernamental de combate en contra de la delincuencia organizada ha fracasado y que, por lo tanto, se necesita una revisión profunda, si de verdad se pretende ir al fondo de este grave problema de carácter nacional.