Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

En el momento de redactar este comentario, se han recrudecido las presiones políticas por parte del Presidente de la República en contra de la Cámara de Senadores, con la finalidad de que, finalmente, sea aprobada la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional y que su permanencia en estas actividades se recorra hasta el año 2028. Con anterioridad, el llamado bloque de Contención, integrado por los partidos de oposición, había logrado detener esta reforma por lo que, Morena decidió retirar el dictamen correspondiente y reprogramar su discusión para una nueva fecha, todo ello con la evidente finalidad de disponer de un mayor espacio de tiempo para doblegar a quienes se oponen a estas modificaciones empleando para ello, todos los métodos posibles, desde las amenazas directas contra los senadores desafectos a quienes les han dicho que iniciarían procesos penales en su contra, hasta las de redactar una nueva minuta con algunas reformas, pero manteniendo la esencia de las mismas.

Una vez más se ha demostrado, en la práctica, en los hechos, que el Presidente desprecia muy claramente el principio de la separación de los poderes del estado, que está consagrado en la Constitución de 1917. Ya había humillado a la Cámara de Diputados, contando para ello con el apoyo nauseabundo de la fracción del PRI, pero en la Cámara de Senadores, la correlación de fuerzas es distinta ya que, Morena no tiene la mayoría absoluta que exigen nuestras leyes para que sea aprobada una modificación de carácter constitucional.

Al examinar el paso de la iniciativa en la Cámara de Diputados, se aplicó el procedimiento del fast track por lo que sus integrantes ni siquiera leyeron el contenido del citado documento, demostrando, los legisladores que solo son empleados del Poder Ejecutivo y por parte del titular de este, que sigue violando impunemente la Constitución General de la República, sin que el Poder Judicial emita una resolución para salvaguardar el orden legal que, en forma teórica, sigue vigente.

En la Cámara de Senadores, las presiones fueron muy violentas, encabezadas personalmente por el Secretario de Gobernación, quien esgrimió un amplio abanico de posibilidades represivas, desde la amenaza de que estaban listas varias averiguaciones previas contra los legisladores, hasta las promesas de que recibirían una recompensa, como una embajada, un consulado, un puesto en el gabinete, provocando que el senador del PAN, el rico empresario yucateco, Raúl Paz, anunciara que ocuparía un cargo en el Comité Nacional de Morena y un empleo en el gobierno de esa entidad.

Por su parte, la diputada Yolanda de la Torre, que a nombre del PRI leyera la iniciativa para ampliar la permanencia de la Guardia Nacional hasta el año 2024, presentó sorpresivamente su licencia para separarse definitivamente de ese cargo, ya que había sido llamada a desempeñar una posición de poder en el aparato de administración de justicia del estado de Durango. El presidente, al referirse a ese asunto, cometió un dislate, muy revelador, ya que dijo que “presentamos” esta propuesta, así, en plural, cuando, desde el punto de vista reglamentario, lo había hecho la diputada del PRI, lo que exhibió el contubernio que había por lo menos con el grupo de Alejandro Moreno Cárdenas, que se comportó como un amanuense del régimen imperante.

La votación negativa que se presentara en la Cámara de Senadores permitió ratificar que el PRI se encuentra políticamente dividido, ya que el grupo de Moreno Cárdenas no controla a la mayoría de sus legisladores y que estos están actuando en forma independiente, lo que abre la posibilidad de que se presenten en los próximos días algunas adecuaciones por parte del senador Ricardo Monreal para obtener su voto; sin embargo, Morena no desea adquirir el compromiso de que se impulsará el fortalecimiento de las corporaciones policiacas estatales y municiones, que ese órgano legislativo pueda evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones que tiene la Guardia Nacional y otras cuestiones que son esenciales.

Tampoco se han abordado los temas más importantes, como el riesgo que implica para la vida de la nación que los militares adquieran un gran poder económico y político, el peligro que significa su actuación en referencia al respeto que se debe observar de los derechos humanos y al acatamiento a los convenios internacionales que México ha suscrito y que de una manera clara y categórica se oponen a la militarización de la seguridad pública, enfatizando en estos textos la necesidad de que exista al respecto un cuerpo civil, manejando y operado por civiles.

¿Los senadores imitarán la dócil conducta de los diputados o bien en acto de dignidad política rechazarán la propuesta del Presidente de la República? Lo veremos muy pronto.