Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

Los últimos acontecimientos que se han suscitado en torno a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional, son humillantes e indignantes. Se llevaron, como si fueran borregos, en autobuses especiales a los diputados, a unos hoteles de la ciudad de México y luego los trasladaron al recinto legislativo, a una hora previamente acordada, con la finalidad exclusiva de que todos estuvieran a tiempo para votar por las reformas legales que permiten que ese organismo pueda actuar libremente por lo menos hasta el año 2028 y a última hora se acordó extenderlo un año más, demostrando así, el gobierno, el dirigente parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco, y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el profundo desprecio que tienen por la división de poderes, que es, una de las piedras angulares del sistema democrático republicano burgués, así como la nula calidad moral de su conducta política.

En el pasado reciente, el grupo que estaba en el poder se preocupaba por cuidar ciertas formalidades jurídicas y políticas para tratar de aparentar ante la población que vivíamos bajo las normas de un sistema democrático, pero en este caso, como en otros, se han atropellado todos los aspectos reglamentarios y políticos y de una manera directa, sin tapujos, inclusive ante el pleno conocimiento de la opinión pública, se demostró en forma fehaciente que, solo existe un poder en México, el que está concentrado en la persona del Presidente de la República y que los diputados son, simple y llanamente, vasallos, subordinados o animales que se trasportan en vehículos de carga para llevarlos a los mataderos o a la engorda.

El Presidente estaba exigiendo que esta reforma estuviera lista antes del 16 de septiembre, en donde él la anunciaría ante las tropas que participaban en el desfile conmemorativo de esa fecha histórica y para ello pasó por encima de uno de los principios constitucionales del sistema político imperante, la independencia y la autonomía que debe tener el Poder Legislativo. Sin embargo, esta agresión institucional solo pudo realizarse con el permiso, la autorización y la participación directa del diputado Mier Velasco, quien aspira a ser candidato a la gubernatura del estado de Puebla, postulado por Morena y, por lo tanto, se ve obligado a cumplir estrictamente con las ordenes que le envía el Presidente, pero al hacerlo, solo produjeron un proceso legislativo que está viciado de origen y en todos sus aspectos, ya que con la velocidad con que se hicieron los trámites, los llamados representantes populares ni siquiera tuvieron el suficiente tiempo suficiente para analizar serena y objetivamente, el contenido y la trascendencia de las reformas que se aprobaron con el método llamado “fast track”.

Esta vergonzosa actitud de la Cámara de Diputados solo llegó hasta sus últimas consecuencias por la conducta cómplice y traidora que asumió la fracción parlamentaria del PRI, especialmente, del grupo que encabeza Moreno Cárdenas, que facilitó la votación mayoritaria a favor de Morena, es decir, del Presidente, que elogió en forma desmedida la posición sostenida por ese sector del tricolor que se debate en una crisis interna, ya que los senadores de este partido han afirmado que rechazarán la reforma en la llamada Cámara Alta, pero en el momento de escribir estas notas no sabemos si han cumplido o no la palabra empeñada.

El grupo priista de Moreno Cárdenas aduce, para tratar de justificar políticamente su adhesión a Morena, que ellos seguirán insistiendo en el fortalecimiento de los cuerpos policiacos estatales y municipales, pero lo cierto es que en estos años el gobierno de López Obrador ha demostrado que no tiene ningún interés en asignar recursos fiscales para este rubro, demostrado que lo único que realmente le importa, es la Guardia Nacional, militarizada ya que puede disponer libremente de esa corporación para los fines que considere convenientes y que si, en cambio, se equiparan y modernizarán las fuerzas estatales y municipales, se tendría que compartir ese poder decisorio con los gobernadores y con los alcaldes y el no desea hacer esta concesión de su poder político con ninguna otra instancia de la administración pública, ya que, sería un fenómeno contrario con la tendencia autoritaria y centralizadora que caracteriza a este régimen.

En estos días, los principales representantes políticos han entrado a una verdadera contradicción política de fondo, ya que, han sostenido una serie de ideas y de planteamientos que antes no expresaban. El Presidente, quien siempre se opuso a la utilización de los militares para realizar tareas propias de la seguridad pública, ahora está convencido, dijo, de que lo contrario es la solución más adecuada y, por lo tanto, con esta conducta oscilatoria, extendió la permanencia de los militares en estas actividades, tanto solo modificado un artículo transitorio de unas leyes secundarias. Los directores del PRI, que todavía la semana pasada, se oponían a la creciente militarización que experimentan el país, ahora son sus más apasionados partidarios. Con una sospechosa facilidad cambiaron sus posturas políticas al respecto, por lo que no se pueden tener confianza en ellos, ya que mañana, si logran tener mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pueden resolver que esa participación castrense será permanente y estructural.

En la actualidad, una vez convertida la Cámara de Diputados en una oficialía de partes del gobierno federal, que maneja la Secretaria de Gobernación, la única posibilidad de evitar este grave retroceso político, está en la Cámara de Senadores, que es la única instancia legislativa que está funcionando de conformidad con las normas de la Constitución. Por eso, el tiempo político del senador Ricardo Monreal está contado, ya que se ha convertido en un obstáculo para llevar a cabo los planes políticos del Presidente.