Los migrantes de América Central, Sudamérica, el Caribe y África, en su tránsito por México hacia EE.UU., viven continuos abusos, desapariciones y asesinatos. Esto es resultado de la política migratoria llevada a cabo por Trump, Biden y Obrador, entre 2016 y 2023; y quienes, sirviendo a la clase de los capitalistas, han llevado a cabo todo tipo de acciones para deportar multitudinariamente; contener el tránsito de migrantes hacia la frontera norte; restringir y anular el derecho al refugio; e imponer encarcelamiento masivo a los trabajadores migrantes en los dos países –ejemplificado localmente en las condiciones del Centro Integrador Carmen Serdán, en Tijuana, B.C.–, lo que, en general, ocasiona sufrimiento y muerte. 

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La política común de las burguesías mexicana y estadounidense, aliadas en el T-MEC, refuerza la militarización para la guerra, que involucra a las fuerzas armadas y la industria de las armas; así como al narcotráfico y al paramilitarismo, para tanto imponer como blindar un mayor desarrollo del capitalismo, en contra de la clase obrera, los sectores populares y los migrantes. Consecuencia de tal política es el control de territorios y rutas hacia EE.UU., por parte de los capitalistas “de cuerno de chivo”, en Baja California; lo que significa restringir el flujo migratorio, así como extorsionar, secuestrar y violentar a los migrantes y sus familias. Solo en 2022 han fallecido, oficialmente, 700 migrantes en el desierto de la frontera norte de México con EE.UU. –la mitad del total continental anual– y desaparecido 700 más. 

Fruto de esta política criminal, que suma al control del cruce fronterizo y delega el tráfico de personas en esta frontera a los capitalistas del llamado crimen organizado; admite migrantes en estricto interés del vertiginoso desarrollo del capitalismo (en México, la industria maquiladora de exportación en el noroeste; el CIIT, aeropuertos, proyectos inmobiliarios y tren maya en sur sureste)  y coloca a los migrantes en la nulidad de derechos, es el asesinato impune de migrantes, sobre todo de origen haitiano –un total de 23 a la fecha–, en Mexicali y Tijuana. Denunciamos esto como un resultado de la actual política de Estado. Llamamos a conformar una organización unitaria para la defensa y lucha migrante. 

Atentamente,

Comité Regional del Partido Comunista de México en Baja California,

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