Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La dirección del Instituto Nacional Electoral adoptó la semana pasada una resolución muy importante: prohibió a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaun la realización de una nueva gira de abierto carácter electoral, insistiendo en no deben efectuarse actos proselitistas sino solo reuniones en locales cerrados en los que pueden participar miembros de ese partido, los cuales deban acreditarse con tales. Esta postura es muy positiva, pero excesivamente tardía e insuficiente ya que en práctica, en los hechos, a la vista de todos, esa candidata tiene más de un año que está realizando abiertamente actividades de carácter electoral, violando de una manera sistemática las leyes de la materia, sin que hasta la fecha el órgano jurisdiccional le haya aplicado alguna sanción, no obstante que tiene acumuladas 800 quejas en su contra.

En reiterada ocasiones hemos insistido que tanto el INE como el Tribunal Federal Electoral han sido por completo omisos en el cumplimiento de sus funciones y facultades ya que han permitido que sobre todo Morena haya estado participando de una manera pública y evidente en la realización de auténticas precampañas, a pesar de que la ley de la materia lo prohíbe, violando, así, los principios de equidad, neutralidad y de imparcialidad, que están consagrados en la Constitución, lo que han propiciado que el partido oficial tenga en la actualidad una serie de ventajas políticas, indebidas por ilegales, con relación a los demás partidos, no obstante que esas funciones debieron iniciarse en el mes de noviembre y no antes. Los candidatos de ese partido han realizado muchas recorridos, giras, mítines, concentraciones populares, jornadas de propaganda, sobre la base de haber erogado una enorme cantidad de dinero, sin que se tenga, hasta hoy, un informe preliminar , del origen y monto de estos recursos financieros.

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La dirección de Morena utilizó otra denominación político para efectuar estas tareas, pero desde el punto de vista material, y con base en las crónicas de los medios de comunicación, las elecciones de los llamados Coordinadores de Morena en la práctica se transformaron en verdaderas precampañas, ya que ese cargo por cierto no existe en lo estatutos de esa organización, habiendo movilizado a cientos o miles de personas, realizando una intensa labor de propaganda en todas las entidades federativa, mientras que el resto de los partidos políticos se mantenía efectuando procesos de carácter interno , es decir, todavía no tenían candidatos apareciendo Morena como la única organización política actuante en el escenario nacional, sin que el INE corrigiera esta situación anómala e legal, exigiendo que se respetaran los plazos del calendario , que finalmente ningún partido acató.

Una vez que el Comité Nacional de Morena designó a la señora Sheinbaum por instrucciones presidenciales y siguiendo los viejos cánones del pasado , se transitó hacia la llamada selección de los candidatos a las gubernaturas de los estados, 8 en total, pero también se efectuaron las mismas maniobras, utilizando otro subterfugio legal, es decir, se trataba solo de coordinadores cuando en realidad eran aspirantes a un candidatura, efectuando las mismas precampañas, pero ahora con un mayor número de participantes, lo cual ha beneficiado políticamente a Morena que ha tenido la oportunidad de erogar, una vez más, sumas cuantiosas para movilizar a cientos de personas de una ciudad a otra.

La vulneración del orden legal la inició la señora Sheinbaum pero también está actuando ahora la señora Xóchitl Gálvez, a nombre del Frente Amplio quienes han incurrido en la figura de las campañas anticipadas, es decir, se han adelantado a los plazos que señalan las leyes, lo cual constituye un reto político para el INE y el Tribunal que se encuentran totalmente rebasados , ya que están en la realidad, en la práctica, realizando auténticas jornadas de propaganda política, de proselitismo, lo cual constituye una gran oportunidad para que se encubra el financiamiento irregular ya que el INE carece de personal suficiente, calificado, para detectar y castigar ese tipo de operaciones, en virtud de que los partidos puedan aducir que no se trata de candidatos a un puesto de elección popular sino que son solo coordinadores, es decir, de procesos de carácter interno lo cual constituye una burla política.

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