Corresponsal de El Machete en Baja California

El 1 de diciembre se hizo público que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) incrementará en un 20% el mínimo a devengar por un trabajador o trabajadora asalariada durante 2024. De $207.44 pesos, en 2023, a $248.93, para la mayor parte del país; así como de $312.41 pesos, también oficial para el año en curso, a $374.89 pesos, para la considerada Zona Libre de la Frontera Norte con EE.UU.

En las redes sociales de organizaciones y sindicatos, jornaleros agrícolas del municipio de San Quintín, o de municipios y poblados limítrofes, expresaron las opiniones y el ánimo que inspiró tal aumento. Si bien existieron palabras de elogio al actual gobierno federal, también hubo sentires que señalaron lo insuficiente de la medida y su inutilidad en una situación laboral controlada completamente por la gran patronal, por la burguesía.

Jornaleros señalaron que el aumento sirve de poco cuando todos los productos necesarios para sus familias “están carísimos”. O bien, que no sirve el aumento pues los patrones no lo respetan en los campos de cultivo, además de que el pago por la caja de fresas o moras en lugar de subir ha disminuido: “(…) puede estar el salario mínimo a mil pesos, pero la caja de producto piscado no sube, al contrario. No pagan ni el día cuando se producen pocas cajas.” Así es la mafia de los ricos, sostienen. Otros reclaman un incremento mayor: 500 pesos, pues “374 pesos diarios ni para gastos alcanza.”

El incremento del 20% es exagerado y adornado sobre manera por la socialdemocracia y el gobierno de AMLO: recuperación del poder adquisitivo del mínimo en un 110% entre 2018 y 2024, que en 2024 “beneficiará de manera directa a más de 8.9 millones de personas trabajadoras”. Los comentarios puntuales de los jornaleros desmienten estas afirmaciones. Las cifras pueden manipularse, pero no resuelven el tema de las cuentas.

Y es que las medidas del Estado, por más que se ensalcen, no representan progreso para la clase obrera. El consenso “entre todos los factores de la producción”, que festeja la Conasami, es en realidad la directriz injusta de la burguesía como dueña de los medios de producción; estos “incrementos” son en su favor y en perjuicio de los trabajadores. La misma Secretaría del Trabajo, de acuerdo a una nota de La Jornada del 4 de diciembre, reconoce que sólo el 0.45% de toda la población ocupada recibirá el incremento salarial del 20%.

La clase obrera de las grandes ciudades, centros industriales y plantaciones del país se encontrará en el mismo escenario de insatisfacción y frustración que se deja ver entre los obreros agrícolas del norte del país. La inflación disminuye en apariencia, pero lo que no se detiene ni disminuye es el alto costo de la vida. Esta carestía es el tributo que los monopolios capitalistas y el actual gobierno imponen al pueblo para acumular enormes ganancias.

Tanto para los obreros del campo como para los obreros de la ciudad puede quedar cada vez más claro que la solución a sus problemas y la obtención de sus aspiraciones no pueden lograrse con la política tradeunionista del gobierno de Obrador, que censura, ignora y reprime a los trabajadores que luchan; mientras a quienes aún no se deciden a luchar, otorga reformas que en nada alivian su situación. Sólo la clase obrera puede reducir el peso de la explotación en su interés, pero requiere organizarse sin confianza en el Poder, en el capital.