Alfredo Valles, miembro suplente del BP del CC del PCM

A fines de año, el curso del proyecto de la semana de 40 horas y 5 días de trabajo confirma la decisión esencial de clase social dominante en México, la burguesía. Desde que se presentó en octubre de 2022 esta iniciativa fue constantemente aplazada y dejada en un impasse legislativo. Tras ser presentada, fue aprobada por la comisión de puntos constitucionales hasta abril de 2023 y ahora su votación ha sido pospuesta para marzo o abril del 2024.

Morena oculta su protagonismo en esta deliberado aplazamiento de la discusión general de este proyecto de reforma en la Cámara de diputados, no obstante fue parida desde el mismo poder burgués que encabeza este partido. Para ello subraya que el PAN se opone a la semana de 40 horas. Lo que fue así, al menos hasta la primera semana de diciembre. Pero ¿a qué trabajador le sorprende esto? No podía esperarse algo distinto de este partido reaccionario. Y con este énfasis Morena corre un velo sobre su propia política pro patronal.

Tras aprobarla en comisión, se abrió a la propia burguesía la discusión sobre la iniciativa en el marco de un Parlamento Abierto, en octubre del presente año, por conducto de fuerzas más o menos explícitas en su servicio y representación. Este diciembre Morena se ha negado a que la comisión de puntos constitucionales modificara el dictamen por sí misma para incluir las orientaciones de los empresarios en el Parlamento Abierto; mientras el PAN se opuso a este enfoque, pues quería precisamente que la comisión desvirtuara así el sentido inicial de la iniciativa. En todo caso Morena no quiso que una comisión bajo su liderazgo cargara sola con el peso de tal decisión política. Sin embargo, fuera de estos sainetes, PAN y Morena ya coinciden, a fines de diciembre, en una solución para este tema.

Y ello fue posible con la recomendación de López Obrador –que fue más bien un mandato político– para posponer la discusión de esta probable reforma para el próximo y último periodo de sesiones de la Cámara de Diputados bajo el actual gobierno federal. Los argumentos de AMLO: que haya mayor discusión, que participen “todos los factores de la producción”. En realidad no hay otro factor en la deliberación que no sea la burguesía.

Y aquí queda de manifiesto a qué democracia se refiere y elije López Obrador. Es una democracia atenta y exclusiva del conjunto de los explotadores. Democracia para que todas las fuerzas del capital, implicados en ello sus propios partidos, lleguen a un consenso: cuándo y cómo se desfigurará la reforma de las 40 horas. Para la clase obrera, para los asalariados, ni el más mínimo derecho a participar e influir. Solo la burguesía puede estar de plácemes por estos afanes democráticos del presidente.

No es ni será la última ocasión en que el conjunto de la burguesía, atravesada por pugnas intestinas alrededor de matices, fórmulas y elecciones políticas o económicas, se pone de acuerdo en algo y expresa esa unanimidad con el consenso de sus partidos dentro del ámbito legislativo del poder de los monopolios. Ya ocurrió con el T-MEC, la militarización, la creación particular de la Guardia Nacional; y así será con las llamadas 40 horas.

Obrador, al prolongar el aplazamiento del debate legislativo en el pleno de la Cámara de Diputados, no hizo sino evidenciar que es el hombre fuerte de la burguesía, que cuida con esmero hasta el más mínimo detalle de la explotación en interés de ésta. Tal mandato político del presidente expresó el consenso de la explotadores: rechazo a la reducción inmediata de la jornada de trabajo. Como expresó Slim, jefe de Carso y América Móvil: “mejor” trabajar más y ganar “más”.

Hay que mencionar que la iniciativa original implicaba el criterio de que la reducción inmediata de la jornada de trabajo involucraba una mayor intensidad en la explotación de los trabajadores; entendiéndola pues como un medio para arrancarles una mayor productividad. De un modo o de otro la burguesía delinearía la decisión que sus partidos tomaran por ella para incrementar sus beneficios y elevar la renta de la esclavitud asalariada.

Entonces, Obrador demoró aún más la solución oficial a esta iniciativa para llegar finalmente a la misma propuesta externada por el PAN-PRI-PRD: que se construyera un momento oportuno para la aprobación de la reforma por medio del diálogo. Buena parte de los legisladores de Morena estaban en contra de la reforma; y su principal ejemplo de corporativismo sindical, la CATEM, aliado a su candidata Sheinbaum, también lo estaba.

A la clase obrera, a los trabajadores asalariados, debe quedarles claro que detrás de discursos y gestos distractores lo esencial es que la burguesía los considera como parte de su propiedad privada, como esclavos a su pleno servicio. Que en la sociedad burguesa, sin organización ni iniciativa de clase y revolucionaria por parte de obreros y trabajadores, la burguesía seguirá disponiendo de ellos con el criterio del mayor lucro posible a sus costillas.

A mediados de diciembre la iniciativa fue regresada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Y en ésta todos los partidos ya han manifestado la decisión de los monopolios y la burguesía sobre cómo manipularán política y, sobre todo, económicamente las vidas y el porvenir de la clase obrera y los trabajadores. El dictamen inicial de la reforma será modificado por una “comisión de trabajo”, que incluirá como legisladores principales a los mismos empresarios, para hacer constar en aquél todas las reservas del caso a su favor.

Y estas reservas son la gradualidad –legisladores de “la nueva política” de MC ya habían sugerido que la reforma, de votarse a favor, entrara plenamente en vigor ¡hasta 2031!; pero también toda una serie de candados que cumplan con la obligación de volver a la reforma estéril e inofensiva en contra de los capitalistas. Es decir, que solo concite contradicciones y pesares en la clase obrera: frustración, a la par que ilusiones en el Estado burgués, etc.

La reforma para una semana de 40 horas y 5 días de trabajo aún no nace y en realidad ya está muerta. Para aprobarse, como parece sucederá, la iniciativa de reforma será pervertida en grado máximo. Por un lado, todas las fuerzas políticas burguesas compartirán el éxito de una probable votación a favor, en el sentido de un compartido acto publicitario; por otro, los monopolios y la burguesía serán satisfechos en su interés prioritario.

Figuras como Susana Prieto, patrocinadora de la iniciativa, procuran mantener atados a los trabajadores al poder de sus explotadores, incentivando la creencia en que puede haber en lo alto reformas en su beneficio. Desvirtúa la realidad, disimula que el actual gobierno es continuidad del poder de los monopolios. Su afán es disciplinar a los obreros bajo una política tradeunionista: cambios desde el Estado, confianza en una caricatura de transformación.

La clase obrera y los trabajadores necesitan reflexionar sobre su situación en la sociedad capitalista. Aún aprobada en los términos iniciales, la reforma no sería sino un cencerro que los conduciría a la obligación de redituar mayor plusvalía y/o beneficios para los capitalistas. Hoy la mayoría de los derechos laborales son letra muerta, porque en los centros de trabajo como en la sociedad el poder burgués es incuestionable y absoluto.

Y esta circunstancia es tal puesto que la burguesía ha logrado desmovilizar,  desorganizar y derrotar a la clase obrera y los trabajadores, obstruyendo su comprensión y asociación combativa de clase. Obreras y obreros, los trabajadores, no deben confiar en la gestión gubernamental de su explotador, sino en sus propias fuerzas. Cambiar el futuro a su favor es organizar desde ya la lucha contra la explotación y por el derrocamiento del estado de cosas que la sostienen al costo de las mayores infamias: el poder de los monopolios.