PLATAFORMA COMUNISTA ELECCIONES FEDERALES 2024

Un Nuevo Poder

¿Quién y cómo se debe gobernar el país? 

O Poder Obrero o Poder de los Monopolios

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Independientemente de los matices cosméticos, las trivialidades, los estilos, gestiones, colores, nombres y apellidos, el poder de los monopolios gobierna sexenio tras sexenio, presidente tras presidente. En cada gobierno la situación de la clase obrera empeora con respecto a la enorme riqueza y desarrollo que ésta produce para otros; y no porque el presidente o gobierno en turno sea peor que el anterior sino porque es el sistema mismo el que empeora. Es el sistema que ni Morena ni el PRIAN ponen bajo cuestión, al contrario, es al que preservan, al que retocan, al que defienden. Solo el Partido Comunista plantea que la clase obrera tome los destinos de este país en sus manos, el país que ella construye a diario pero que construye para otros. Los comunistas planteamos que el poder y la economía de nuestro país deben estar en manos de quienes lo trabajan. Llamamos a volver a México un país para las y los trabajadores.

Hoy, en esta campaña, ilustramos ante la opinión de nuestros hermanos de clase, ante el resto de nuestro pueblo, a qué nos referimos con un Nuevo Poder y una Nueva Economía. Abordamos frontalmente los grandes problemas nacionales, hablando sin mentiras, sin falsos dilemas, sin falsas ilusiones; señalamos la salida urgente y necesaria a la barbarie, a la tragedia, al hundimiento, al desastre. Antes, durante y después de la campaña persistiremos en agrupar a nuestra clase bajo esta clave; por ende nos volveremos a ver en cada fábrica, en cada escuela, barrio o pueblo. La lucha requiere un Estado Mayor, no nos postulamos solo como candidatos comunistas a la presidencia, a las gubernaturas; nos presentamos y nos mantendremos como cabeza indoblegable de la oposición de izquierda, como tribunos del pueblo.

Poder Legislativo

El actual sistema de representación parlamentario es corrupto en su esencia, los legisladores no representan la voluntad de los votantes de la clase trabajadora y los sectores populares, sino sus propios intereses y los de sus financiadores: empresarios, narcotraficantes, banqueros, etc. Mediante este mecanismo, cuando un legislador aprueba una medida contra el pueblo no existe opción en el actual sistema más allá de esperar 3 o 6 años y votar por alguien más. Pero cuando todos los legisladores ofrecen lo mismo y se cambian de un Partido a otro, como cambiarse de ropa, no hay forma de influir sobre la legislación con tal mecanismo. Para que los legisladores no sean un grupo de cortesanos millonarios, sino realmente representantes populares, el sistema político requiere de un cambio radical.

Por lo tanto, las y los comunistas proponemos:

• Reducción drástica del salario de los diputados. Ganarán lo que gana un trabajador especializado, por lo cual la elevación de sus ingresos solo podrá venir de la elevación de los ingresos de toda la clase obrera.

• Revocación de mandato de cualquier legislador por sus votantes y en cualquier momento.

• Desaparición del actual sistema bicameral de Senado y Congreso, fusión del poder legislativo y ejecutivo en una sola Asamblea Nacional.

• Elecciones no solo por demarcación territorial sino también por centro de trabajo, para garantizar que quienes trabajan mandan. Eliminación de los diputados plurinominales.

• Las grandes reformas constitucionales deberán ser expuestas y discutidas en asambleas por centro de trabajo y entre el pueblo trabajador, en los diversos territorios. Los diputados estarán obligados a cumplir con las resoluciones emanadas de la mayoría constituida en sus respectivas asambleas.

• Llamar a un Nuevo Constituyente que elabore y apruebe una nueva Constitución basada en la propiedad social sobre los medios de producción y el Poder Obrero.

Poder Ejecutivo

Durante décadas la burguesía en México ha engendrado y mantenido una versión deforme de la República, donde la figura presidencial es prácticamente la de un monarca sexenal –y en ocasiones más allá de su propio período. El Presidente es el gran legislador, el ejecutor extrajudicial, el dedo que nombra a su sucesor. La tarea democrática de eliminar este engendro no fue asumida con decisión por la burguesía y se convirtió en uno de sus elementos de mediación. Con magnicidios, todo tipo de fraudes, sabotaje y terror, la burguesía dirime cuál de sus grupos político-empresariales colocará a su representante y, por tanto, se llevará la parte del león en la administración de la riqueza de este país miembro del G20. Una vez dirimido el recambio y acotada la rivalidad, la figura presidencial sirve en lo fundamental a los intereses de la burguesía.

El aparato militar queda subordinado, mediante esta jefatura, a los intereses del bloque imperialista del cual forma parte la burguesía doméstica; sin ningún efecto sobre los resortes que hacen surgir la delincuencia, al contrario, se enloda la canalla militar del alto mando en corrupción escandalosa mientras las estadísticas de los muertos por la delincuencia se elevan por los aires a una cifra oficial de 350,000 muertos y 72,000 desaparecidos. El ejército se lanza a la calle y contra el pueblo como recurso sanguinario recurrente, tal como lo atestiguan la masacre de Tlatelolco, el jueves de Corpus en 1971, la Guerra Sucia, las masacres de Acteal, Aguas Blancas y el Charco o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Es alarmante que ya en el periodo de 2007 a 2021 los militares usurparon 127 funciones originalmente civiles, y del 2021 al 2024 la cifra alcanzó las 246 funciones. En ese mismo período su presupuesto pasó del 0.6% del PIB a devorar el 2.22% del total, y se realizó un rearme que no se había visto en término económicos y de volumen desde el Porfiriato. Todo ello sin que en el mismo lapso de tiempo pudiera constatarse algún conflicto externo, lo que hace pensar en una preparación para sojuzgar al pueblo.

Por lo tanto, proponemos:

• Disolución de la figura del presidente y su sustitución por un Consejo de Ministros, nombrado por y subordinado a la Asamblea Nacional.

• Eliminación de las figuras de presidente municipal/alcalde, síndico y regidores en la administración del ayuntamiento. Sustitución por una Consejo Local que administrará el gobierno municipal.

• Castigo severo a los expresidentes y mandos del ejército responsables de crímenes de Estado.

• Disolución del Ejército, la Guardia Nacional y otros cuerpos represivos estatales y paraestatales. Y su sustitución con una milicia popular enfocada en su doctrina y operación a la defensa de la integridad territorial, la disuasión de las agresiones imperialistas contra los pueblos del mundo, etc. La milicia popular no podrá reprimir a la mayoría de la población por tener integrados en sus tareas a miembros de tal mayoría, por tener sus fusiles apuntados contra los explotadores y sus cómplices. La milicia popular no dilapidará recursos en los estrafalarios gastos de la actual canalla militar, ni en la represión interna o en una prolongada guerra de mera fachada contra el narcotráfico, sino que los utilizará con eficiencia para elevar las capacidades defensivas de la República de los trabajadores.

• Adiestramiento militar real y universal de la población.

• La labor de vigilancia y supresión sobre los enemigos del pueblo se hará en combinación con cuerpos de vigilancia comunitaria, encargados de salvaguardar a las poblaciones de las que emanan.

• Política exterior de amistad con todos los pueblos del mundo; oposición a bloqueos, sanciones, agresiones imperialistas, etc.

• Cancelación de la política antiinmigrante; solidaridad con los trabajadores migrantes a su paso. Otorgamiento de plenos derechos de ciudadanía a todos los migrantes que en México contribuyan con su trabajo a la producción social.

Poder Judicial

El ordenamiento legal de nuestro país, como expresión de la voluntad cristalizada de la clase poseedora, está enfocado absolutamente a preservar y regular la propiedad privada, así como su adquisición, compra, venta, traspaso, sucesión, etc. Los altos tribunales están copados por miembros de las familias oligárquicas, con estipendios que son una afrenta para la población trabajadora. Como el TLCAN antes, ahora el TMEC se vuelve la ley suprema y reforma bajo sus exigencias al resto del aparato legal.  El Poder judicial funciona como parapeto del poder de los monopolios: por formalidades deja en la impunidad a los grandes desfalcadores del erario público; así como en la impunidad a los responsables de masacres y crímenes de Estado; coarta, conculca y criminaliza las formas de lucha del pueblo; sanciona como válidos los despojos, languidecen burocráticamente por años los juicios laborales y agrarios; los juicios contra miembros de las nacionalidades indígenas son un agravio al no reconocer la lengua del demandado; y solo cuando los crímenes afectan a miembros de la burguesía se vuelve realidad el supuesto carácter expedito de la procuración de justicia; mientras, los crímenes contra las mujeres trabajadoras y los jóvenes estudiantes de sectores populares, o bien contra el proletario en la calle, en el transporte público o en sus domicilios, con seguridad permanecen impunes. No sorprende el descrédito, la desconfianza y el repudio que se tiene a tal poder. Para que la ley y los tribunales estén al servicio del pueblo, y gocen de su confianza, se requiere que dimanen de un Nuevo Poder.

Por lo tanto, proponemos:

• El carácter electo de los Tribunales como órganos de la Asamblea Nacional.

• Carácter público de todos los juicios para permitir el escrutinio popular.

• El núcleo del Nuevo Derecho debe ser la salvaguarda, como voluntad cristalizada de la clase obrera, de la propiedad social de los medios de producción socializados, de su carácter inviolable, así como de la eliminación de la base económica de todo poder político de las clases explotadoras.

• Búsqueda de la verdad y reparación del daño por los crímenes de Estado. Priorizar la búsqueda de la verdad material antes que de la verdad formal.

• Establecimiento de un plan urgente para la búsqueda y el rescate de los desaparecidos.

• Posibilidad de apelar la sentencia de un tribunal superior si se cree que ésta es injusta, y sin el exorbitante costo de un amparo de hoy día.

• Asegurar el derecho a ser juzgado en la lengua materna y/o con interprete del acusado, algo actualmente inexistente para el 15% de la población que habla lenguas indígenas.

• Crear un Servicio Profesional de Carrera para los abogados defensores, con salarios adecuados, para asegurar el derecho de todos los trabajadores a contar con un defensor público, gratuito y de calidad.

• Transformación de las cárceles en colonias de trabajo obligatorio. Las cárceles deben dejar de ser los actuales centros de barbarie, de entrenamiento y expresión del poder criminal, para convertirse en colonias de reinserción social. El trabajo y la disciplina colectiva deben ser un punto central de esta reinserción.

• La corrupción será considerada como un atentado general contra el pueblo, pues agraviaría de manera importante los logros del Plan Nacional de Desarrollo; un castigo severo deberá ser proporcional a la dimensión de tal atentado contra la población.

 

Narcotráfico

El narcotráfico es un negocio criminal que ha crecido aceleradamente en nuestro país en los últimos 30 años. Se ha entrelazado indisolublemente con los empresarios, militares y los partidos de la burguesía. Esta industria ilegal recurre a la violencia, las armas y la corrupción para asegurar sus operaciones. Somete a miles de campesinos para cultivar drogas y dispone de un ejército de vendedores, halcones y sicarios para asegurar su distribución. Este negocio es principalmente de exportación; abastece a los Estados Unidos, el principal mercado de drogas en el mundo. El secreto del narcotráfico no está en su fuerza, sino en el dinero. Son los miles de millones de dólares que deja la exportación y venta de drogas lo que asegura su disposición a armas, personas y respaldo político. No puede reducirse y abolirse el poderío militar del narcotráfico sin antes acabar con su poderío económico.

Para enfrentar este grave problema, proponemos:

• Expropiación de los bancos para formar un sistema de banca estatal. Esto cortaría de raíz las posibilidades de lavado de dinero.

• Centralización del comercio exterior y salida del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Esto limitaría sensiblemente la capacidad de exportación del narcotráfico.

• Expulsión de México de las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos, que actualmente operan en el país, ya que está históricamente documentada su vinculación con cárteles de las drogas.

• Combate frontal al narcotráfico utilizando tanto a la masiva milicia popular, la inteligencia acopiada por informantes populares, y su combinación con medidas que extirpen todo bien y riqueza de estos grupos a través de los Tribunales Populares. Combate particularmente feroz a quienes afecten directamente a la población: trata de personas, adicciones, desaparición forzada y secuestro, robos, pornografía infantil, etc.

• Política de combate ideológico al consumo de drogas desde una visión de salud pública, priorizando la rehabilitación temprana, y no de criminalización de los consumidores.

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas tienen a cuestas varios siglos de opresión. Ni los triunfadores de la guerra de Independencia, ni aquellos de la Reforma o la Revolución Mexicana han otorgado el reconocimiento a estos pueblos como nacionalidades plenas. Este sojuzgamiento nacional se suma a la explotación que ya de por sí sufren los obreros y campesinos indígenas. La irrupción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 marcó un antes y un después de la lucha indígena por su liberación. Sin embargo, desde ese momento y hasta la fecha, los diferentes gobiernos han traicionado todos los esfuerzos por alcanzar el reconocimiento político de los pueblos indígenas, siendo su principal ejemplo la traición a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, y el vigente acoso militar, paramilitar y del narcotráfico contra los territorios indígenas.

Por lo tanto, proponemos:

• Reconocimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar y respeto a las decisiones de autonomía de los pueblos indígenas.

• Derecho pleno de los pueblos indígenas a la autodeterminación como nacionalidades, a decidir sus formas de organización política y territorial, de administración pública e idioma.

• La propiedad de los recursos naturales, como el agua, los bosques, el suelo y subsuelo en territorio de los pueblos indígenas, reside originalmente en cada uno de éstos.

Una Nueva Economía

¿A quién pertenece la riqueza?   

Plan Nacional de Desarrollo

La producción de la riqueza en México está orientada, en lo fundamental, a incrementar la ganancia de los grandes monopolios, está basada en la cruenta explotación de la clase obrera; y la actual gestión gubernamental no es la excepción a esta regla. Las estadísticas muestran que los salarios en México son uno de los más bajos del planeta y el más exiguo entre las economías de la OCDE, aún con el sonado incremento al salario mínimo nacional. No hay correspondencia entre el crecimiento salarial y el crecimiento económico del país, que ha superado en términos de PIB a países como Australia, Corea del Sur o España, y generado a parte de los magnates más ricos del mundo como Carlos Slim. El incremento acelerado de la riqueza de los más acaudalados y la miseria de los trabajadores no son un fallo del sistema; es el resultado de su esencia misma, es su éxito con relación a sus intereses y características. Sumemos, además, que la producción de riqueza en la sociedad capitalista se realiza de manera anárquica, caótica, conduciéndonos a crisis y cataclismos, a la destrucción de los fundamentos de la riqueza misma que son la naturaleza y la fuerza de trabajo. En el caso particular de nuestro país, un elemento importante de la conformación de tales monopolios fue la privatización de empresas estatales edificadas sobre la base de la extracción del esfuerzo de toda la sociedad mexicana; y en este punto ninguno de los partidos burgueses, ni siquiera aquellos que se autodenominan antineoliberales, han planteado revertir esas decisiones.

Por lo tanto, los y las comunistas proponemos:

• Requisa, expropiación, nacionalización y socialización de las 1,100 empresas previamente privatizadas y entregadas a monopolios. Éstas pasaran a conformar el núcleo del sector social que producirá conforme a un Plan Nacional de Desarrollo.

• Expropiación de todas las empresas que tengan o hayan tenido vínculos con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

• Incorporación al sector social de las demás empresas centralizadas, concentradas, estratégicas, etc., conforme el Plan Nacional de Desarrollo lo requiera y conforme la Asamblea Nacional lo mande y ejecute.

• Los objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo son acumular progresivamente mayores capacidades productivas para la satisfacción creciente de las necesidades materiales y culturales de las y los trabajadores en el país; así como asegurar un equilibrio ecológico con el medio ambiente. Así como implementar los desarrollos tecnológicos bajo control de la sociedad, para superar los estrechos marcos de una producción enfocada en las ganancias.

• El Plan Nacional de Desarrollo debe asegurar la reducción de la jornada laboral a 35 horas y la eliminación del desempleo, aprovechando la automatización de las labores mecánicas, riesgosas o alienantes. El propósito es aprovechar todas las capacidades instaladas en el país, pero sin los grilletes impuestos por el TMEC y otros tratados imperialistas.

• Impulso a la industria nuclear para la generación de energía eléctrica; al estar comprobado científicamente que reduciría el impacto ambiental en comparación con otras fuentes, como la termoeléctrica o la hidroeléctrica.

• Prohibición de la obsolescencia programada, que genera mayores gastos para los consumidores y grandes cantidades de desechos.

• Ningún trabajador debe ser lanzado a la calle. Cuando un puesto de se vuelva innecesario, la Nueva Economía debe considerar su capacitación para otro puesto como su nuevo empleo asalariado.

• Fomentar y apoyar el tránsito de pequeños negocios, pequeños productores, trabajadores a cuenta propia, artesanos, etc., a cooperativas. Favoreciendo a quienes avancen en tal proceso con insumos emanados desde el sector social y a precios preferenciales.

 

Salud

El sistema de salud se encuentra en un estado de abandono. El IMSS, el ISSSTE y los demás institutos de seguridad social han sido desmantelados y desfalcados en los últimos 30 años, lo que ha dado como resultado su actual ineficiencia y saturación. La privatización, la falta de inversión y corrupción han erosionado las capacidades de estos institutos. Se encuentran saturados, conseguir una consulta médica, unos estudios o una operación puede llevar varios meses de espera. Las ocurrencias sexenales, como el Seguro Popular o el IMSS-Bienestar que supuestamente buscaban la universalización de la salud, no consiguieron su objetivo y en su lugar crearon una crisis financiera y logística en el sector salud. El desabasto de medicamentos y vacunas es muestra de ello. Mientras tanto los consultorios-farmacia han brotado por todo el país, llegando a más de 18 mil, y paliando los padecimientos, pero sin dar seguimiento y continuidad a los más graves. Las tristes pérdidas de la pandemia de COVID-19 mostraron la fragilidad del sistema de salud en México.

Los comunistas consideramos que las y los trabajadores deberían tener acceso garantizado a un sistema de salud, gratuito, eficiente y de calidad. Pero esto no es posible mientras la salud sea un negocio.

Por lo tanto, proponemos:

• La absorción o incorporación de todos los consultorios privados, propiedad de las grandes cadenas de farmacias, al primer nivel de atención del sistema de salud público. El número de estos consultorios es 12 veces más grande que las actuales Unidades de Medicina Familiar del IMSS. Esta ampliación permitiría descongestionar los servicios de salud actuales y llegar a la mayoría de los habitantes de las colonias obreras y los pueblos.

• La incorporación de los hospitales y grandes clínicas privadas al sistema de salud pública. Esto implicaría un aumento proporcional al 70% de camas que actualmente dispone el IMSS, lo que mejoraría rápidamente la capacidad de atención.

• Expropiación de la gran industria farmacéutica para asegurar el abastecimiento de medicamentos y vacunas.

• Basificación de todo personal hospitalario, aumento salarial y mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud; lo que junto a una menor saturación hospitalaria mejoraría la calidad y eficiencia de la atención.

• La salud reproductiva y sexual, incluyendo la interrupción del embarazo, será libre, segura y gratuita, asegurando para ello un acompañamiento psicológico.

• Priorizar la medicina preventiva, particularmente ante enfermedades crónico-degenerativas, para ahorrar gastos y evitar complicaciones de salud. Asegurar la atención y educación en materia de salud, como en particular de la salud mental, en centros educativos y laborales.

Protección laboral, pensiones y previsión social

La misma situación que permea en la Salud-Negocio, como antítesis de la Salud-Derecho, existe en los demás aspectos de la Previsión Social. Especialmente dramática es la situación de las pensiones. Este derecho ha sido pulverizado tanto por aplazar la edad del retiro, volviendo a los trabajadores una mula de carga del capitalismo hasta la tumba, como por convertir los fondos sociales en fondos manejados por grupos financieros privados. Nuestros fondos de pensión, arriesgados en la lotería de la bolsa de valores, se transforman de un derecho a una fuente de capital para la explotación de nuestra misma clase. La eliminación de las guarderías y otros elementos que socializaban el trabajo doméstico son un retroceso en los derechos y avances de la mujer proletaria. Sobre la base de la producción social y la acumulación de capacidades de la Nueva Economía se financiará un Sistema de Previsión Social cada vez más amplio y multifacético.

Por lo tanto, proponemos:

• Recuperación de una Bolsa Central de la Seguridad Social, financiada tanto con las aportaciones obreras como con la riqueza aportada por el Sector Social, y que tenderá a su crecimiento. El manejo de la Bolsa Central de la Seguridad Social será uno de los temas que deberá regular el Plan Nacional de Desarrollo.

• Regreso al sistema de jubilación y reducción general de la edad mínima de jubilación a los 60 años. Esta edad puede ser menor en caso de trabajos con un mayor efecto en la salud, como minería, albañilería, manejo de productos químicos, etc. Los jubilados tendrán oportunidad de continuar laborando voluntariamente con una jornada reducida y principalmente en tareas de formación y transmisión de su experiencia laboral; sus pensiones estarán libres de gravámenes. Los jubilados contarán con instituciones sociales de cuidado especializado.

• Organización y construcción de Guarderías por centro de trabajo, con servicios de comedor y atención integral (médica, dental, psicológica, etc.)

• Transferir las funciones que actualmente conforman las labores domésticas hacia industrias sociales; atender la alimentación y el cuidado de todos los miembros de las familias proletarias a través de comedores, industrias de lavado, limpieza, mantenimiento de hogares, etc., accesibles para las y los trabajadores a través de un porcentaje de sus salarios.

• Trabajos pesados, horas extras y jornadas nocturnas quedan prohibidas para menores de edad.

• Inspecciones de condiciones laborales, seguridad e higiene realizadas por consejos electos por los trabajadores.

• Participación de la asamblea de trabajo en las contrataciones y despidos.

• Expropiación, socialización y/o edificación de nuevo balnearios, centros de descanso, rehabilitación, etc., para garantizar que el merecido descanso sea un derecho y una realidad para los productores de la riqueza y no un privilegio de los parásitos sociales.

Vivienda

Conseguir hoy una vivienda propia es un sueño casi imposible de alcanzar para nuestra clase. La especulación inmobiliaria aumenta los precios y empuja a los trabajadores a vivir en la periferia. El crédito hipotecario se ha convertido en una deuda de por vida que desangra los sueldos de aquellos que logran obtenerlo. Las constructoras hacen cada vez viviendas más pequeñas, menos seguras y más alejadas. La falta de coordinación para el establecimiento de vivienda y centros de trabajo empuja a los trabajadores a la periferia de las ciudades y los obliga a pasar varias horas al día en el transporte público. Los bancos, las inmobiliarias, las constructoras y los arrendatarios se enriquecen con la falta de vivienda digna para la clase trabajadora. Los comunistas pensamos que el Estado debe asegurar a todas las familias trabajadoras el disfrute de una vivienda digna. Esto no se puede lograr mientras la construcción y adquisición de vivienda siga siendo un negocio.

Por lo tanto, proponemos:

• Control de precios de la tierra y los inmuebles. Este dependerá de factores técnicos, como sus características, posición o equipamiento, y no de los vaivenes del mercado.

• Eliminación del impuesto predial para quienes tengan 1 propiedad. Impuesto fuertemente progresivo a quienes tengan más de 3 propiedades. Esta medida, junto a la anterior, arrancaría de raíz la especulación inmobiliaria.

• Expropiación de la industria de la construcción.

• Expropiación y/o regularización de la tenencia de la tierra para garantizar la vivienda como parte del patrimonio popular.

• Sustitución de los créditos hipotecarios por prestamos estatales. El Estado proveerá de préstamos a los trabajadores para comprar, construir o remodelar su vivienda sin el cobro de intereses, más allá de la inflación.

• Establecer un plan quinquenal para la construcción estatal y cooperativa de viviendas que responda a las necesidades de la población. Estas viviendas deberán asegurar un espacio digno, no como los actuales proyectos de vivienda de “interés social”.

• Las viviendas construidas por el Estado deben implementar medidas para el cuidado del ambiente, como el uso de paneles y calentadores solares, recolección de agua de lluvia, etc. Además, debe contemplar la construcción de elementos de integración social como parques, espacios deportivos, entre otros.

Educación

La idea de la educación en México se vende como un mecanismo de movilidad social, pero en la práctica funciona como una máquina de entrenamiento de la mano de obra acorde con las necesidades del mercado. Los planes y programas de estudio son un campo de disputa ideológico entre las distintas visiones de la burguesía, mientras aumentan las presiones del conjunto de la burguesía para eliminar los criterios científicos y críticos por un oscurantismo educativo. Estos temas se deciden burocráticamente dejando al magisterio relegado. Las escuelas se encuentran saturadas con grupos que rebasan los 50 alumnos, en muchos lugares los alumnos no tienen condiciones mínimas para estudiar, llegan sin desayunar o comer. Esto provoca que las escuelas no puedan cumplir adecuadamente con las necesidades formativas de niños y adolescentes. Frente a ello proliferan escuelas privadas patito que no cuentan con infraestructura o pedagogía, pero se enriquecen en parte por la saturación y los criterios de selección en el sistema educativo público. A nivel superior, universidades e instituciones públicas se enfrentan a una crisis financiera y de corrupción. Aumentan colegiaturas y costos administrativos que dificultan a los hijos de la clase obrera y campesina estudiar en ese nivel. Los comunistas pensamos que el sistema educativo debe contribuir a la formación del hombre y la mujer nueva, el desarrollo integral de las personas, desde un punto de vista científico y crítico, así como a la elevación de las capacidades técnicas, humanas, culturales y científicas de la población.

Por lo tanto, proponemos:

• Asegurar alimentación, transporte, materiales escolares y ropa a todos los estudiantes de los niveles básicos.

• Creación de Casas del Estudiante para el alojamiento de alumnos foráneos de nivel superior, con comedores y transporte asegurado.

• Apoyar la democratización de las Universidades e Institutos de Educación Superior, la cual deberá realizarse autónomamente por su comunidad.

• Asegurar la gratuidad de la educación pública en todos sus niveles y hasta el posgrado.

• Socialización del ámbito de la educación privada; capacitar e integrar a su personal al magisterio organizado y con plenos derechos, lo cual permitiría garantizar de manera inmediata el acceso a la educación para cerca de tres millones más de estudiantes y el desfogue relativo de las aulas saturadas.

• Basificación de los trabajadores de asignatura con más de un curso en dos periodos sucesivos, tanto de nivel básico, medio superior y superior.

• Elaboración de nuevos planes y programas de estudio en todos los niveles educativos desde una perspectiva científica y crítica, donde el magisterio debe tener un papel central; y donde las inclinaciones y capacidades de cada individuo deben fomentarse, cultivarse y aprovecharse para la sociedad mediante su orientación temprana. Estos planes deben incluir formación artística, deportiva y productiva.

• Eliminar la figura de “contrato por hora” en una nueva Ley Federal del Trabajo para los trabajadores académicos de las Universidades e Instituciones de Educación Superior o Medio Superior que se dediquen exclusivamente a la docencia, quienes deberán contratarse sin excepción por jornada completa o media jornada.

• Los alumnos de nivel superior deberán hacer servicios profesionales en actividades sustancialmente relacionadas con sus estudios, en el sector productivo o el gobierno. Esto será considerado como un trabajo temporal y recibirán un salario por ello.

• Recuperación y ampliación del proyecto educativo de las normales rurales en todo el país. Reapertura de todas las normales rurales cerradas. Asegurar alimentación, vivienda, arte, cultura, esparcimiento y ciencia en cada plantel.

Ciencia

En México la ciencia está completamente olvidada y relegada. Hay muchas mujeres y hombres dedicados a la ciencia y altamente capacitados, pero no hay puestos suficientes para que éstos realicen Investigación y Desarrollo. El actual sistema de estímulos favorece la publicación en serie, sin preocuparse del impacto. La investigación científica en el sector privado está enfocada en aumentar ganancias y reducir costos. Se ignora por completo la utilidad del potencial científico para enfrentar los graves problemas en la sociedad y el medio ambiente. Ninguno de los últimos tres presidentes ha cumplido con el decreto de destinar el 1% del PIB en ciencia y aumentarlo progresivamente. El gobierno de AMLO redujo la ya de por sí escasa inversión en ciencia para transferir los recursos a obras faraónicas, al ejército y a programas clientelares. La ciencia debe estar mandatada a contribuir a la satisfacción de las necesidades del pueblo y a la solución de los grandes problemas, pero solo los científicos mismos podrían decidir cómo lograrlo. Los comunistas pensamos que los científicos, investigadores, ingenieros, técnicos, etc., pueden desarrollar mejor su potencial creativo bajo otro modo de producir y organizar la sociedad. Sin embargo, para que eso sea de tal manera es necesario que la ciencia deje de ser un negocio, y cobre un papel central en las fuerzas productivas del país. Por lo tanto, proponemos:

• Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología, del actual paupérrimo 0.41% hasta el 3.0%

• Desaparición del actual CONAHCYT y creación de una Academia de Ciencias y Tecnología que agrupe a todos los científicos e investigadores del país. Este organismo dirigirá el desarrollo científico del país vinculando sus objetivos a los del Plan Nacional de Desarrollo.

• Transformar el SIN, transitando de un estímulo económico a un ingreso salarial que asegure estabilidad laboral a los investigadores.

• La Academia Nacional de Ciencias y Tecnología dará consultoría a todas las empresas públicas y cooperativas de la sociedad; orientará, capacitará y guiará a los proletarios, empleados, campesinos, obreros, etc., que en su área de producción propongan una innovación técnica; buscará generalizar los inventos, las mejoras técnicas, el desarrollo de nuevas fuerzas productivas, etc.

• La Academia Nacional de Ciencias y Tecnología se encargará de elevar, entre otras, la industria energética, implementando las grandes capacidades del país en el uso de energías renovables (eólica, hidráulica y solar) así como la energía nuclear y geotérmica. Además, se debe investigar para la eficiencia energética y la reducción del uso de combustibles fósiles.

• Se debe investigar cómo aplicar las nuevas tecnologías, como la Big Data, el Internet de las Cosas, la computación cuántica o la Inteligencia Artificial, para perfeccionar los aspectos técnicos y operativos del Plan Nacional de Desarrollo.

Tierra y alimentación

La política económica en México, subordinada a los tratados imperialistas, ha condenado al campo mexicano a su inviabilidad, a su destrucción, a su envejecimiento e inclusive al despoblamiento de los asentamientos rurales. La extensión de los cultivos y el volumen de la producción de alimentos básicos se ha reducido significativamente, ya no alcanzan a cubrir algunos productos necesarios; a su vez, la producción extensiva de algunos productos de exportación se lleva a cabo de manera insostenible, teniendo por únicos beneficiarios a una capa de grandes capitalistas, intermediarios, coyotes, etc. El campesino medio está arruinado, aun teniendo tierra el mercado le tritura mediante la doble presión de los costos excesivos de sus insumos y los precios insuficientes de sus cosechas. La ruina del campo se va volviendo la ruina de la ciudad, donde todos los trabajadores encuentran condiciones cada vez más críticas e insostenibles. En México la economía política imperialista nos prepara una hambruna, que en caso de verificarse será sumamente dolorosa y difícil de remontar dado que inclusive se pierde la continuidad del factor humano con conocimiento y habilidad al respecto.

Por lo tanto, proponemos:

• Salvaguardar el carácter colectivo de la tenencia de la tierra, que preserva su carácter ejidal o comunal, complementándolo con el fomento y el apoyo financiero y técnico para la producción colectiva mediante cooperativas que atiendan la vocación agraria específica de cada núcleo.

• Socialización de las grandes empresas agroindustriales, incorporándolas directamente al Plan Nacional de Desarrollo.

• Fomento y apoyo para la conformación de empresas agroindustriales cooperativas y mixtas en los núcleos agrarios.

• Política de una redistribución más armónica de la población mediante incentivos materiales y económicos. La sociedad requiere y requerirá alimentos, el campo requiere trabajadores, y los trabajadores requieren servicios médicos, educativos, culturales, etc. El campo, bajo la Nueva Economía, puede ofrecer incluso condiciones más holgadas de vivienda, ritmo de vida, etc., que la propia ciudad.

• Conformación de bodegas que pongan a disposición de manera accesible maquinaria, insumos, semillas, pie de cría, herramientas, etc. El problema de la contaminación por fertilizantes como el glifosato no se resuelve mediante la elaboración artesanal de biofertilizantes por los productores, sino estableciendo una industria estatal que los produzca masivamente.

• La Academia Nacional de Ciencias y Tecnología tendrá como una de sus orientaciones volver a los campesinos cooperativos y a los trabajadores del campo los dueños colectivos de la tierra y la tecnología. La ciencia de materiales, la nanotecnología, los drones, la automatización, la biotecnología, la inteligencia artificial, etc., deben volverse mecanismos para permitir una vida más holgada de los trabajadores del campo y la plena seguridad alimentaria del país.

Agua

La gestión del agua se ha vuelto uno de los grandes problemas nacionales y una descarnada faceta de la lucha de clases. La irracionalidad capitalista es la causa de origen del cambio climático; de la concentración desproporcionada de la población en unas cuantas ciudades; de la utilización de la mayoría de los ríos como canales de desecho de la minería, la industria, las inmobiliarias, etc.; de la desinversión generalizada en las redes de agua potable pública para redirigir esa riqueza a las necesidades de los capitales y fomentar su privatización; del acaparamiento de las concesiones y cuotas del volumen del agua por parte de las grandes empresas combinadas. De tal manera que en ciudades como Monterrey, Guadalajara, etc., la población entera de la ciudad se ve privada del vital líquido, descendiendo a una situación inhumana, mientras empresas como las cerveceras, vitivinícolas o de la llamada industria de la hospitalidad no se inmutan, no se paralizan y utilizan 100 veces más agua que lo requerido por millones de habitantes.

Por lo tanto, proponemos:

• Preservar de manera irrestricta el carácter público y social del agua, así como su control por el Poder Obrero. Suprimir cualquier forma mercantil de la misma, expropiando las empresas embotelladoras, de pipas, etc.

• La gestión local del agua debe apoyarse en formas organizativas que incentiven la participación activa de la comunidad, como por ejemplo en comités o asambleas de agua potable.

• El Plan Nacional de Desarrollo debe tomar en cuenta factores como el cambio climático, el estrés hídrico, la sequía, etc., y por tanto aumentar la eficiencia de los procesos productivos que utilizan el recurso hídrico en cada rama; dedicar esfuerzos de ingeniería ambiental para recuperar bosques, zonas de escurrimiento, etc.; realizar las obras de reingeniería urbana para incorporar el aprovechamiento del agua pluvial, lo mismo en la industria estatal de vivienda.

• La Academia Nacional de Ciencias y Tecnología estudiará e implementará el aprovechamiento de fuentes de agua como la desalinización, la condensación de la humedad ambiental, etc.

 

Gobiernos locales

¿Qué proponen los comunistas que se presentan a las elecciones locales y municipales?

Siendo que las transformaciones radicales requieren de dirimir la cuestión principal de la revolución, a saber, la cuestión del poder –¿En manos de qué clase social está?–, es natural que donde mejor se expresa el programa sea en el terreno de las elecciones federales. Los comunistas que se presentan a las elecciones locales, apoyados en la agrupación de fuerzas sociales que expresan el frente anticapitalista, antimonopolio y antiimperialista, deben responder qué concepción los guía para competir por ocupar esas posiciones.

En primer lugar, debe usarse la campaña misma para reflejar en las prioridades locales el programa nacional, pues debe agrupar en esa clave. Los comunistas conciben la ocupación de tales posiciones de gobierno locales no como la panacea o la solución de raíz a los grandes problemas que requieren de una transformación revolucionaria; pero sí como centros o trincheras de resistencia u ofensiva ante el poder de los monopolios, en tanto continúan acumulando las fuerzas del Partido y de tal alianza.

Para los comunistas cada localidad, colonia, municipio y estado donde encabecen la administración representa una posición que debe defenderse contra el orden social existente hasta lograr la revolución en México. Para defender esta posición sólo podemos confiar en la organización de los trabajadores. Para los comunistas el objetivo principal de la administración local es esencialmente abrir canales para la participación del pueblo en la administración, a medida que comprende cada vez más su postura organizada. Los trabajadores que puedan acceder a más oportunidades y plataformas serán más conscientes de proteger esta posición frente al orden social capitalista. Dondequiera que los comunistas obtengan una posición, el pueblo tendrá voz en las administraciones locales a través de canales como las representaciones de barrios, distritos, escuelas y centros de trabajo, la conformación pues de Consejos Obreros y Populares.

Los comunistas aspiran al bienestar y la prosperidad de los sectores populares en las administraciones locales. Los gobiernos locales en este orden social se centran en la acumulación de las ganancias. Los comunistas empezarán por dispersar las mafias que rodean a los gobiernos locales en torno al lucro. Ningún patrón o contratista podrá utilizar a los gobiernos locales encabezados por comunistas para sus ventajas e intereses. El único objetivo es aumentar el nivel de vida de los trabajadores. Todas las actividades de los gobiernos locales se planificarán de acuerdo con las necesidades del pueblo. Así fuese un centavo el que se administre, ese centavo debe estar sujeto a los principios de planificación con participación popular, transparencia y rendición de cuentas frente al pueblo.

Se utilizarán todos los medios disponibles para el acceso de los trabajadores a condiciones saludables y contemporáneas de vivienda, transporte, educación, cultura y recreación. El objetivo principal es proporcionar a los trabajadores condiciones de vivienda saludables y seguras, instalaciones educativas, transporte público seguro y oportunidades para actividades recreativas y vacaciones. Sólo con la lucha de los comunistas en las administraciones locales se podrán proteger y mejorar las zonas verdes frente a los especuladores.

El gobierno de los comunistas en las administraciones locales significa el desarrollo de una cultura que fortalece el colectivismo y la solidaridad. Una de las tareas principales de los comunistas en las administraciones locales es crear entornos donde los niños, jóvenes y adultos puedan mejorar juntos. Una red amplia y de fácil acceso a bibliotecas, centros científicos para niños y jóvenes, teatros para obras que escribiremos y representaremos juntos, coros y orquestas donde aprenderemos y cantaremos nuestras canciones, series de conferencias que explicarán cómo utilizar la ciencia en beneficio de los trabajadores, y las actividades deportivas colectivas serán los instrumentos de esta cultura de vida colectiva.

Los trabajos de los comunistas en las administraciones locales también serán una barrera ante la expansión del consumo de drogas. Los comunistas tomarán medidas para proteger a nuestra juventud contra los ataques corruptores de este orden social contrario a los trabajadores, contra el uso de drogas y cualquier tipo de degeneración.

Se crearán facilidades para la igualdad y la libertad de la mujer. Una de las responsabilidades de las administraciones locales comunistas es establecer jardines de infancia en los lugares de trabajo y en los barrios; apoyar la participación de las mujeres en la vida pública fuera de sus residencias y protegerlas contra la violencia. Los comunistas tienen una importancia determinante en la creación de posibilidades adicionales para el empleo de las mujeres como trabajadoras con iguales derechos.

Trabajaremos para proteger y promover la salud. Los problemas básicos de salud del pueblo, la seguridad del agua potable y de los alimentos, la salud escolar, la salud deportiva y las cuestiones del reciclaje y los desechos sólo podrán resolverse si los comunistas adquieren influencia en las administraciones locales.

El establecimiento de cooperativas de consumo y producción catalizará positivamente la vida de los trabajadores. Solo los comunistas pueden estimular las cooperativas de productores de acuerdo con las características del consumo y las localidades relacionadas contra el encarecimiento impulsado por las grandes cadenas comerciales y las relaciones de libre mercado.

Los gobiernos locales comunistas no serán “corporaciones” que se comporten frente a los trabajadores como un patrón. No habrá contradicción entre los jefes comunistas y los trabajadores que trabajan para los gobiernos locales; los trabajadores participarán en los procesos de toma de decisiones en una posición en la que lucharán por objetivos comunes en nombre de la emancipación de la humanidad.

Los comunistas deben poner fin al mecanismo de subcontratación y precarización impuesto a las administraciones locales bajo el disfraz de servicio, que sólo busca cumplir los intereses de los capitalistas. Los comunistas rechazarán el mecanismo de subcontratación impuesto a los gobiernos locales durante las últimas décadas; así como pondrán fin a todas las implementaciones que han convertido las obras en un campo de explotación rentable en beneficio de grandes y pequeños capitalistas.

Los comunistas no permitirán el racismo, el fundamentalismo religioso, el sectarismo y otras formas de desigualdad en las administraciones locales. Los gobiernos comunistas no tendrán lugar para enfoques que clasifiquen a los trabajadores como ciudadanos de segunda clase por sus idiomas, raíces étnicas, sexo o creencias. Los comunistas no permitirán el abuso de la religión en las administraciones locales, sino que adoptarán un modelo laico de administración y organizarán la fraternidad, la paz y la unidad.

En las administraciones locales se establecerá una relación con la idea social basada en la libertad y la igualdad. No importa en qué ciudad, distrito o pueblo los comunistas tomen la iniciativa, siempre tendrán presente que son responsables ante todo el país y toda la humanidad; que todo lo que hacen tiene significado como parte de la lucha por iluminar el futuro de nuestro país y el mundo; que sus decisiones locales tienen impacto a escala de la lucha nacional e internacional.