Del proceso penal contra siete estudiantes, a la desaparición de la licenciatura en Ciencias Políticas

Por: Ángel Chávez

Los siete estudiantes acusados por las autoridades de la Universidad de Guanajuato (UG), siguen la lucha contra el autoritarismo de su Universidad que los acusó ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, de daños a edificios públicos durante las protestas de septiembre de 2023.

Estarán el miércoles y jueves en Ciudad de México en reunión con dependencias de gobierno y colectivos estudiantiles, demandando el cese a la criminalización y el retiro de las acusaciones penales. Anuncian conferencia de prenda el día jueves a las 12 en CDMX, lugar por confirmar.

Antecedentes

El 11 de septiembre del 2023 surgió un movimiento estudiantil en la Universidad de Guanajuato (UG), en contra de los procedimientos antidemocráticos de elección de autoridades universitarias, en este caso la imposición de la rectora Claudia Susana Gómez López. Sin embargo, en medio de esta movilización se hicieron explicitas las problemáticas de múltiples carreras y dependencias de la UG, lo que derivó en un movimiento estudiantil que recogió las demandas de múltiples sectores de la UG y principalmente de los estudiantes.

La protesta implicó la toma del edificio central del campus Guanajuato de la UG, acción que hoy es criminalizada por las autoridades de la UG usando como medida de represión al movimiento estudiantil una denuncia penal contra siete estudiantes que participaron en las acciones de protesta de septiembre del año pasado, la acusación que les imputan es: daños a edificios públicos y bienes con valor artístico. Rodrigo, Desiree, Frida, Alonso, Valeria, Armando e Ignacio son los siete estudiantes imputados por las autoridades universitarias, esto pese a haberse firmado un acuerdo de no represión contra los participantes del movimiento estudiantil.

El 15 de febrero del presente año, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato notificó a los estudiantes que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, les notificó que se había abierto un proceso en su contra y serían llamados a audiencia. Aunque las autoridades de la UG intentan deslindarse de las acusaciones en contra de los jóvenes, es evidente la complicidad de éstas con la Fiscalía, y el interés político de las autoridades de reprimir la movilización estudiantil.

El cierre de la licenciatura de Ciencias Políticas

Los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la UG, el 11 de marzo se reunieron en una asamblea para tratar el tema de la no apertura del registro de aspirantes para cursar esta licenciatura en el campus de Guanajuato de la UG.

Luego de un retraso de alrededor de 15 días en la apertura de inscripciones, la primera versión dada por las autoridades fue que había problemas para habilitar la plataforma digital para las inscripciones de nuevos alumnos a la carrera. No obstante, esta versión fue desmentida y se ha confirmado que el objetivo de las autoridades Universitarias es cerrar la licenciatura de Ciencias Políticas.

Ante tal acontecimiento, la comunidad de estudiantes y profesores reunidos en la asamblea han decidido su oposición a tal medida, que fue implementada de forma arbitraria por la Universidad, sin haber consultado a la comunidad de estudiantes y profesores. En los siguientes días un grupo de académicos y la asamblea de estudiantes entregarán cartas a las autoridades universitarias, exigiendo que se aclare la situación y se abra la inscripción para la carrera de Ciencias Políticas.

La comunidad de la UG espera que las autoridades atiendan la situación y peticiones en no más de 24 horas, y derivado de la respuesta de las autoridades, los alumnos y académicos formulará un plan de acción para oponerse al cierre de esta carrera.