Por: Nina Velarde

Desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mediante el plagio de tesis consiguen el título de abogados, hasta el desmedido descaro de la influencia del Ejecutivo, queda más que claro que el poder judicial es un circo que responde a los intereses del grupo burgués que más le conviene.

En días recientes, el presidente López Obrador anunció una serie de reformas al poder judicial bajo el argumento de que estas instituciones estaban cooptadas por la delincuencia y la corrupción. La ironía de esto, es que Obrador no flaqueó al afirmar que “de manera respetuosa, influía sobre las decisiones del ex ministro Arturo Zaldívar”, lo cual claramente es una violación a la supuesta independencia y autonomía del poder judicial de la federación.

Aún si eso fuera poco, ante la renuncia de Zaldívar como presidente de la SCJN, en dos ocasiones el Senado rechazó la terna propuesta por Obrador debido a que las relaciones entre el presidente y las candidatas eran obscenamente alineadas con la agenda del partido MORENA. A pesar de que la actual presidenta Norma Piña haya mostrado ciertas barreras ante las peticiones del ejecutivo, es claro que el poder judicial no cuenta con autonomía para hacer efectivo el contrapeso de poder frente al cacicazgo obradorista.

La discusión sobre las reformas al poder judicial se ha extendido meses, y ello es un reflejo de la pugna interburguesa que se presenta en el panorama nacional. En las propuestas de modificación, la discusión no reside en que la clase obrera y los sectores populares tengan garantizado el acceso a la justicia, sino la distribución del poder entre los mismos actores de siempre.

Es claro que estas reformas tienen un interés electoral, la propuesta que Obrador pinta como la más democrática es que, tanto a ministros como a magistrados y jueces sea el pueblo mediante la elección quien los elija, pero si la democracia burguesa es la única posible en este país, es imposible que el interés genuino de las víctimas pueda ser escuchado y defendido a través de órganos cooptados por el populismo, y de funcionarios carentes de preparación.

Ser ministro no garantiza capacidades de gobierno judicial, y con décadas de evidencia empírica con las gestiones del PRI, PAN y MORENA, a la clase trabajadora ha de quedarnos más que claro que, mientras el poder judicial sea compuesto por representantes de la burguesía, este no será un órgano autónomo, pues tanto jueces y magistrados ni siquiera cuentan con los conocimientos necesarios para el desempeño público y, además, en cada ocasión donde haya que dictaminar, las decisiones siempre son tomadas en beneficio de los empresarios. Será imposible conseguir un verdadero sistema de acceso a la justicia en un país como México, con altos niveles de desigualdad y pobreza, mientras la agenda de la burguesía se mantenga imperando en la política nacional.