Por: Héctor Ramírez Cuéllar

La semana pasada el INE ordenó a la Presidencia de la República que modificara o suprimiera los contenidos de cinco conferencias mañaneras en las cuales el licenciado Andrés Manuel  López Obrador realizó un abierta crítica a varios candidatos de oposición, no obstante que  de una manera clara e indubitable   la ley de la materia prohíbe a ese funcionario intervenir en los procesos electorales. El Presidente dijo que con estas medidas  se estaba violando sus derechos a la libre expresión y al uso del derecho de réplica, pero el INE desestimó estos argumentos y    se mantuvo en su postura original.

Más tarde se informó que el Presidente tiene acumuladas 330 amonestaciones por parte del INE y ratificadas por el Tribunal Electoral en donde 5 magistrados están  realizando una acumulación de violaciones cometidas por ese alto funcionario desde hace por lo menos año y medio y que sobre  la  base de este procedimiento se  procederá a realizar la  calificación de la  elección presidencial ,de conformidad con el artículo 99 de la Constitución en cuyo precepto legal también se establece que esta calificación se efectuará una vez que se resuelvan las impugnaciones que se han presentado durante el proceso electoral.

Se está efectuando esta evaluación por parte de los magistrados ya señalados los cuales, desde luego, están sujetos a grandes presiones políticas, no obstante que están actuando de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, argumentando que en realidad están preparando un “golpe de estado  técnico”, lo cual constituye  un planteamiento absurdo  ya que si existe un proceso jurídico que tiene desde sus inicios profundos  y graves  vicios  ,  de conformidad con los cuales, los resultados  serían igualmente ilegales, inaceptables, ya que se han  vulnerado de una manera sistemática las leyes de la materia.

Desde hace año y medio, las irregularidades que se han presentado, por parte de Morena desde el punto de vista formal pero de una manera real, por parte del gobierno y específicamente por parte  del Presidente, han sido las siguientes:  inicio anticipado de las campañas electorales, nombramiento del principal candidato de MORENA, por parte de este alto funcionario , realización de una campaña de propaganda permanente a su favor utilizando los recursos cuyo origen se desconoce de una manera legal,  personalización de las  campañas, intervención constante del Presidente en en la contienda apoyando a   esos candidatos y atacando a los de la oposición   e injerencia de  funcionarios públicos en dichos procesos, lo cual confirma que no existe equidad,  imparcialidad, neutralidad,  en la campaña que  está  marcha ya que titulares de los órganos  de gobierno están actuando abiertamente y públicamente a favor del partido oficial.

La campaña electoral ha padecido vicios de origen muy grandes ya que al anticiparse realmente la contienda se rompió con  la normatividad  actual y  los candidatos de Morena tuvieron la oportunidad de realizar  muchos actos políticos, distribuir  grandes cantidades  de propaganda, constituir   una estructura interna de simpatizantes y equipos de trabajo.  Si bien el INE emitió muchas amonestaciones, las llamadas medidas cautelares, esas fueron ineficaces para evitar las conductas  delictivas  ya que estas siguieron  ocurriendo una y otra vez, siendo el Presidente el principal  y más  grande  transgresor    de las normas legales, y  hasta la semana pasada, no se respetaron esos formalismos, que marca la legislación  de la materia ya que en la realidad, en la práctica, y a la  vista  de todos, se efectuaron acciones   políticas de facto, es decir, desde posiciones  de poder y en forma unilateral lo que significa que no se respetan a  los órganos electorales  ya que no tienen capacidad jurídica ni política para aplicar sus resoluciones.

Si de conformidad con las violaciones reiteradas, el Tribunal Electoral, mediante el método de la acumulación,  anula los resultados del 2 de junio se producirá  un serio y grave conflicto político ya que el Presidente,  principal responsable e  implicado, de acuerdo con los antecedentes de su conducta, no acatará esta resolución, pero si el órgano electoral máximo, cuyas resoluciones son definitivas  e inatacables,  es decir, no aplica la penalización    correspondiente, se extenderá un manto de impunidad política para el actual y el siguiente gobierno ya que podrá incurrir  en la mismas prácticas, estando  consciente  y seguro de que no sufrirá  sanción alguna,  apareciendo  un   precedente  político profundamente antidemocrático, la de un gobierno que se impone por encima de todos los demás protagonistas políticos.