Por: Alfredo Valles, miembro suplente del BP del CC del PCM

 

El 30 de abril del presente finalizaron los trabajos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión. Con ello se confirma la negativa de la burguesía a la iniciativa legislativa de reducir la jornada laboral; desestimada como decenas de previas iniciativas legislativas similares.

Si durante cerca de 2 años esta iniciativa fue pospuesta y sometida al más amplio escrutinio y desaprobación empresarial, sin resultado favorable para la clase obrera, cabe preguntar ¿ha sido un completo despropósito el debate político y social en torno a tal iniciativa? ¿Acaso la burguesía o la clase obrera han obtenido algunos réditos de todo esto? Tomemos como base para responder a estas preguntas los discursos y compartimientos manifiestos en el Foro “Reducción de la Jornada Laboral y Protección de los Derechos Laborales”, celebrado en la Universidad de Tijuana (CUT) el 15 de abril y transmitido a nivel nacional a través del Canal del Congreso.

Además de congresistas de Morena; intervino Susana Prieto Terrazas, promotora de la iniciativa; participaron miembros de la Industria Maquiladora de Exportación; académicos y diversos organismos sindicales de carácter corporativo. Una minoría de la audiencia fueron trabajadores simpatizantes de la medida o miembros de sindicatos minoritarios.

Algunos diputados presentes hicieron afirmaciones cuyas conclusiones naturales son que el problema no es el capitalismo sino “la deshumanización” y que el actual gobierno es “humanista”. Su endulzamiento de la iniciativa consistió en que ésta permitiría a los empresarios tanto mayor productividad como mayor rentabilidad.

Los monopolios fueron interlocutores principales –como lo fueron a lo largo de los dos ciclos de parlamento abierto al respecto–. En este caso destacó Hyundai Motor Group– con plantas en Baja California–, parte del capital sudcoreano que en esta entidad tiene importante poder político; y del cual México es primer socio en América Latina.

Jesús Jiménez, de Hyundai, estableció que ellos tienen como objetivo las mayores ganancias posibles. Su intervención dejo ver que ellos consideran que la relación obrero-patronal se restringe a las decisiones de este último actor. La iniciativa, afirmó, reduciría en 20% su producción actual. Ante ello su alternativa sería: mayor automatización, despidos masivos, flexibilidad laboral y mover plantas a mercados con menos costos de capital.

Esta intervención no fue la única favorable a los capitalistas, pero sí la que exteriorizó las amenazas de éstos ante una hipotética aprobación de la medida tal y como fue presentada originalmente. Desde el campo de los explotadores también intervino la CROC, a través de la representante del Sindicato Nueva Cultura Laboral, así como abogados laboralistas y especialistas en desarrollo regional.

¿Ha sido entonces un despropósito el debate político, económico y social sobre esta iniciativa? Para la clase obrera sí, puesto que finalmente durante cerca de dos años el proyecto fue pospuesto y descartado. No ha sido un despropósito en el sentido de que la burguesía logró cautivar y engañar a las y los trabajadores con simples promesas de reformas sociales.

Para la burguesía ha sido, además, de amplia utilidad todo este debate. Pues el mismo se convirtió en la oportunidad de desahogar los diferentes puntos de vista que al interior de la clase capitalista existen acerca de cómo desarrollar a corto y largo plazo su propio modo de producción. Matices diversos que confluyen en la inviolabilidad de una feroz explotación.

La burguesía, con su variada gama de actores, atesora un fruto de la iniciativa por sí sola: atar a la clase obrera a su regazo, conservarla esperanzada en que su explotador será también su benefactor. En todo caso, el consenso de todas sus fuerzas políticas es que una reforma como ésta debe ser tanto gradual como inocua para la clase obrera.

Por ejemplo, Movimiento Ciudadano sugirió en el Congreso que de aprobarse se aplicara ¡hasta el año 2031! En el Foro las recomendaciones fueron: dos años para concretar su aplicación, en el caso de la micro, pequeña y mediana industria; y un año para el caso de la gran industria. O, en el peor de los casos, diferirla de tres a seis meses para esta última.

Los intelectuales del obradorismo fustigan a sus rivales de la coalición PRI-PAN-PRD por externar, por boca de su candidata presidencial Xóchitl Gálvez, que la iniciativa se aprobara con medidas compensatorias a los empresarios. Y, sin embargo, en el Foro organizado por Morena y Susana Prieto en Tijuana esta fue justo la tónica.

Por ejemplo, los representantes de los monopolios clamaron por fortalecer a los empresarios nacionales y a la industria mexicana y fijar nuevas normas: entre ellas, reducir llegalmente el actual costo de las primeras 20 horas extras de labor en un 50% y fijar una menor responsabilidad patronal ante el IMSS en las contrataciones por medio tiempo.

En general la burguesía se encuentra en el debate sobre si continuar priorizando la extracción de plusvalía absoluta, es decir la plusvalía por la ampliación de la jornada de trabajo, o abrir un proceso nacional, que reclamaría mayor tecnificación y automatización con cargo a un mayor gasto de capital constante, para ampliar la cuota de extracción de plusvalía relativa, es decir: menos horas, pero una explotación cualificada y más intensa.

Aquí es donde todos los trabajadores y la clase obrera podemos ver que aun cuando se hubiera aprobado la iniciativa, o se apruebe una en estos términos en un futuro, ésta será la forma que revista el recrudecimiento de la explotación en el país.

¿Por qué debate todo esto la burguesía? Para procurar ponerse a tono con sus aspiraciones a mayores cuotas de plusvalía y mayor protagonismo a nivel mundial en el sistema capitalista.

La burguesía ha utilizado todo este asunto para dirimir a su interior un tema clave, solo de interés para sí misma: continuar con la tesis salinista de que es conveniente la inexistencia de una política industrial compartida por el conjunto de la clase dominante, o si es necesario un consenso para una política industrial como guía del desarrollo por venir.

La iniciativa ha sido muy útil para la burguesía pues también ha permitido “purificar” y “maquillar” a los sindicatos amarillos y de colaboración de clases. CROC, CROM, CTM, aliados de Susana Prieto en la iniciativa y de cara a CATEM, han sido revestidos de una apariencia o imagen distinta a la habitual y más amable ante la clase obrera, no obstante son actuales titulares de la protección patronal y la rapacidad capitalista en los centros de trabajo.

Finalmente, para Susana Prieto todo este embuste es una situación de ganar-ganar a su favor. Su defensa de una causa legislativa abortada hace meses le ha granjeado mayores simpatías obreras. Por otro lado, la hace más cara como cuadro político a ojos de la burguesía; misma que en Susana tendrá un sacerdote más calificado para gestionar y contener el ímpetu y la organización futura de las y los trabajadores en escenarios de mayor lucha de clases.

Solo la burguesía, los explotadores contemporáneos, han tenido réditos de todo este tema de la reducción de la jornada laboral. Obrador, con su negativa apenas disimulada a la misma, ganó aún más puntos ante toda la burguesía. Todos los partidos burgueses, una inmerecida publicidad electoral. Y la burguesía como tal, otro consenso unánime a su favor.

Los comunistas sostenemos la bandera de una jornada laboral de 35 horas semanales. Pero no por mediación o como resultado de las maniobras de la burguesía y sus fuerzas.

Solo las y los trabajadores, en su lucha organizada contra la explotación capitalista –y no como resultado de la gestión oficial de dicha explotación–, pueden lograr esta y otras conquistas.