Sofía Julieta Damián Mendoza

En el capitalismo, la educación deja de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía, tanto en las escuelas privadas como en las públicas. En este contexto, todo lo que rodea a la educación se cosifica, incluyendo a las maestras, quienes sufren una explotación sistemática y deshumanizante. Sobre todo, en las escuelas privadas que proliferan en cada esquina como los Oxxo, tratan a las educadoras como meros instrumentos de rentabilidad, anulando su humanidad y su valor como trabajadoras.

En México, hay una gran cantidad de instituciones de educación inicial, preescolar y universidades privadas, entre otras. En estos centros, la realidad supera la ficción, las maestras sufren una precariedad laboral extrema. No cuentan con contratos laborales formales; según un sondeo, el pago promedio por hora es de $70, lo cual apenas alcanza el salario mínimo establecido por la ley. Además, no tienen acceso a prestaciones, seguro médico y deben cubrir los gastos de los materiales didácticos necesarios para su labor. A esto se suman los malos tratos de los directivos, una carga excesiva de trabajo, la exigencia de cumplir con tareas ajenas a su rol docente. Sus ausencias por cuestiones médicas son cuestionadas y en ocasiones hasta penalizadas.

El trabajo de un docente no termina cuando suena la campana. Es una labor extenuante, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que incluye la preparación de clases adaptadas al contexto sociocultural y a las particularidades de cada alumno. Es evidente que no podemos encasillar a los estudiantes en un solo modelo de enseñanza. Algunos alumnos tienen necesidades de aprendizaje especiales, lo que requiere métodos diversos para asegurar un proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje. Otros pueden tener problemas de actitud que afectan tanto a los docentes como a sus compañeros, creando un ambiente conflictivo en el aula. Esta situación genera un desgaste físico y emocional en los profesores. En las instituciones privadas, a menudo se priorizan los recursos económicos sobre la creación de un entorno de trabajo óptimo y digno para la enseñanza.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revela que hay más maestras que maestros en la educación básica, y esta tendencia se mantiene en otros niveles educativos. Las escuelas privadas son focos rojos por la violación sistemática de los derechos laborales. Sin embargo, estas mismas escuelas atraen a miles de jóvenes que buscan su primera experiencia laboral en el ámbito docente, perpetuando el ciclo de la explotación.

Aunque hay docentes de ambos géneros, este artículo se centra en las mujeres, especialmente en aquellos niveles educativos donde predominan, como guarderías, preescolares y primarias. En muchas instituciones privadas, las maestras a menudo no cuentan con prestaciones ni derechos laborales adecuados, lo que dificulta su derecho a la maternidad y las hace preguntarse si pueden formar una familia sin el temor de perder su empleo.

Los dueños de estos centros educativos se enriquecen a costa de un derecho, mientras que las maestras y los alumnos sufren las consecuencias. Esta situación no cambiará mientras prevalezca el capitalismo, un sistema que favorece la acumulación de riqueza en manos de unos pocos a expensas de la explotación de la mayoría. Por ello, es necesario que en las instituciones privadas se organicen los docentes para exigir los derechos laborales que les corresponden. La organización, la solidaridad entre las trabajadoras de la educación son esenciales para combatir la precarización y asegurar que la educación vuelva a ser un derecho humano y no una mercancía.