HÉCTOR RAMÍREZ CUELLAR

Desde el punto de vista procesal, las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio han entrado al periodo de las controversias y de las disputas legales en las cuales el principal protagonista seria el Tribunal Federal Electoral quien deberá resolver en forma definitiva  e inatacable, sobre la validez de  elecciones .  El INE  ha documentado que las diferencias cuantitativas son muy grandes a favor de la  candidata oficial y de que por lo tanto nada se puede hacer en contra de la  validez general de los comicios, no obstante que en  este proceso, ilegal y accidentado, se han presentado 432 impugnaciones por parte de los partidos y los candidatos, a las cuales no se les concede ninguna gravedad e importancia.

La principal deformación en la que ha incurrido el INE consiste en que establece una separación en el proceso electoral propiamente dicho y las resultados finales, menospreciando el hecho de que se trata de un proceso único, lleno de   irregularidades, que se inició desde hace  un año y medio, por lo menos, en el cual el Presidente de la  República adelantó los tiempos electorales y designó a su sucesora en el cargo, propiciando que lucha por la sucesión presidencial se efectuara al margen de la legalidad constitucional imperante, ya que todos los partidos y  candidatos, en mayor o menor medida,  actuaron al margen de las  normas, los requisitos,   los plazos que establecen  las leyes de la   materia. Por  lo tanto, las elecciones del 2 de junio forman parte culminante de  proceso amañado  y violento, ya que todas las normas legales se atropellaron e   ignoraron,  forma pública y   reiterada,  y el INE y el Tribunal nada hicieron, en forma efectiva,  por detener  este abandono total de la aplicación de las estipulaciones   que existen en ese campo y que se desacataron en forma evidente, a la vista de todos los ciudadanos.

 

Tanto el INE como el Tribunal aplicaron a táctica de “dejar hacer “ el gobierno y su aparato de control y no aplicaron ninguna medida efectiva y concreta, que reflejara  que existía  una autoridad electoral que tenía como función esencial  cumplir  y hacer cumplir las leyes  de la  materia, permitiendo la simulación y el  engaño, lo que en realidad constituyo un claro signo de debilidad política e institucional, de sometimiento al Poder Ejecutivo, lo que a su vez  produjo como  resultado político general una gran inequidad e parcialidad a favor de Morena, es decir, del aparato estatal.

Desde el momento en que el Presidente hizo pública su simpatía por su sucesora, todas las dependencias gubernamentales  federales, los gobernadores de los estados, los Presidente municipales y por supuesto, Morena, comenzaron a actuar ilegalmente  para cumplir con los deseos del jefe  máximo e indiscutido,  se ignoraron los plazos, las modalidades y  los requisitos que en esa  materia  existen y de esa forma   se inició y llevó a  cabo  campaña política  electoral abierta y sistémica, a favor de la  señora  Sheinbaum.

 

En este contexto, el propio Marcelo Ebrard denunció una serie  de  graves irregularidades           que  se cometieron en las llamadas elecciones internas de Morena , las cuales jamás fueron resueltas  o aclaradas por los órganos de ese partido. Este actitud  fue muy perniciosa : ninguna impugnación, ninguna crítica, que proviniera  no solo de parte de los  grupos y personalidades del partido en el poder sino también  incluso de actores políticos ajenos a este, fueron  examinadas o aclaradas y los órganos electorales,   en el mejor  de los casos, solo  dictaron las llamadas medidas cautelares, que eran o fueron simples  recomendaciones, que no tenían ninguna efectividad jurídica  ya  que   jamás fueron cumplidas por lo que  el Presidente  siguió  actuando todos los días, en forma sistemática,  en contra del orden legal vigente, hasta este momentos, es decir, incluso después del día de las elecciones.

En esta etapa, en la  cual todavía no termina el proceso electoral, el Presidente está  interviniendo de una manera pública  y  reiterada, sobre los resultados de los  comicios, las actuaciones políticas que deberá tener su sucesora, el nombramiento de  los miembros su  gabinete, es  decir,  está tratando de influir en la composición  y en  la orientación de la nueva administración, todo ello cuando el Tribunal  ni siquiera ha iniciado el examen sobre la validez de los resultados electorales, anticipándose así a sus  calificaciones  finales.

En este proceso se presentaron las siguientes transgresiones importantes a las leyes de la materia: realización de campañas electorales anticipadas y contumaz actitud personalizada del Presidente,   intervención constante en asuntos que no son de competencia,  lo que vulneró la  equidad  en la contienda, a favor de los candidatos de Morena,  erogación  de grandes sumas de dinero en actividades propagandísticas, injerencia de funcionarios públicos en los actos de designación  y proselitismo en  apoyo a los candidatos del nuevo oficial. Si los miembros del TRIBUNAL analizaran en forma conjunta estos delitos, si tomaran  en cuenta que se cometieron   de una manera constante,  en abierto desafío a las autoridades de la  materia, si parten  de la  premisa   de que las medidas cautelares fueron despreciadas por las autoridades involucradas,  si no se han  rendido informes sobre los enormes gastos campaña de la candidata triunfante,  si se desea sentar un precedente político importante para que en el futuro los partidos y  los ciudadanos se ajusten a las normas establecidas, la anulación de  esas elecciones tendrían un gran significado y trascendencia ya que se estaría defendiendo en la   práctica el estado de derecho  que dice que rige en nuestro país.

Los resultados cuantitativos de las elecciones presidenciales se explican en gran parte pero no de una manera completa, por el  efecto acumulativo que constituyeron  estas irregularidades y que desde hace más de  año y  medio se estaban conformando,   Morena consolidó  un ventaja política considerable, mientras el resto de los partidos todavía ni siquiera tenían  candidatos designados y cuando estos nombramientos se dieron y se  iniciaron formalmente las campañas electorales, el partido hegemónico  tenía un gran posicionamiento político y propagandístico en las elecciones ya que  entre otros factores, en el  seno de Morena se habían formado poderosas estructuras  clientelares en las que se manifestó claramente la alianza partido gobierno.