Por: Alejandro del Toral

Desde la consolidación de la República Mexicana en 1824 hasta la época de la mal llamada Cuarta Transformación, nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por la hegemonía del monopolio de la violencia ejercida no únicamente por el Estado, sino los intereses de una oligarquía que gobierna México. Sin embargo, lo que antes era un secreto a voces ahora es una verdad innegable, pese a que algunos quieran acallarlo: el narcotráfico participa como un actor más en la competencia por el poder político y económico mientras hace uso de la violencia.

Con el hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco —del cual el gobierno federal mexicano intentó deslindarse mediante la demagogia de que se buscaba atacar a la 4T con ese hallazgo, agregando que la Guardia Nacional desconoció su existencia el año pasado—, las declaraciones de políticos de MC agradeciendo al CJNG por sus “acciones por las infancias”, la represión de los normalistas de Atequiza, las deportaciones y maltratos hacia los migrantes mexicanos, la balacera en CCH Naucalpan, entre muchos otros sucesos ocurridos tan solo en este año, han demostrado un claro aumento en la inseguridad, la violencia y la precarización de la vida de los mexicanos.

Aunado a esto, en los últimos cuatro sexenios se han presentado las mismas constantes de inseguridad: la desaparición de jóvenes y periodistas; masacres, como en Sinaloa durante los Culiacanazos o en Chiapas con el avance del narcotráfico en comunidades indígenas; ejecuciones de funcionarios públicos, como el exalcalde de Chiapas, Alejandro Arcos; venta de narcóticos en escuelas, entre otros. Todo esto ha continuado a pesar de las promesas de la guerra contra el narcotráfico del PAN o de la política de “abrazos, no balazos” de MORENA.

A todo esto, algunas personas pretenden adjudicar la culpa de este problema al neoliberalismo o al “necrocapitalismo”, al cual caracterizan como la etapa consecuente del neoliberalismo, en donde la explotación asalariada y la privatización se sustituyen por la violencia de los cárteles. No obstante, casos como el de México, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos demuestran que el responsable no es una sola expresión política —dígase la socialdemocracia, el neoliberalismo o el chovinismo—, sino un sistema político, económico y cultural en el que dominan los intereses de unos pocos, sean estos legitimados por el Estado o no.

En México, mientras se limitan los derechos y las garantías de dignidad de los trabajadores, los estudiantes, las mujeres y muchas otras personas pertenecientes a la clase obrera, el propio aparato del Estado contribuye a la admiración de la narcocultura con festivales que promueven narcocorridos y series que glorifican la vida criminal, como Narcos: México, sin que el Estado se oponga a ello. Además, es el mismo Estado el que difunde la idea de que, con trabajo duro, cualquiera puede enriquecerse de forma legal o delictiva, aunque la realidad ha demostrado que esto no es más que una falacia que sigue perpetuando la explotación de la mayoría en beneficio de unos pocos, impulsada por la desesperación y la falta de oportunidades.

Los deseos de la burguesía legal (el Estado y los empresarios), así como los de la burguesía ilegal (el crimen organizado), van en sincronía, incluso llegando a pactar acuerdos, como lo demostraron los gobiernos priistas y panistas. Ejemplos de esto abundan: desde políticos como Genaro García Luna, quien fue condenado en EE.UU. por sus vínculos con el narcotráfico mientras fungía como secretario de Seguridad Pública, hasta empresarios que han sido señalados por pagar “derecho de piso” o incluso colaborar directamente con los cárteles para mantener sus influencias en el capital financiero. Esto también se ha visto reflejado en el despojo de tierras de comunidades locales en estados como Michoacán y Guerrero, donde grupos criminales y corporaciones han buscado explotar los recursos naturales de la zona, incluso cobrando la vida de inocentes en el proceso.

En estos tiempos en los que la lucha de clases se agudiza, no basta con señalar y combatir la influencia de EE.UU. o del crimen organizado en la sociedad mexicana, sino que se vuelve una necesidad crear una cultura alternativa: una cultura que fomente el estudio, el arte, el deporte, la solidaridad y la vida digna de los trabajadores. Con una cultura de los trabajadores para sí mismos, se puede combatir la influencia de las ideas más reaccionarias, entre ellas, la normalización de la violencia en México.