El gobierno de Estados Unidos se ha fijado el objetivo de tres mil arrestos por día y un millón de deportaciones para fines de año.

Desde el 21 de enero, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha detenido a más de 100.000 personas sospechosas de estar en el país ilegalmente. Hasta el momento, al 75% de los deportados no se les puede comprobar reportes criminales, y más del 50% contaban con una solicitud de asilo en proceso al momento de ser detenidos. Con tantas personas afectadas ¿Quiénes se están beneficiando de estas redadas?

Las corporaciones penitenciarias privadas controlan las prisiones en EE. UU. y, como toda compañía privada, su prioridad no es dar los mejores servicios sino obtener el máximo de ganancias. Esto, por supuesto, significa una precaria calidad de la vida para los internos con pésima calidad de la comida, precarias condiciones de salubridad y hacinamiento en las celdas. Algunas prisiones cuentan incluso con instalaciones de maquila y ensamblaje donde los presos se emplean en condiciones de casi esclavitud.

Los centros de detención de migrantes son aún peores que las prisiones, muchas de ellas, al ser “de detención temporal” no cuentan con espacios de recreación ni salas de visitas, además, estos centros se encuentran en zonas remotas, lo que dificulta la asistencia legal por parte de sus abogados y muchas veces sus familias no saben dónde se encuentran recluidos. Los presos que han pasado por un juicio y cuentan con una sentencia saben exactamente en cuánto tiempo van a salir, mientras que los detenidos en las redadas de ICE no tienen idea de cuándo saldrán, si es que logran salir.

Estos centros de detención, además de negar los derechos más básicos, son todavía más redituables que las prisiones. Los detenidos son forzados a trabajar y quienes se niegan son amenazados con “acciones disciplinarias” como privación de alimentos o confinamiento solitario. Con lo cual, la empresa tiene gastos mínimos mientras que sus contratos con ICE les garantiza un ingreso mensual fijo por reo. La burguesía implementa nuevos métodos para la vieja práctica de la esclavitud.

No debe sorprendernos que el descaro de estas empresas penitenciarias solo sea rebasado por su entusiasmo, pues calculan estar ganando más de un billón de dólares este año. Brian Evan, CEO de una de estas corporaciones, anunció en su reunión de accionistas el 7 de noviembre de 2024 que: “GEO Group fue constituido para este momento único en historia de nuestro país y las oportunidades que traerá” mientras que Damon Hininger CEO de CoreCivic afirmó en febrero 11 del 2025: “He trabajado más de 32 años (en la empresa) y este es en verdad uno de los momentos más emocionantes de mi carrera”, y no es de extrañarse que ambos hombres se sientan en la cima de su carrera cuando solo los contratos federales y estatales con ICE representan una participación de 27% para GEO Group y del 30% para CoreCivic del total de sus ingresos. Esperemos no hayan olvidado tan pronto la suerte de su homólogo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Pero a pesar de las espectaculares cuotas de detenciones diarias, estas empresas no esperan que el gobierno haga todo. Parte de sus exorbitantes ganancias es dirigida a desarrollo de software para aumentar la vigilancia y localizar más eficientemente a estos “peligrosos criminales” que son deportados por multas de tránsito, así como a gestionar reformas que dificultan los procesos de asilo y aprobación de residencias. Hoy los migrantes con procesos de asilo acuden a sus citas solo para ser arrestados por ICE.

Estas empresas penitenciarias no se restringen al territorio d e Estados Unidos sino que amplian sus contratos a América Latina, como es el caso del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, con una capacidad para 40,000 detenidos y que se publicita como un lugar del que “solo saldrán en un ataud”. Ha resaltado porque se han deportado miles de migrantes sudamericanos, la mayoría vinculados opacamente con la pandilla Tren de Aragua. En este centro hay hasta 60 detenidos por celda con un solo inodoro, compartiendo literas de acero sin colchones ni cobijas. Esta prisión destaca también por su estructura, que más que una fortaleza parece un conjunto de bodegas, lo que se refleja también en un menor costo de construcción y, por tanto, en mayor rendimiento para las tres empresas que tienen participación (OMNI, DISA y Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.), dos de las cuales son estadounidenses.

Preocupante es que el CECOT sienta un precedente para otros países hispanos que ya han expresado interés en construir instalaciones que seguirán este modelo. En enero de 2024, Ecuador anunció que construiría dos cárceles con capacidad para 24.000 reclusos, y hace solo unos días, Costa Rica anunció que iniciará la creación de una prisión basada en CECOT como parte de su colaboración con El Salvador contra las pandillas. Podemos vislumbrar cómo las corporaciones de estos distintos países salivan ante la especulación de ganancias que el mercado de encerrar seres humanos les promete.

Estas medidas nos demuestran que la burguesía ven a los trabajadores como poco más que ganado, siguen cuidadosamente la cuota de arrestos como si de métricas de producción se tratara, priorizando velocidad y volumen por encima del debido proceso y están dispuestos a arrebatar hasta el último de los derechos laborales y humanos en beneficio de sus propias ganancias. La conclusión no puede escribirse, pero puede verse en las calles de Los Ángeles donde trabajadores de todas las nacionalidades han salido a confrontar a ICE, porque sólo hay dos opciones, o con la patronal o con la clase obrera.