Por: Corresponsal de El Machete en Baja California

Los incendios en las distintas ciudades de Baja California ocurren año con año. Sin embargo, en este 2026, desde febrero a la fecha, estas circunstancias parecen cobrar mayor gravedad y extensión. En Tijuana, por ejemplo, suceden semana con semana sobre todo en los barrios populares, con el resultado de múltiples viviendas en calidad de pérdidas totales.

Uno de los últimos se convirtió en una verdadera catástrofe. Sucedió en mayo, en el asentamiento antes conocido como el Alamar o La Esperanza. Oficialmente, 40 viviendas totalmente destruidas, con decenas de familias reubicadas temporal o definitivamente. Si bien la prensa oficial solo destaca lesionados, no pueden descartarse decesos.

Tijuana, como la entidad, tiene una condición geográfica muy peculiar. Por ejemplo, su clima es predominantemente muy seco, en el 69.70% de su territorio, y seco en el 24.02% del mismo. Además, la ciudad está conformada por matorrales en al menos un 82% de su dimensión total. Estas características pueden explicar los incendios, pero no en definitiva ni en lo fundamental.

La ciudad, que según INEGI consta de 1 millón 900 mil habitantes, observa en realidad una población cercana a los 4 millones de personas. Su territorio está tupidamente ocupado. Donde está ocupado, los capitalistas asedian, desalojan o destruyen inmuebles para volver a construir para su propio provecho. Donde está yermo, se procura se mantenga así, sin ocupaciones populares, en vísperas de su urbanización. Este es el escenario en que los grandes capitalistas participan.

Los cerros, las cuencas, los cañones llenos de matorrales están también ocupadas, pero por obreros, mujeres trabajadoras y trabajadores a cuenta propia. No tienen otra opción. De eso se aprovechan quienes lucran con el suelo en complicidad con el gobierno. Este suelo, que debe ser irrigado constantemente y no cuenta siquiera por ley con ese derecho, carece de agua y servicios.

Millones de mujeres y hombres trabajadores se ven obligados a vivir en geografías precarias y áridas, llenas de peligros sociales y naturales. Ganan funcionarios, líderes de organizaciones afines a los capitalistas y todo tipo de ambiciosos sujetos. Sumemos a eso que la vida cada vez más cara hace que los materiales de las viviendas autoconstruidas sean humildes y por ende vulnerables.

Y no es solo que las autoridades municipales y estatales eviten e impidan todo derecho popular y efectivo a la vivienda. Cada vez más personas trabajadoras necesitan una vivienda, y esta es más escasa, cara, lejana, precaria o disputada. En zonas en donde, por más periféricas que resulten, aparecen los apetitos de los capitalistas industriales, inmobiliarios o del narcotráfico.

La gran economía comercial e industrial de Tijuana, con su dinámica centrada en las exportaciones o, recientemente, con el establecimiento de enormes almacenes o centros de distribución como Amazon y Mercado Libre, no solo apura carretadas de seres humanos a esta frontera, sino que la cada vez mayor presencia, competencia y poder conjunto del capital hace aún más difícil vivir en la ciudad con techo, salud, alimentos, cultura, arte, ocio y demás satisfactores.

Históricamente se habla de las ocupaciones masivas del suelo para vivienda autoconstruida en Tijuana durante las décadas de los ochenta y los noventa sobre todo. Efectos de ello aún existen en la ciudad. Pongamos dos casos, la gran comunidad de Maclovio Rojas Márquez lleva cerca de 40 años sin ver la tenencia de la tierra regularizada para las familias obreras y populares que la habitan, en constante asedio por propietarios privados organizados y el gobierno de Morena en el estado. El segundo caso, la “invasión” en el Cañón del Padre o Colonia “La Esperanza”, en la Vía Rápida Alamar Sur. Lo que era un territorio de bosques, arroyos y ríos, luego uno de vivienda precaria, cada vez más se convierte en un territorio de parques industriales y el inmenso almacén de Amazon a espaldas del caserío de madera con “diablitos” para la luz. Una gigantesca columna de humo, ahí mismo, destruyó las viviendas que se encuentran a minutos del cruce fronterizo.

Sea el pico o ladera de un cerro, como ocurrió al respecto de los tres incendios en la colonia Colinas en un solo día durante la primera semana de mayo, sea en los cañones de la Delegación Sánchez Taboada o en las vecindades de la llamada Zona Norte de Tijuana, el común denominador es el incendio de viviendas populares o la silenciosa y permanente amenaza sobre éstas.

Sea el narcotráfico por interés propio o como ejecutor, sean los grandes capitalistas inmobiliarios, industriales o comerciales, sus acciones y sus apetitos para acrecentar, monopolizar o controlar el uso y provecho del suelo agravan las terribles condiciones de vida de las y los trabajadores, a través de incendios u otras calamidades. Mientras, los gobiernos de la ciudad y la entidad obtienen beneficios, dejan hacer y pasar, permiten incendios provocados o “naturales”.

Frente a estas circunstancias se requiere organización consciente y combativa en barrios populares y centros de trabajo. Una ciudad con un presupuesto de 10 mil millones de pesos anuales debe permitir que los trabajadores cuenten con mejor vivienda, salud, educación, servicios públicos y medidas especiales para atenuar los efectos de una geografía singular, etc. Esa misma organización es necesaria para resguardar y ampliar patrimonios y derechos populares, y para derrocar al poder de los capitalistas y sustituirlo por un poder que sea propio del pueblo trabajador.