Por: José María Hernández

 

 

En semanas recientes comenzó una creciente difusión de los abusos laborales que se cometen dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Particularmente, captó la atención un problema agravado durante la pandemia producida por el SARS-CoV-2: a diversos académicos de la universidad no se les ha pagado su salario desde hace más de siete meses, e incluso existen casos de profesores con adeudos de más de un año.

Lo anterior ha propiciado el auge de un movimiento estudiantil y académico que busca organizarse para exigir mejoras en las condiciones laborales de los académicos. Sobre éste han surgido diversas posturas; Una de ellas afirma que la universidad está siendo utilizada por partidos políticos en el poder que buscan interferir en la opinión pública, para tomar ventaja en las elecciones federales de este año y que, por lo tanto, debe detenerse el movimiento. ¿Debemos entonces tirar todo por la borda para evitar ser títeres de una mano invisible difícil de identificar o, por el contrario, aprovechar la coyuntura en la búsqueda de mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo? La respuesta es clara: debemos aprovechar la coyuntura y no detener nuestros esfuerzos, ya que la lucha de clases no cesa.

La lucha se está dando en la universidad, con los comités de estudiantes y a través de las asambleas de profesores, pero no debe olvidarse que es indispensable abordar el problema teóricamente para evitar caer en las fantasías ideológicas que se nos imponen, y así definir claramente el objetivo a alcanzar.

En primera instancia, es necesario señalar que el problema de la falta de pagos no es único, sino que hay una gran cantidad de problemáticas que han existido y se han agravado durante décadas. Entre ellas se encuentran: a) académicos que tienen que renovar constantemente sus contratos por periodos cortos (generalmente, de manera semestral o bimestral) y que, por lo tanto, pueden perder su trabajo de un periodo a otro; b) académicos contratados por honorarios, con lo que se cancela el acceso a distintas prestaciones como bonos, estímulos económicos y otros; c) descuentos injustificados en los pagos; d) amenazas, malos tratos y abusos por parte de los administrativos y de profesores con posiciones de poder dentro de las instituciones; e) sueldos base precarios que son disfrazados con programas de estímulos y bonos, lo que acarrea consecuencias como un bajo ingreso al momento de la jubilación; f) inequidad en los salarios de los profesores con distinta categoría dentro de la universidad, entre muchos otros.

Así, se debe destacar que en general los profesores se enfrentan a un fenómeno de precarización laboral en el que se busca disminuir los derechos laborales y también se violentan los ya existentes. Tal precarización refuerza la injusta estructura de la universidad que posibilita la represión y amenazas a las que están sujetos los académicos. Asimismo, que los incita a competir de manera despiadada sin importar lo que tengan que hacer para acceder a las pocas plazas académicas existentes y que propaga las ideologías que manipulan la percepción de los trabajadores. Se crea así la falsa ilusión de que la realidad es inmutable y que sólo los más privilegiados intelectualmente tienen derecho a acceder a los privilegios de la universidad.

De esta manera puede vislumbrarse que no sólo debe exigirse el pago de los salarios adeudados en este momento, sino luchar por el establecimiento de derechos como un contrato definitivo que le proporcione estabilidad laboral al trabajador, incremento salarial, la incorporación de los diversos estímulos académicos como parte del salario base, entre otros.

Finalmente, no debe omitirse que el fenómeno ya señalado no es exclusivo de la UNAM, ni de todas las instituciones educativas del país donde también está presente, sino que es un fenómeno consustancial del capitalismo y que seguirá existiendo mientras los trabajadores no rompamos las cadenas con las que nos sujeta esta estructura económica injusta.