Por: Marco Vinicio Dávila Juárez

 

¿Qué está pasando en Colombia? Es la pregunta que mucha gente se hace en estos últimos días. Sobre todo aquellas personas que por diferentes motivos desconocen la realidad no sólo colombiana, sino, en general la realidad de América Latina, pues aún con todo y la censura en las redes sociales, la manipulación de la información o el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación, han logrado conocer la gran movilización social que, con motivo de la profundización de una política antiobrera y antipopular, se está desarrollando desde hace una semana en las principales ciudades del país sudamericano.

Pudiera parecer espontánea esta situación, que es una respuesta a la intención del gobierno de Iván Duque de gravar aún más los productos básicos en perjuicio de los sectores que más duramente han resistido la crisis económica durante esta pandemia de la Covid-19. Pero lo cierto es que no hay nada espontáneo en ese nuevo despertar de las masas que está ocurriendo ahora. Por eso mismo el gobierno está ejerciendo tan brutal represión contra esta insurgencia popular; en Colombia, la movilización social masiva y su contraparte, la represión, vienen de muy lejos.

La primera gran movilización popular contra el Estado colombiano se le conoce como el Bogotazo y se da en 1948, inmediatamente posterior al asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaytán, las protestas por este crimen iniciaron en la ciudad de Bogotá y se extendieron rápidamente por todo el país. Esta respuesta popular es no sólo por el asesinato del dirigente liberal, sino principalmente por la propia situación económica que vivía el país y que afectaba a los sectores más empobrecidos, principalmente a los campesinos. De la misma manera, se da la primera represión masiva por parte del estado, misma que deja un saldo de varios cientos de muertos.

Desde entonces la situación económica continuó empeorando a la par que la persecución política y militar contra toda expresión de inconformidad social. Matarlos en caliente, era la consigna de las fuerzas armadas; así que para la primera mitad de los años sesenta, varios grupos de civiles decidieron tomar las armas como una medida de defensa de sus escasos bienes y de sus vidas, surgiendo de tal modo los núcleos guerrilleros que darían origen a las FARC. Este destacamento se erigió en una alternativa de vida para amplios sectores de campesinos y para muchos perseguidos políticos. Ellos mismos, las FARC y posteriormente las FARC-EP, le plantearon al Estado colombiano, en diversas ocasiones, el diálogo para encontrar una salida política al conflicto que no era nada más la cuestión militar, o el tema de la guerra, sino fundamentalmente el tema de la paz con justicia social para todos los colombianos.

Esos procesos de paz que se puede decir comenzaron con el gobierno de Belisario Betancourt, a principios de los ochenta, con los Diálogos de La Uribe han sido permanentemente frustrados con sangre por la oligarquía colombiana, es el caso de la Unión Patriótica, la fuerza política que pagó con la sangre de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, cientos de asesinados, por haber confiado en un gobierno que no tenía la aprobación de la oligarquía gobernante para firmar ningún acuerdo de paz. Hubo otros intentos de paz, pero nunca fructificaron pues los gobiernos en turno no lograron arrancar el visto bueno de la clase dominante.

Es, sin embargo, hasta la llegada de Álvaro Uribe Vélez que el grado de descomposición del gobierno y sus fuerzas armadas llega al extremo. Las FARC-EP, satanizadas mucho tiempo atrás por la propaganda mediática de los monopolios, intentaron numerosas veces llamar la atención del mundo ante la intolerancia política, la persecución y el asesinato por parte de la oligarquía monopólica. El SOS Colombia actual, comenzó en realidad hace más de setenta años y ese grito se fue haciendo grande conforme el componente paramilitar íntimamente ligado a los cárteles de la droga se iba extendido como cáncer por todo el país, penetrando hasta la médula las estructuras del Estado. Las orgías de sangre que llevaron a cabo las llamadas “autodefensas unidas” en contra de las comunidades campesinas e indígenas cuyo sello fueron las motosierras; los cientos de falsos positivos ejecutados por las fuerzas armadas, principalmente jóvenes de barrios populares, o la persecución y muerte de decenas de sindicalistas por los aparatos policiacos del Estado, resultaron inocultables a los ojos del mundo.

Después de la firma de los acuerdos de paz de la Habana, último intento de las FARC-EP para lograr avanzar en una paz con justicia social, a pesar de todas las trampas legales que contenían dichos acuerdos y de las manifestaciones de nula voluntad política por parte del estamento colombiano, se sometió a las fuerzas populares desmovilizadas al asedio y asesinato de varias decenas de ex combatientes, que se suman a la gran cantidad de líderes comunitarios, campesinos e indígenas, opositores a los proyectos extractivos, ambientalistas, dirigentes políticos y sindicales; a la persecución de dirigentes estudiantiles.

En este contexto, el resurgimiento de las FARC-EP Segunda Marquetalia, muestra lo acertada de dicha decisión, pues contrario a la idea sostenida por diversas fuerzas políticas que defienden el statu quo colombiano y a posiciones reformistas y claudicantes, lo que se puede ver es que hay en Colombia un pueblo dispuesto a levantarse y enfrentar abiertamente la opresión del Estado.

No. No debemos entender el SOS de los colombianos como un lamento, no es su lucha en este momento para que el mundo se compadezca de ellos, no es ese el sentido de sus movilizaciones. Deben los pueblos del mundo saludar la decisión de lucha de los trabajadores y los sectores populares de Colombia que reivindican así su tradición histórica y debemos de solidarizarnos con su hermosa sublevación, pues es una lucha decidida por un nuevo orden social.