Por: Francisco Olivera

 

En fechas recientes el presidente de la Republica ha declarado que: “las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica”, sin embargo, los hechos son testarudos y cualquier observador imparcial puede darse cuenta que durante los últimos meses lejos de ver un regreso de los militares a los cuarteles y el inicio de la prometida retirada del ejército y marina de las calles, observamos como la tendencia a la militarización se mantiene y agudiza.

El fenómeno de las relaciones y funciones del ejército con las distintas clases sociales está estrechamente ligado al desarrollo del capital y la lucha de clases tanto a nivel nacional como a escala internacional. El Estado representa los intereses de la clase dominante y el uso de las Fuerzas Armadas refleja las necesidades de dicha clase para regular los conflictos sociales, es por ello que no se puede perder de vista al hablar del ejército, las pugnas entre los propios grupos de la burguesía y el desarrollo de la lucha de clases. Estas notas no pretenden desentrañar dicha relación en su totalidad, sólo nos limitaremos a ofrecer elementos que ayuden a comprender la tendencia.

Si damos un rápido vistazo al número de elementos de SEDENA desplegados podemos observar una tendencia creciente. Para 2006 con el anunció del uso de tropa en la “Guerra contra el narco” el gobierno informó de 37,253 elementos desplegados en el cumplimiento de diversas tareas, para 2012 el número ya alcanzaba los 49,650. Durante los próximos años los números variarían hasta que en 2016 volvió a iniciar un claro incremento reportándose la cifra de 51,994 elementos en operación, finalizando el sexenio de Nieto en 2018 con 54,980. En 2018 uno de los elementos que aglutinó a grandes sectores de la población en favor de la nueva socialdemocracia representada por MORENA fue la promesa del fin de la violencia y el inicio del proceso de regreso de los militares a los cuarteles, sin embargo, en 2019 sólo se vio un mínimo repliegue y se mantuvo a 52.070.

Estas cifras muestran la tendencia, pues es difícil obtener números certeros sobre la evolución del trabajo de la marina, pero a través de las notas periodísticas se advierte su cada vez mayor papel en todo tipo de tareas.  Por otro lado, a estas cifras se debe agregar los números de la Guardia Nacional cuerpo con fachada civil, pero con un fuerte componente militar tanto en su estructura como en su composición. En el último reporte de la SEDENA sobre el despliegue de Fuerzas Armadas emitido en mayo del 2020 se informaba de 174,361elementos operativos, esto significa que un poco más de la mitad del total de las fuerzas armadas se encontraban en funciones cumpliendo diversas tareas, según los datos del gobierno su distribución era 71,094 elementos del ejército, 18,176 pertenecientes a Marina y 85,091de Guardia Nacional.

El crecimiento de elementos desplegados no se debe solo a las tareas policiacas. A las Fuerzas Armadas se les ha asignado una gran variedad de tareas. En construcción se hacen cargo de: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo; los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya; el parque Ecológico en el Lago de Texcoco; la remodelación de 32 hospitales; la construcción de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar; 248 cuarteles de la GN y diversos proyectos. Se les ha dado la administración del puerto aéreo en Chetumal y el de Palenque, 10 hospitales civiles operan bajo su administración, además les fue entregado el control de aduanas marítimas y terrestres. Participan en programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Banco de Bienestar; son los encargados de la logística en diversos programas sociales, se encargan de la distribución de la vacunación contra el Covid-19, la entrega de libros de la SEP, el trasporte de valores de Banco de Bienestar; manejan la vigilancia de pipas y gasoductos de PEMEX y de proyectos como la refinería de Dos Bocas.

Además de todo esto las Fuerzas Armadas funcionan como policía migratoria en la frontera norte y sur del país, además de vigilar las principales rutas al interior con 347 puntos de control. En 2020 Obrador informaba de 8,058 militares asignados a esta tarea. El 19 de febrero del 2021 el general de división André Georges mencionaba en un discurso; “Como parte del Plan de Migración de las fronteras norte y sur, se han rescatado más de 139,000 migrantes”, lo cual solo es un eufemismo para referirse a las deportaciones de civiles.

Estos cambios se han visto reflejados en la asignación de presupuesto que ha mostrado clara tendencia a incrementar. En 2016 después de un par de años de relativo sostenimiento el presupuesto inició un proceso de crecimiento que no se ha detenido. En 2016 el presupuesto de la SEDENA fue 72,250,719,526 pesos y la Marina de 27,025,522,576 durante el primer periodo donde la socialdemocracia controló tanto el poder legislativo como el ejecutivo en 2019 el presupuesto ya ascendía a 93,670,187,410 para la SEDENA y 32,083,375,192 para la marina y para 2021 alcanzó los 112,557,168,656 asignados a la SEDENA y 35,476,715,511 para la marina, a estos se debe sumar el presupuesto de 27,961,271,330 asignado a Guardia Nacional. Además, en investigaciones periodísticas se ha documentado la adjudicación directa de por lo menos 50 contratos con un valor de 2 mil 481 millones de pesos.

El incremento del uso del ejército ha creado presión por parte de los militares para dotarlos de los marcos legales. En las décadas pasadas cada ajuste de importancia en el marco legal era fuertemente denunciado por capas de los sectores populares y de trabajadores como un paso hacia la militarización, basta recordar las polémicas causadas por la aprobación de la ley de seguridad interior en 2017, surgida como una respuesta de ajuste ante las movilizaciones masivas que iniciaron por la masacre de estudiantes en Ayotzinapa.

La ley de seguridad interior de Nieto fue abrogada el a finales del 2019, sin embargo, MORENA dio un paso adelante para luego volver 7 atrás. En noviembre de 2018 aprobaba la creación de la GN como cuerpo de cara civil pero alma militar, el decreto explicaba que uno de sus motivos era “llenar los vacíos legales con los que operan las FFAA en la seguridad pública”. Ese mismo mes se presentó el Plan nacional de paz y seguridad 2018-2024 documento donde marcaba el uso del ejército en las más diversas tareas. Legalmente el movimiento avanzó y en mayo del 2020 se aprobó un “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” esto significa que las Fuerzas Armadas pueden detener, incautar bienes, vigilar entrada y salida en fronteras, etc., sin que exista una clara regulación en sus límites, un paso más en el ajuste legal bajo la promesa de retirarlas las FA en 2024.

Bajo una peculiar interpretación de Ley Orgánica de la dependencia Obrador ha amparado e impulsado la construcción de un marco legal sancionado por MORENA para que las Fuerzas Armadas tomen cada vez mayor importancia no solo en asuntos de seguridad sino en el conjunto de la vida pública.  En 2 años la Socialdemocracia ha avanzado a un punto que ni Peña Nieto ni Calderón lograron, ha reafirmado la tendencia al uso de las Fuerzas Armadas en los más diversas tareas, se les han cedido silenciosamente funciones civiles.