Por: Carlos Suárez

La consulta popular ha sido promovida por la 4T y sus ideólogos como un paso más hacia la “democratización del país”. En el discurso hacen alusión a las desapariciones, masacres y toda clase de brutalidades cometidas contra el pueblo mexicano; a la necesidad de hacer justicia. Hacen apasionados llamados que encuentran eco en millones de mexicanos de la clase trabajadora y los sectores populares. El Halconazo, el 68, los 43 de Ayotzinapa, Acteal, la Guerra Sucia y un sin fin de atrocidades más que son, hasta la fecha, una profunda herida en la conciencia del pueblo trabajador, de los estudiantes. Y ni qué decir de las decenas de miles de desaparecidos en las últimas décadas. Decenas de millones de almas claman justicia para sus familiares, amigos, compañeros; eso que se les ha negado por años… y eso en lo que el gobierno actual cimienta su demagogia.

La 4T y su cabecera, López Obrador, en su discurso —pues definitivamente no en la práctica— se desmarcan de los gobiernos federales anteriores, anunciando que una nueva era, una nueva transformación, ha llegado, y que el actual gobierno nada tiene que ver con esa “mafia del poder” que le precedió. Bastaría mirar a quienes en la 4T ocupan flamantes puestos en las cúpulas del poder para saber que este gobierno no es ruptura sino continuidad (véase a Bartlett, o a Cienfuegos, por ejemplo). No tenemos un gobierno “del pueblo” sino que es un gobierno de la burguesía, como cualquiera de los que ha liderado el PRI o el PAN. Puede que su imagen y su discurso sean distintos, pero en esencia son lo mismo; y los propios hechos de todos los días lo confirman; ahí tenemos la represión contra el estudiantado normalista en Mactumatzá en pleno 2021 a manos del morenista Rutilio Escandón. Con todo, la 4T hace un llamado al pueblo para que “empuñe la justicia en sus manos” por medio de una boleta en la Consulta Popular.

Y la boleta pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

¿Cuáles son esas “acciones pertinentes”? ¿Cuáles son esas “decisiones políticas”? ¿Quiénes son esos “actores políticos”? ¿Qué se supone que es un “actor político”? ¿A qué periodo en concreto se refieren con “años pasados”? ¿En ese tiempo están incluidos los “actores políticos” y las decisiones que tomaron en 2018, 2019 y 2020, o sea los que se quedaron y los que llegaron con la 4T?

Este lenguaje vago y ambiguo, que se refiere al mismo tiempo a todo y a nada, a todos y a nadie, no es producto de la casualidad. No se trata de un “simple error”. No es como si se tratara de un estudiante poco preparado que elabora una pregunta a última hora para una tarea. Se trata de una pregunta que ha pasado por la revisión de cientos de ojos y mentes de profesionales altamente preparados en las más altas esferas del gobierno y las instituciones. Recordemos, por cierto, que, en 2018, tras el triunfo de la 4T, se realizó una consulta de carácter informal llena de enunciados ambiguos y tendenciosos. Sería del todo ridículo plantear que en tres años no han podido corregir “errores” en la formulación de preguntas, que fácilmente se corregirían con un par de consejos de un curso de bachillerato. Evidentemente no se trata de un error, sino por el contrario, de algo bien pensado.

De esta manera, no hay ni remotamente alguna garantía de que todo aquello que esperan quienes participaron en la consulta pueda ser realizado (salvo lo que resulte conveniente al gobierno). La propia pregunta excluye esta posibilidad. Esta consulta se promovió como una forma de entregar a la justicia a los expresidentes, y, sin embargo, la palabra “expresidente” no aparece por ningún lado, ni mucho menos aparecen sus nombres. En este lenguaje vago, por “actores políticos” podemos entender tanto a Zedillo o a Fox como a cualquiera que haya ocupado un puesto en las instancias gubernamentales… Hasta los empleados de oficina. O más aún, si queremos entender que todo ser humano es un “actor político”, la pregunta se podría estar refiriendo literalmente a cualquier persona. No vale la pena desarrollar el resto de conceptos vagos empleados, pero igualmente nos daremos cuenta que perfectamente podrían entenderse hasta los postulados más ridículos. Lógicamente, quien participa en la consulta tendrá a algún expresidente o exfuncionario en la mente. Por desgracia, no bastan las intenciones de quien tacha el “SÍ” en la boleta para cambiar lo que está escrito en el papel. Siendo un hecho bien sabido que la legalidad, para ser efectiva, requiere de un lenguaje preciso, podemos olvidarnos de que por medio de esta consulta se cumplan las cacareadas promesas de López Obrador y compañía.

Evaluando acertadamente la inutilidad del proceso con miras a castigar a los expresidentes, personajes como Citlali Hernández se adelantaron a culpar al INE de este fracaso desde varios días antes del proceso. Si bien efectivamente el INE tiene una gran responsabilidad por la escasa participación ciudadana en la consulta, así hubieran participado más personas, el gobierno no tendría realmente ninguna obligación por vincular a los expresidentes. Siempre habría podido tomar los resultados como mejor le conviniera, y nunca se le podría culpar por no cumplir lo que la boleta señalaba. Por suerte, el gobierno no tendrá que verse siquiera en esa situación gracias al papel “antagónico” del INE. Lo importante aquí es que la consulta cumplió ya su papel de darle un lavado de cara más al Estado burgués mexicano; ahora con un carácter más institucional, a diferencia de las consultas anteriores.

Podemos ir esbozando un debate que se desatará en breve entre dos posturas burguesas que no necesariamente son contradictorias entre sí: 1) El juicio no se llevará a cabo por culpa del pueblo necio y poco participativo; 2) El juicio no se llevará a cabo por culpa del INE que saboteó la consulta. Ambas posturas representan un resultado deseable para la burguesía pues, por un lado, se culpa nuevamente al pueblo trabajador por su propia desgracia, y, por otro lado, la 4T queda como defensora de la democracia frente al “vil y corrupto” INE. Ante tales posturas, no podemos dejar de señalar que la justicia, tan justamente ansiada por el pueblo trabajador, no llegará por vía de un papelucho entregado por sus propios opresores. La justicia tendrá que realizarla este mismo pueblo con su propia lucha y su propio esfuerzo, por medio de la organización. Solamente un tribunal revolucionario de la clase trabajadora podría hacer justicia real tanto a los expresidentes como a los representantes del gobierno en turno y el resto de la clase burguesa: expropiando todo lo que al pueblo han quitado y enviándolos a donde pertenecen: al basurero de la historia.