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El fracaso de la política asistencialista de López Obrador

 

Por: Héctor Ramírez Cuéllar

El más reciente informe que presentará al CONEVAL para el periodo comprendido de 2018 a 2020 que corresponde ya a la administración de López Obrador demostró, entre otros conceptos que la política económica implementada, lejos de haber contribuido a una más justa distribución de la riqueza, como se anunció en forma reiterada de una manera oficial, por el contrario, la agravó, la profundizó pues generó un mayor número de pobres, aumentó el número de mexicanos que se ubicaron en lo que se llama la pobreza extrema, la pobreza alimentaria y la pobreza relativa, según los parámetros que se utilizan en la actualidad para realizar estas mediciones, y que el gasto distribuido a través de los programas asistencialistas, así como el envío de las remesas de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, solo sirvieron como amortiguadores o como meros paliativos de los grandes problemas económicos y sociales a que hacemos referencia.

Ese documento, que consta de 85 cuartillas, fue desautorizado de inmediato por el Presidente López Obrador, unas 12 horas después que se publicaran extractos del mismo en los diarios nacionales por lo que los directivos del Coneval debe estar preocupados pues pueden ser destituidos de sus cargos ya que señalaron, con abundancia de datos, las graves deficiencias y limitaciones que tiene la política económica y social imperante, ya que obtuvo, paradójicamente, resultados totalmente opuestos y diferentes a los que se han anunciado en las conferencias mañaneras, concluyéndose que la realidad social y humana, es la que en forma objetiva debemos tomar en cuenta, y no los pronunciamientos gubernamentales, ya que se ha experimentado un grave retroceso en los niveles de vida en la mayoría de la población que tantas esperanzas depositó en el político tabasqueño hace ya casi tres años.

En el contexto de los criterios metodológicos que emplea el CONEVAL, y que pueden ser susceptibles de una discusión más rigurosa, se llegó a la conclusión de que la pobreza extrema se incrementó un 2 % en términos generales, que representaría unos 3 millones de personas, las cuales, antes de la pandemia tenían acceso a determinados servicios públicos, a un empleo si bien mal remunerado, así como la ingesta de alimentos básicos, aspectos que se perdieron en lugar de mejorarse o por lo menos mantenerse. Si se hicieran análisis más serio de estos efectos sociales sería posible afirmar que el gobierno, durante el desarrollo de la actual crisis sanitaria, no aplicó programas de apoyo a las empresas medianas y pequeñas, por lo que quebraron millones de ellas, lanzando a las calles por lo menos a tres millones de trabajadores que en estas condiciones totalmente desventajosas para su subsistencia, no tuvieron ni siquiera ingresos mínimos para mantenerse, junto con sus familias. Al no contar con un empleo, el gobierno no los apoyó con ningún programa específico alternativo, como un seguro del desempleo, por lo que se vieron obligados a incorporarse a la denominada economía informal, que en realidad creció en forma considerable.

En términos generales, dice el citado informe, el 52 % de la población nacional no tiene una existencia humana digna y el número de los que estuvieron en los niveles de la pobreza por ingreso ascendió del 20 % al 35 % y los que no pudieron ni siquiera comprar la llamada canasta básica subieron del 17 % al 21 %, mientras que los que no tuvieron acceso a los servicios de salud registraron un incremento del 20 % al 35 %, lo que describe, en su conjunto, un panorama social verdaderamente desolador para millones de mexicanos. En cambio, según datos de la conocida revista Forbes, el año pasado, de 15 grandes millonarios e inversionistas, I2 de ellos aumentaron sus ingresos y ganancias y solo 3 sufrieron pérdidas, lo que demuestra, en forma palmaria, que la combinación de la crisis, sanitaria y económica, así como la ausencia del Estado en la aplicación de programas de emergencia, como los que pusieron en práctica en la absoluta mayoría de los países del mundo, benefició, una vez más a la breve minoría burguesa.

Según el estudio del Coneval, uno de los rubros que resultó más afectado fue el del acceso a los servicios de salud pues en plena pandemia, en forma irresponsable, se decidió la cancelación del Seguro Popular y para sustituirlo, la creación del Insabi, que realmente nunca funcionó, así como la supresión del programa de gastos médicos catastróficos, para las familias pobres, dejando en la total desprotección a millones de personas, mencionándose en forma particular la carencia de medicamentos para niños con cáncer y otros padecimientos costosos, la saturación de los hospitales del sector salud que obligó a muchos trabajadores y empleados a recurrir a los servicios médicos de las farmacias, decidiendo muchos de los infectados por el coronavirus fallecer en sus domicilios.

En el informe se precisa que el gasto social, representado por la entrega de ingresos monetarios, sobre todo a los adultos mayores y el programa Sembrando Vida, destinado a los campesinos, ayudó a ser menos negativos los resultados generales de la crisis que estaba en marcha pues por lo menos permitieron que se pudieran adquirir algunos alimentos e insumos básicos, pero que los costos globales de los servicios de salud no fueron cubiertos por lo que persiste un claro y permanente déficit, tanto en calidad como en cantidad, pues el Seguro Social, por ejemplo,  canceló o suspendió muchos de sus servicios a los derechohabientes, entre otras manifestaciones de este fenómeno, con el objeto de atender en forma prioritaria a los enfermos de Covid , varios millones de recetas no fueron satisfechas en sus unidades debido a los graves errores que se cometieron en la nueva política de adquisiciones de medicamentos, que ha provocado serios problemas de distribución y de abasto en clínicas y hospitales y se abandonaron los apoyos que se tenían a los sistemas estatales de salud.

La metodología empleada por el Coneval examina distintos aspectos de la pobreza, concibiendo este gran problema nacional social, no de una manera integral abordando por separado sus manifestaciones o modalidades. Este tema, por ejemplo,  se cuantifica en forma aislada de los salarios y del comportamiento que tiene el sistema capitalista en nuestro país y no reconoce que existe una trasferencia continua de la masa de plusvalía de los trabajadores hacia los propietarios de los instrumentos de producción, por medio de los mecanismos de la explotación del trabajo asalariado. Es decir, este drenamiento constante daña siempre los intereses vitales de la absoluta mayoría de la población, pero en contrapartida, beneficia a la pequeña minoría opulenta.

En efecto, si los salarios son insuficientes sobre todo para la mayoría de los trabajadores que están en los deciles más bajos, esta característica se refleja en una alimentación deficiente de las familias, en la incapacidad para adquirir siquiera la llamada canasta básica, o sea, los nutrientes más elementales para tener una vida digna, en una vivienda muy precaria, hecha de cartón o madera, en el acceso a servicios públicos de educación y salud que tiene una muy pobre calidad y cobertura, es decir, podemos afirmar que se lesionan todos los aspectos de la existencia de los trabajadores que Marx definió como trabajo vivo.

La estructura de la distribución de la riqueza y del ingreso, que también estudia el Coneval, afecta muy seriamente todas las manifestaciones de la vida de los asalariados y este perjuicio se profundizó  más aún pues en el periodo de estudio del presente informe se produjo una caída de más del 8 % del PNB, la más significativa y grave por lo menos en cien años, con repercusiones sensibles en los niveles de desempleo y de destrucción de la planta productiva nacional.

Es por ello que los analistas, al hablar de la fase de recuperación, se están refiriendo a que debemos volver , por lo menos, a los parámetros que existían en la economía nacional en el periodo inmediato anterior a la presentación de la pandemia y han concluido que el comportamiento regular de las actividades productivas se podría reanudar hasta el año 2024, indicando con ello que el sexenio de López Obrador sería considerado como “muerto” en la historia del desarrollo del país, pues las tasas de inversión tanto pública como privada, continúan siendo muy bajas y que el gobierno se niega a realizar una reforma fiscal redistributiva del ingreso porque se afectarían las relaciones que el presidente tiene con un grupo de capitalistas favoritos, encabezados por Carlos Slim.

En la realidad, se ha producido una reducción de la base económica nacional pues 3 millones de empresas medianas y pequeñas han desaparecido, más de 8 millones de trabajadores se ha quedado sin ingresos porque han perdido sus puestos laborales , han fallecido más de 600 mil personas como resultado de la pandemia de Covid, se han erosionado los niveles de enseñanza y de aprendizaje de millones de niños y de jóvenes por el cierre prolongado de los establecimientos educativos y se han deteriorado las formas de convivencia de millones de familias que han vivido en el confinamiento por un periodo muy largo.

Si bien se ha generado una cierta recuperación en algunas ramas productivas, la continuación de la mezcla de la crisis sanitaria con la económica, ha seguido su curso más allá del límite de tiempo que examina el CONEVAL por lo que aún no podemos evaluar, en forma objetiva y completa, los daños sociales y humanos sufridos por la población, con el agravante de que la tasa inflacionaria se ha elevado hasta un 6 % y que se requerirán más recursos fiscales para seguir combatiente los efectos de la variante Delta, existiendo la posibilidad de que el coronavirus tenga una existencia permanente y estacional, como influenza, que se presenta sobre todo en la etapa invernal, de cada año,  lo que implicaría mayores erogaciones en la compra de vacunas y en equipos médicos.

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