El anuncio hecho por el presidente López Obrador del regreso a clases de manera presencial en todos los niveles educativos es una decisión apresurada e irresponsable que pone en riesgo la vida de millones de personas que laboran en el sector educativo. La pandemia de Covid-19 sigue desenvolviéndose, siguen aumentando los contagios, siguen ascendiendo el número de fallecidos, aunado a que millones de estudiantes, sobre todo los menores de 17 años, no han recibido la vacuna que los proteja.

En las escuelas públicas se arrastra desde hace décadas una serie de carencias en infraestructura que impiden las condiciones mínimas de sanidad, como el agua potable y las instalaciones para lavarse las manos, donde del total de escuelas de educación primaria, secundaria y media superior en el país, para el ciclo escolar 2019-20, alrededor de 41,423 escuelas no tuvieron agua potable y 47,566 escuelas carecían de servicio para el lavado de manos, sin que ninguna autoridad educativa se preocupara por disminuir estas carencias durante los más de 17 meses que estuvieron cerradas las escuelas. Está además el aumento constante de alumnos por salón, lo que ya de por sí, en condiciones normales genera hacinamiento, incapacidad de control de grupo y deficiencias en la formación; agregando a lo anterior, deben de sumarse los miles de alumnos que se incorporarán a la educación pública, debido a que sus padres no pueden ya costear la educación privada. Las condiciones de pandemia resaltan la imperiosa necesidad de contar con un mayor presupuesto para instalaciones y más profesores para lograr menos niños por cada grupo escolar y una mayor y mejor infraestructura para acondicionar a los alumnos.

Es preciso mencionar que si bien la base magisterial ha sido vacunada esto no resuelve todos los problemas de los docentes para un regreso seguro a clases, dado que la exigencia, presión y stress laboral hacia los docentes se aumentó considerablemente con la virtualidad, muchos de estos docentes, los más jóvenes se encuentran además en incertidumbre laboral debido a la reforma educativa en los hechos no ha sido revertida. Sin una basificación plena de los maestros y aumento de la plantilla no se puede garantizar una educación segura, mucho menos un aforo acorde a las necesidades sanitarias.

Desde antes del inicio de la tercera ola de contagios AMLO se ha empecinado a restar importancia a la cifra de muertos y de contagios, declaraba que la pandemia estaba “domada” y bajo control; no obstante, la realidad muestra todo lo contrario a los discursos de las conferencias mañaneras, se alcanzó una cifra record de contagios en todo lo que va de la pandemia en nuestro país, ya que se han registrado hasta 20 mil nuevos contagios en un día, con ello, se reafirma que la pandemia no ha disminuido y que quien, irresponsablemente, llame a reanudar labores educativas no le importa en lo más mínimo la vida de los que están en riesgo de contagiarse.

Resulta francamente perverso que desde el gobierno federal y los medios de comunicación burgueses se culpe y se estigmatice a la juventud, se responsabilice al individuo y se evada toda responsabilidad de parte de los que toman las grandes decisiones en materia de salud pública en nuestro país para desacelerar los contagios de esta pandemia. La manipulación del semáforo epidemiológico y las medidas sanitarias han sido manejadas discrecionalmente y con fines estrictamente políticos. El caso ejemplar de cómo el semáforo cambió de color rojo a verde fue en la pasadas elecciones del 1 de junio, cuando en la totalidad de los estados de la República se llamó a votar masivamente.

Como todos los elementos mencionados relacionados estrictamente con la educación y la salud son suficientes para sostener la medida de no regresar a clases presenciales, el gobierno federal ha anunciado que modificará las categorías de “actividad esencial”, para poder abrir las escuelas aun con semáforo epidemiológico en rojo. Si las actividades esenciales son las de carácter sanitario, la rama médica, paramédica y administrativa; la seguridad pública y la protección ciudadana; y, las de carácter económico. No cabe ninguna duda de que el gobierno federal está considerando a la educación como una actividad económica, confirmando el criterio de que la educación es una mercancía que debe volver a circular para poder reactivar la economía de los poderosos cárteles de las escuelas privadas y las cámaras patronales como la COPARMEX, la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas (ANFAEO), la industria textil y en general los monopolios de alimentos chatarra, que han mantenido una presión permanente sobre el gobierno federal para reiniciar las clases presenciales.

Mientras que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y la gran mayoría de los sindicatos estatales, sobre todo los de nueva creación, plegados todos a la 4T, se han sumado a esta decisión sin oponer las más mínimas condiciones de higiene y mejoras laborales para sus agremiados.
En tanto que con su característico aire mesiánico López Obrador ha desestimado la posibilidad de la vacuna pediátrica, ignorando la importancia de la vacunación universal y su objetivo prioritario: los niños y adolescentes.
Si las últimas dos reformas educativas, que afectan los derechos laborales de los trabajadores de la educación, se han impuesto argumentando demagógicamente “el interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”; hoy con el regreso a clases presenciales se cae ese argumento, pues queda evidenciado que en realidad el bien superior son las ganancias. Confirmando que la política del actual gobierno, como continuación de los anteriores, es, no sólo antiobrera y antipopular, sino deliberadamente criminal, que privilegia las ganancias del capital por encima de los trabajadores y de los menores.

Por todo lo anterior, el Partido Comunista de México afirma contundentemente que no existen condiciones para el regreso a clases presenciales pues esto se traduce en un altísimo riesgo para aumentar los contagios en niños, profesores y padres de familia. Lo que corresponde es elevar el presupuesto para la educación pública en el proximo Plan de Egresos de la Federación; atender los problemas de infraestructura de las escuelas, distribuir gratuitamente y enfatizar el uso masivo del cubrebocas, atender las demandas del magisterio, garantizar la cobertura total de los menores de 17 años con la vacuna anticovid y dar solución a todas las deficiencias de los servicios públicos como el transporte donde las personas están hacinadas para ir a laborar, así como detener y revertir de manera contundente el desmantelamiento del sistema de Salud Pública.

¡Proletarios de todos los países, uníos!

El Buró Político del Partido Comunista de México