Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Ha concluido sus funciones constitucionales la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, presidida por el poblano Ignacio Mier y podemos afirmar que durante su desempeño, se anuló su independencia y autonomía, como lo señala de una manera clara la Carta Magna, pues el titular del poder Ejecutivo, la sometió de una manera clara y evidente, a sus designios e instrucciones, de tal manera que podemos afirmar que solo operó como una Oficialía de Partes de la Consejería Jurídica, que preside el licenciado Julio Scherer. Al referirse a la Cámara de Senadores, encabezada por Ricardo Monreal, ésta tuvo otra característica, pues Morena no tuvo la mayoría suficiente para imponerse de una manera mecánica, imperando una política de negociaciones y acuerdos entre los grupos parlamentarios, que, en términos generales, fue benéfica para la nación.

Lo que sucedió en esta Legislatura representa un sensible retroceso político para el país pues en los últimos años, sobre todo después del gobierno del presidente José López Portillo, se había registrado el ejercicio de una margen mayor de capacidad deliberativa y resolutiva de los órganos que integran el poder legislativo, se había reducido en un grado importante el presidencialismo absorbente y autoritario que caracterizó a esa institución de la democracia representativa capitalista, sobre todo durante el periodo de los años veinte, hasta los setentas pues, como sabemos el PRI perdió, a partir del año de 1998, la mayoría sobre todo en la Cámara de Diputados y de esta manera se conquistó un elevado grado de independencia pues la mayor parte de las iniciativas de ley que enviaron los Presidentes sufrieron modificaciones, algunas de ellas muy importantes, otras se rechazaron de plano o se congelaron.

Además, en el interior de la Cámara de Diputados, en términos generales, prevaleció como método de trabajo la búsqueda del consenso y de los acuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias, el trabajo de las Comisiones Dictaminadoras se hizo en forma más racional y constructivo que en el pasado inmediato en donde solo se cumplía con la ley de una manera formalista y ficticia y se presentaron, aprobaron y discutieron muchas propuestas legales que provenían de los propios grupos legislativos. También la conducción de la Cámara de Diputados avanzó mucho en materia de colegialidad en la toma de decisiones políticas y administrativas pues ya no había ningún partido que tuviera la mayoría, menos aún la mayoría absoluta.

Muchos de estos progresos se perdieron al conformarse y operar esta legislatura que termina pues Morena, violando las leyes de la materia, obtuvo una sobre representación abusiva en el número de legisladores y de esta manera pudo avasallar en las comisiones, en los comités y desde luego en las votaciones plenarias. Como nunca había sucedido en el pasado, el traslado de diputados, de unos grupos hacia Morena, se tornó escandaloso y vergonzoso y la Junta de Coordinación Política, en la cual estaban representados todos los partidos políticos, se convirtió en una instancia cautiva y monolítica que solo beneficiaba al nuevo partido gobernante. Se había regresado a la etapa en la cual el PRI tenía el control político y administrativo casi total, de ese órgano representativo del pueblo.

Se trató de justificar esta actitud afirmando que la mayoría de los legisladores no habían triunfado merced a sus cualidades personales, sino que, simplemente, habían sido arrastrados o beneficiados por la gran votación que había tenido el Presidente de la República y que por lo tanto, su cargo estaba más bien prestado pues los sufragios recibidos por aquel, más de 6O millones, habían generado un poder que era incontrastable, que se trataba del único poder político real, siendo los demás, meros aparatos complementarios o justificatorios de las decisiones que se asumían en Palacio Nacional ya que, decían, que el titular del Ejecutivo tenía la autoridad y la representación más plenas y por ello podía ejercer sus atribuciones, sin ninguna limitación, sin ninguna restricción o taxativa, anulando en la práctica, una serie de equilibrios políticos, o contrapesos, algunos de ellos, incluso de carácter constitucional, que se había construido dificultosamente, en los años recientes.

La pérdida de la personalidad jurídica constitucional de la Cámara de Diputados como un órgano autónomo en la actual estructura política, no fue causada exclusivamente por la conducta permanentemente arbitraria del Presidente de la República sino también por los líderes parlamentarios, Mario Delgado, primero e Ignacio Mier, después, ya que contado con un gran respaldo popular, un claro mandato legal y con la experiencia política del pasado, abdicaron de sus elevadas responsabilidades como representantes del pueblo, se comportaron como empleados subordinados, como funcionarios de barandilla pues las actuales funciones sustanciales de la Cámara de Diputados se transformaron, globalmente, en un auténtica simulación, ya que las Comisiones dictaminadoras en realidad no cumplieron, de una manera libre y autónoma, sus importantes atribuciones y las votaciones fueron mecánicas pues jamás se tomaron en cuenta las propuestas y las objeciones que hicieron los otros grupos parlamentarios. Así, los debates se convirtieron en meras exposiciones verbales unilaterales, en los que nadie consideraba las opiniones de los sus opositores, ni siquiera para refutarlas, porque ya las resoluciones estaban tomadas de antemano en función de las instrucciones directas que emanaban de Palacio Nacional.

En el pasado, el PRI ponía en práctica distintos métodos y procedimientos para someter la Cámara de Diputados, pero en muchos casos lo hacía respetando o aparentando que lo hacía, algunas formas legales o reglamentarias, tratando de mantener la imagen de un poder legislativo autónomo, pero en la LXVI Legislatura se olvidaron estas sofisticaciones y de una manera clara, pública y específica, el Presidente de la República impuso su voluntad política, incluso ridiculizando a los legisladores de su propio partido, hay que recordar, por ejemplo, el caso de la desaparición de los fideicomisos, en donde se recibió una llamada telefónica para que todos fueran extinguidos, haciendo notar que él era el único  depositario del poder político y de la acción sustantiva de las cámaras del Congreso de la Unión y que la función de los miembros de estas instituciones, consistía en acatar sus indicaciones, incluso tratándose de aspectos formales y los representantes de Morena, simple y llanamente, aceptaron este tratamiento que consideramos humillante y denigrante en cualquier nación del mundo en donde impera el sistema de la democracia representativa burguesa.