Por: Héctor Ramírez Cuéllar

En los últimos días se han recrudecido las escaramuzas verbales entre Ricardo Anaya, y el Presidente de la República, quienes han abordado un asunto de carácter jurídico que solo está reflejando la forma cómo se dirimen las contradicciones políticas que, existen entre los distintos sectores de la burguesía dominante, pero que no permite avanzar, realmente, en el fondo de este asunto que tiene una característica estructural, es decir, esencial, la corrupción política en México, por lo que se torna nugatoria la posibilidad de progresar en la erradicación de las raíces de este fenómeno, que asume distintas modalidades, pues en el sexenio anterior existió la práctica de entregar muchos contratos a empresas extranjeras y ahora más del 70 % de los mismos se han proporcionado a los privados, por medio de la asignación directa, es decir, sin realizar ninguna licitación.

En medio de un gran despliegue publicitario, hace ya más de un año, fue extraditado a México, Emilio Lozoya, quien se había desempeñado como director de PEMEX que de inmediato fue acogido con la figura de testigo protegido, figura mediante la cual debía ofrecer informes detallados acerca de los actos de corrupción que se cometieron en el sexenio pasado, a cambio de recibir facilidades, apoyos , privilegios , no ser conducido ante los tribunales, en fin, un tratamiento privilegiado, en términos generales, no obstante que existían indicios legales que él había participado en forma importante en esas actividades.

Han pasado ya muchos meses y solo conocemos de Lozoya una declaración que firmó ante las autoridades judiciales, comprometiéndose a presentar informes más amplios y específicos pero al parecer no lo ha hecho o si lo ha hecho, no son suficientes para integrar los pliegos de consignación, las cuales se presentarían ante los funcionarios competentes de tal forma que de las 7O personas que estaban mencionadas en esos declaraciones, solo un expediente, el del ex senador Lavalle, del PAN, ha sido llevado ante un juez. También existe la posibilidad de que al gobierno de López Obrador en realidad no le interese ahondar y profundizar sobre estas acusaciones, prefiriendo hacer solo un uso político electoral de esos materiales y esto ya ha sucedido en los pasados comicios.

La mayoría de las declaraciones de los testigos, sobre todo de los brasileños vinculados a la empresa Obredecht, no las han confirmado o de plano las han retirado y las autoridades judiciales mexicanas no han documentado, con rigor profesional, las otras imputaciones las cuales solo ha sido empleadas como recursos políticos a favor del Presidente. También existe el riesgo de que, si profundizara en las declaraciones de Lozoya, sobre todo en las relativas a que entregó fuerte sumas de dineros a diputados y senadores que estaban en sus cargos en el de 2014, apoyando las reformas de Enrique Peña Nieto, se mencionen a miembros de las fracciones del PRD, que ahora son dirigentes, parlamentarios y funcionarios de Morena, lo que tendría un efecto político contraproducente para la actual fuerza política que está en el poder.

No debemos olvidar que el grupo hegemónico de los Chuchos, (Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Narango), participó en las reuniones políticas que se realizaron en la casa del licenciado José Murat, en las cuales se discutieron y aprobaron las estrategias para respaldar las propuestas de Peña Nieto y de que, por lo tanto el PRD tuvo una importante corresponsabilidad en estas modificaciones jurídicas que ahora se consideran abominables. Esta participación no está contenida en las “sensacionales revelaciones” de Lozoya “pues solo se limitan a las actuaciones de legisladores del PRI y del PAN.

Ello es muy fácil de confirmar pues solo se necesita consultar el Diario de los Debates y el sentido de las votaciones que hicieron los diputados en la general y en lo particular. Desde el punto de vista jurídico, es muy difícil asegurar, ante un juez competente, que esa conducta estaba determinada por las cantidades entregadas supuesta o realmente a ellos y que no eran producto de las posiciones políticas y programática de los legisladores presentes, pues tanto los programas del PRI como los del PAN eran compatibles con los aspectos principales que contenía la reforma energética que entregaba, con distintas modalidades, la explotación y usufructo de los recursos petrolíferos del Golfo de México a las compañías petroleras norteamericanas.

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se produjo una alianza programática, política y legislativa entre el PRI y el PAN la cual fue la base de sustentación de la primera etapa de privatizaciones en la que desparecieron más de la mitad de las empresas estatales a que se consideraban ya nocivas para el desarrollo económico nacional. Aunque había llegado en la presidencia de la Republica un individuo que había surgido formalmente de las filas del PRI, en la práctica hizo suyo, adoptó y aplicó el programa tradicional del PAN el cual fue premiado con el reconocimiento de varias gubernaturas estatales y otros puestos públicos importantes; el diputado Diego Fernández de Cevallos fue en gran medida el político que armó, y sostuvo esa alianza; en el PRI fue desplazado el grupo nacional revolucionario y en su lugar arribaron los tecnócratas y los fieles seguidores de las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Consenso de Washington, estos individuos siguieron ocupando espacios fundamentales en la dirección del estado hasta el régimen de Peña Nieto, que emprendió las reformas, que, como la energética, no se pudieron llevar  a la realidad económica y social durante el salinismo pues despertaba todavía muchas resistencias políticas y sociales en el interior y fuera del PRI, sobre todo entre las organizaciones obreras y campesinas y  los intelectuales progresistas.

Entre los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto existe un hilo de continuidad en materia económica y social y aquí podemos ya encontrar a Ricardo Anaya, empresario del estado de Querétaro, que siempre estaba de acuerdo en los aspectos fundamentales en la orientación del país, pero que discrepaba de las formas de abordar las relaciones entre el PRI y el PAN manifestándose claramente esta actitud disidente en la última etapa de las elecciones presidenciales de 2018 ya de que una política de colaboración y apoyo, pasó a asumir a una posición de ataque y de critica a Peña Nieto.

Este viraje se produjo cuando cobró conciencia de que ese gobierno se había desprestigiado profundamente por los graves actos de corrupción en que incurrieron algunos gobernadores, por el desgaste que había implicado la adquisición de la llamada Casa Blanca y cuando se dio cuenta que la candidatura de Meade en realidad ya no tenía apoyo popular y que ni siquiera estaba respaldada por el PRI y así atacó a Peña muy violentamente, y esté le contestó con igual rudeza, para debilitarlo, y habiéndolo conseguido benefició políticamente a López Obrador.

La crisis de debilidad que sufrieron tanto Meade como Anaya llegó a su cúspide cuando el importante grupo de Monterey le retiró su respaldo a los dos y se lo entregó a López Obrador cuando este les aseguró que, de llegar al Presidencia de la República, no promovería ninguna reforma que afectara sus intereses. De esta manera, merced a esa maniobra de alto nivel, creció territorial y electoralmente Morena, en los estados del norte del país, desplazando al PAN de esta zona, modificando así los resultados finales en los comicios presidenciales.