Por: Fernanda Larraizar

Durante los inicios de la pandemia en 2020 el gobierno de EEUU aprovechó para endurecer su política migratoria anunciando que suspendería las leyes migratorias. El entonces presidente Donald Trump no apoyó el confinamiento, por el contrario, privilegió la apresurada reapertura de la economía y empezó a deportar de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo y a los migrantes indocumentados que cruzaran su frontera.

Es en esta región fronteriza del norte de México donde numerosos grupos de migrantes se ven obligadas a detener su trayecto durante un tiempo indefinido, entre deportados que esperan su oportunidad para volver a cruzar. Donde hay alrededor de 100 albergues, algunos en condiciones de hacinamiento y con escasas medidas sanitarias. Incluso el embajador de EEEUU en México Chistopher Landau declaró a finales del 2020 que la cifra de migrantes mexicanos ingresando al país vecino del norte incrementó de manera significativa, alcanzando los niveles más altos en los últimos diez años.

El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca prometiendo que frenaría las deportaciones y que regularizaría a los 11 millones de indocumentados, realmente sería una amnistía a toda regla y de dimensiones sin precedentes desde la que autorizó Ronald Reagan en 1986, iba a ser un giro drástico tras los cuatro años de restricciones de Trump. Sin embargo, a ocho meses de iniciada su administración, Biden mantiene en pie el grueso de las restricciones de Trump, excusándose en que la pandemia ha provocado un contexto excepcional. Y hemos escuchado las declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha pedido a los migrantes centroamericanos no intentar cruzar las fronteras para llegar a EEUU, incluso en las dos últimas semanas se ha dado luz verde al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para acelerar las deportaciones.

A la fecha con la administración Biden sigue vigente el Título 42, una orden de salud pública aprobada por Trump para negar el derecho de asilo a la gran mayoría de migrantes por el riesgo de transmisión de Covid-19. Biden ha aplicado excepciones a dicho Título por motivos humanitarios, permitiendo la entrada de menores de edad por ejemplo, enfrentándose así a un fuerte aumento en la llegada de menores no acompañados, si en octubre de 2020 fueron 1000 los que intentaron cruzar, en febrero de 2021 fueron casi 19,000.

Además, en esta misma fecha se rompió el récord en número de cruces y detenciones en la zona fronteriza, en tan sólo 28 días se detuvieron a 100,440 personas, esto en contraste con las 36 mil detenciones en febrero del 2020 todavía con la gestión de Donald Trump. Del total de detenidos en febrero de 2021, 10 mil eran menores de edad, quienes han sido recluidos en centros de detención temporal o albergues mientras esperan que sus casos sean procesados, en condiciones de hacinamiento, donde no hay posibilidad de evitar los contagios de Covid-19.

Otra medida anti inmigrante de la actual administración ha sido el bloqueo de nuevas solicitudes de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la infancia), programa que protege de la deportación y ayuda a obtener un permiso de trabajo y un número de seguridad social a los inmigrantes indocumentados.

Los trabajadores indocumentados juegan un papel clave en la recuperación económica, porque son los más baratos de contratar y están dispuestos a trabajar en las condiciones más adversas. Mientras la crisis capitalista continúe generando desempleo, inseguridad, miseria y hambre, los trabajadores seguirán migrando en búsqueda de mejores condiciones de vida. Así como los países expulsores de migrantes son válvulas de escape para el ejército de reserva de desempleados, los países receptores como EEUU se benefician de la mano de obra barata al desvalorizar la fuerza de trabajo.

Ya sea en su país de origen o en el país de destino, los trabajadores, los inmigrantes y los retornados se encuentran en escenarios donde las condiciones de explotación permanecen, con trabajos precarios, salarios bajos, con nulas prestaciones, sujetos a las leyes del mercado, vulnerables, expuestos a abusos por parte de los patrones. Pero existe una alternativa mientras se reconozcan como hermanos de clase sin distinción de nacionalidades, para organizarse y pelear por mejores condiciones de trabajo y de vida.