Por: Héctor Ramírez Cuéllar

El próximo 3 de noviembre se vence el plazo para que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, amplíe o precise sus acusaciones sobre los actos de corrupción en que incurrió la empresa Obredecht, en sus relaciones con los funcionarios que pertenecieron al periodo de Enrique Peña Nieto. Hasta hoy, de una lista 123 supuestos implicados, solo uno, José Luis Lavalle, está en prisión, por cierto, acusado de delitos no graves y por lo que fácilmente puede quedar en libertad.

Las imputaciones que hicieron los dirigentes de la empresa brasileña, en las cuales se basaron originalmente las denuncias que hiciera Lozoya hace ya un año y medio, han sido desmentidas, no ratificadas y, por lo tanto, como se dice en jerga judicial, “se han caído”. Muchos de los involucrados han declarado que los recursos financieros que dicen les entregó Lozoya, como fue el caso de Ricardo Anaya, jamás se les dieron y que, por el contrario, el propio director de Pemex se quedó con ellos.

Cuando Lozoya llegó a México, extraditado de España, el gobierno de López Obrador afirmó que, con sus acusaciones e imputaciones directas, quedaría exhibida la gran corrupción que se produjo en el sexenio de Peña Nieto y que por esta razón se le daría la calidad de “testigo protegido”, es decir, se le entregarían privilegios y facilidades para que no pisara la cárcel. Han trascurrido ya muchos meses y esta no ha sucedido pues solo existe un expediente consignado ante las autoridades competentes, que involucran a un miembro de menor nivel del grupo gobernante anterior. En la práctica, no ha habido acciones jurídicas eficaces y contundentes contra el equipo de Peña Nieto por lo que se fortalece la presunción de que hubo un acuerdo político con López Obrador para que no se actuara en consecuencia, en los rangos más elevados de la anterior administración.

La Fiscalía está realmente desesperada porque están trascurriendo los meses y no existe suficiente material jurídico que sustente una imputación importante ya sea contra Peña, Videgaray u Osorio Chong y el gobierno federal ha preferido negociar con ellos una serie de acuerdos políticos, como sería la aprobación, por parte del grupo parlamentario del PRI, de la reforma eléctrica y otros cambios constitucionales que forzadamente requieren la aceptación del partido tricolor.

El propio López Obrador ha declarado en varias ocasiones que él no tiene intenciones de afectar al ex Presidente Peña y ahora con las debilidades e inconsistencias en que ha incurrido Lozoya esta tesis cobra mayor fuerza, es decir, no hay elementos suficientemente contundentes como para acusar penalmente a los miembros del gabinete pasado y por esta razón, se abren dos alternativas, que Lozoya sea liberado en un plazo breve o que ya despojado de su calidad de testigo protegido, sea vinculado a proceso únicamente por los delitos que a él se le comprueben y que finalmente cargue con toda la responsabilidad legal y política.

En la práctica, se comprueba que la figura de “testigo protegido”, que proviene del Derecho penal norteamericano, es un recurso político que tienen los grupos de la burguesía nacional para dirimir sus diferencias, sin necesidad de realizar investigaciones jurídicas exhaustivas y prolongadas y que los delincuentes que reciben esos “beneficios”, como la reducción de penas, cambios de identidad y otros, son individuos desechables pues en el momento en que ya no les sirve para sus fines internos, los sacrifican o bien los dejan en libertad.

Las pobres y raquíticas “revelaciones” que ha hecho Lozoya sirvieron a MORENA en la campaña electoral pasada para fines publicitarios, pero también para ejercer presiones contra el grupo de Peña Nieto, pero no para llevar a sus integrantes ante los tribunales competentes, pues con los elementos de prueba a la mano, la Fiscalía no puede integrar ninguna averiguación previa que sea sólida y creíble ante un juez y por lo tanto un buen equipo de abogados la puede combatir, lo que afectaría políticamente no al Fiscal sino al Presidente de la República, porque quedaría de manifiesto que la lucha contra la corrupción era más bien un recurso de carácter político propagandístico.