Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

La propuesta del Presidente de la República para combatir la pobreza en el mundo se basa en la filantropía, pues los recursos financieros que se destinarán para este efecto, se obtendrían de las donaciones que de “buena fe”, es decir, en forma voluntaria hicieran los individuos, las grandes empresas, los gobiernos y no se contiene ninguna medida de carácter económico importante de alcance internacional que obligue o involucre a los miembros de la Organización de Naciones Unidas.

Para integrar la cifra de un billón de dólares que anualmente se requieren para enfrentar este enorme reto, sacar de la pobreza, por lo menos a 700 millones de individuos que “viven” con dos dólares diarios, se demanda un gran manifestación de solidaridad colectiva pues esos recursos se asignarían no a actividades productivas redituables, según la lógica del sistema capitalista, sino tan solo para lograr la subsistencia física de millones de seres humanos, para tratar de garantizarles que no se mueran de hambre.

Ningún de los programas sociales del gobierno federal ha permitido “sacar de la pobreza” a quienes los reciben sino tan solo les permiten adquirir algunos alimentos, medicinas, vestuario, que con sus ingresos habituales no logran tener, pero en todos los casos persisten las condiciones objetivas propias de esta situación social opresiva e inhumana.

La propuesta no hace ninguna referencia a los grandes desajustes internacionales que tiene el sistema capitalista, ni a las formas de dominación y de saqueos de los recursos naturales y humanos que están implantados, como el desequilibrio entre los precios de las materias primas agrícolas, los metales con respecto a los precios de los productos manufacturados, siendo esta una de las tesis centrales de la Carta de Derechos y Deberes de los Estados, presentada en el año de 1972 por el Presidente Luis Echeverría, que contó el apoyo político y diplomático del Movimiento de Países no Alienados, que por entonces se componía de 82 miembros y que también tuvo el respaldo de los países del campo socialista. Es decir, no propone ninguna medida a acción para modificar el injusto funcionamiento del comercio internacional ni la limitación de las ganancias de las grandes empresas monopolistas.

No se toma en cuenta la necesidad que existe de cancelar las deudas externas de los países pobres con el objeto de que sus gobiernos pudieran destinar los recursos disponibles al pago de intereses y amortizaciones, a la promoción del desarrollo económico y social equitativo.

También se omite toda consideración para asegurar que estas naciones puedan recibir transferencias de tecnología y de financiamiento con la finalidad de fortalecer los proyectos productivos que existen sobre todo en la agricultura, la minería y la pesca.

En la actualidad, muchas de las naciones de Asia, África y América Latina padece gravemente los efectos del cambio climático, tales como la reducción de superficies aptas para el cultivo de granos alimenticios, serias inundaciones que han sido provocadas por el aumento del nivel del mar, sequías muy severas y prolongadas y epidemias como la del Covid. Además, se presentan grandes movimientos de migrantes y desplazados a raíz de los cuales millones de personas tratan de llegar a Europa, los Estados Unidos y otros países industrializados.

Aún en la hipótesis de que se entregaran a los pobres monederos electrónicos, o tarjetas de bienestar, copiándose la experiencia de México, las situaciones de pobreza, explotación y miseria permanecerán en términos generales y en la mejor de las hipótesis solo mejorarían sus condiciones de vida en forma parcial o transitoria, ya que las causas estructurales de la situación en la que viven no desaparecerán.

La propuesta tiene una base ficticia pues considera que la pobreza es causada por una serie de limitaciones de orden moral, como el egoísmo de los ricos, pero se trata de un asunto mucho más complejo y trascendente, ya que está relacionado con la distribución del nuevo esquema del poder mundial, con la conducta que asumen los grandes monopolios industriales y comerciales y con la gran lucha que está en marcha entre los Estados Unidos y la República Popular China por conquistar más aliados en sus respectivas zonas de influencia.

De cara a este enfrentamiento, China no aceptaría que los intereses de Occidente aumentaran su presencia en los países pobres de Medio Oriente o de varias regiones de Asia y por su parte, en reciprocidad, el gobierno de los Estados Unidos no toleraría una mayor expansión de esa gran nación, en la región latinoamericana.

Finalmente, la propuesta de México no toma en cuenta que la creación de empleos, bien remunerados y con una adecuada capacitación de la mano de obra, han sido los medios que con mayor eficacia en sus resultados, han sacado de la pobreza a los individuos y que, por lo tanto, en lugar asignarles apoyos estrictamente monetarios, muy limitados por cierto, se requieren grandes inversiones en materia de educación y de salud y también una reforma fiscal progresiva que frene el poder de los grandes compañías privadas.

La experiencia indica que la filantropía solo puede resolver transitoriamente problemas y carencias de individuos y de grupos y que siempre, son más importantes las políticas públicas en donde los gastos fiscales y sociales desempeñan un papel determinante.

La propuesta del presidente Luis Echeverría denominada Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados es cualitativamente superior a la presentada por Andrés Manuel López Obrador, ya que atendía a la solución de algunos de los problemas económicos fundamentales que había en el mundo capitalista.