Por: Héctor Ramírez Cuéllar

Al aprobar la Cámara de Senadores el nombramiento de la licenciada Loretta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suman ya cuatro miembros de ese órgano jurisdiccional, de un total de once, que han sido designados directamente por el Presidente de la República por lo que continúa el proceso de sujeción política que se puso en marcha desde el inicio del presente gobierno.

En esta ocasión, ni siquiera se ocultaron algunos aspectos abiertamente censurables, pues los tres propuestos eran o son fundadores de MORENA, han trabajado políticamente muy cerca de Andrés Manuel López Obrador e incluso la propia ministra que fue aceptada sigue siendo, de una manera pública, miembro de ese partido. Este trámite, que contó con el apoyo de los votos de los partidos de la oposición, se realizó en un plazo brevísimo, tan solo en siete horas, la presentación y discusión ante las Comisiones Dictaminadores solo fue una simple formalidad y no se permitió la participación de las organizaciones sociales que están interesadas en la depuración y en la democratización de ese alto tribunal.

El senador de Ricardo Monreal, operó, en este caso, exactamente igual que su compañero de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, al tratarse el tema del Presupuesto de Egresos, es decir, como un subordinado del Presidente y, por lo tanto, cumplió con celeridad y eficacia sus instrucciones y no fue posible ventilar algunos temas o asuntos que preocupan no solo a los especialistas sino también a la opinión pública, como las manifestaciones de corrupción que han sido observadas en la conducta de algunos jueces, el nepotismo en que han ocurrido muchos de ellos, los problemas que se han presentado en el marco de la aplicación de la reforma judicial, aprobada recientemente, a iniciativa de Arturo Zaldívar, presidente de la Corte.

La designación de Loretta Ortiz se mantuvo dentro de los límites tradicionales en los cuales el Presidente de la República finalmente impone a sus candidatos, pues aún en el caso de que ese órgano legislativo no aprobara, inicialmente, sus propuestas de todas formas, en la tercera fase, al final se nombraría, forzosamente, a uno de sus favoritos y en este caso todos son miembros de Morena, como en el pasado fueron miembros del PRI.

En la historia política moderna del país, todos los jefes de estado, desde Álvaro Obregón, hasta López Obrador han nominado a la totalidad de los ministros de la Corte por lo que podemos afirmar que este importante órgano constitucional, nunca ha sido autónomo e independiente del Ejecutivo, aunque en algunas ocasiones sí ha manifestado una abierta discrepancia política con el Presidente. Muchos suponían que con la llegada el poder de la cuarta transformación, se respetaría este principio político fundamental, pero no ha sido así por lo que se ha continuado con la herencia del pasado.

En la actualidad, la Corte tiene pendientes de resolución por lo menos 7 controversias constitucionales que han presentado tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, los partidos de oposición, los cuales se refieren a asuntos jurídico-políticos de una gran importancia, pero no se han solucionado por lo que seguramente el Presidente López Obrador desea que se dictamine a su favor. Hasta hoy el intento presidencial por ejercer un control político total sobre ese organismo ha fracasado, sin embargo la ofensiva continúa, ya que el ministro Zaldívar no garantiza el cumplimiento de los objetivos del nuevo grupo en el poder y el titular del Ejecutivo rechaza los amparos que se han presentado contra las obras públicas de su predilección, aunque estas no tengan los permisos y las autorizaciones que se exigen en estos casos.

La mayoría de los integrantes del máximo tribunal son abogados con una formación jurídica y académica de carácter conservador o derechista, han tenido una larguísima carrera profesional y han acumulado una gran riqueza personal, perciben salarios sumamente elevados por lo que es necesario removerlos y eliminarlos para que puedan ser sustituidos por elementos dóciles al Presidente en funciones. Así fue en el pasado y así es hoy.

EL poder judicial está inmerso en una profunda y prolongada crisis la cual se manifiesta por la impunidad casi total, casi del 90 %, que existe en la persecución de los delitos, como lo denunció recientemente el Comité Por los Desaparecidos, de la ONU, al referirse específicamente a ese problema, más de 109 mil, a pesar de que hubo una gran expectativa de que la impartición de la justicia sería ágil y expedita, con los juicios orales, esto no ha sido así pues persisten los procedimientos largos y tortuosos, solamente las personas que puedan contratar los servicios de un abogado particular pueden promover sus recursos, la mayoría de los individuos que están detenidos y procesados en los centros en penitenciarios no han sido sentenciados, entre otros aspectos igualmente condenables, que aunque el gobierno federal, la Judicatura, dicen que son objeto de su preocupación e interés, en la práctica no existen resultados concretos de carácter positivo.

La designación de Loretta Ortiz confirma en los hechos que el gobierno de López Obrador está siguiendo la misma conducta que la de sus predecesores porque no se permite que las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y otras instituciones especializadas en estas materias puedan participar en esta selección la cual solo transcurre en el cenáculo del mismo grupo que está en el poder y para beneficiar al mismo.