Por: Héctor Ramírez Cuéllar        

Recientemente, un grupo de 56 senadores, miembros de Morena, formularon la siguiente definición política: “Andrés Manuel López Obrador representa a la nación, al pueblo y a la patria, de tal manera que aquellos que sostengan diferencias políticas con su gobierno son traidores a la nación, al pueblo y a la patria”. Es decir, establecieron una división tajante y arbitraria entre los que respaldan al jefe del Ejecutivo y los que presentan discrepancias con él, sin precisar que sean de izquierda o derecha, sin tomar en cuenta los argumentos, o las razones que expresa cada uno de ellos. Por lo tanto, si esta clasificación fuera justa, entonces millones de mexicanos, de distintas filiaciones políticas, tendrían la calidad de traidores y tendrían que ser objeto de aplicación de sanciones que determina la Constitución, condenas que rondan hasta más de 40 años de prisión.

En el caso de los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que pertenecen a los partidos de oposición, éstos tendrían que sufrir un masivo proceso de desafuero, por lo menos, de la mitad de estos legisladores. Y ser conducidos a juicio penal, ya que, habrían incurrido en un delito sumamente grave, probablemente, el más grave y condenable que existe en nuestra legislación. Lo mismo debería suceder con los diputados de oposición que actúan en las legislaturas locales, los regidores en los ayuntamientos y cientos de periodistas y redactores de los órganos de la prensa nacional y estatal que observan una actitud de crítica y de denuncia en contra de las acciones y las decisiones del Presidente y de su gobierno.

Por lo menos, desaparecerían la mayoría de los diarios de circulación nacional y solo se publicaría La JORNADA, seguirían funcionado solo los canales de la televisión estatal que tiene como línea editorial general y respaldar siempre al gobierno. De la misma forman, si estos diputados son consecuentes con esa definición, serian encarcelados los dirigentes de la mayoría de las ONG’s, sobre todo las que denuncian las violaciones a los derechos humanos y el tratamiento que sufren las mujeres y los padres de los niños que padecen cáncer y que se han pronunciado muchas veces en la vía pública criticando al gobierno por la falta de medicamentos. Esos senadores nos hacen recordar la respuesta que dio la jerarquía eclesiástica en contra de las propuestas reformistas de Martin Lutero, que llamó a perseguir y exterminar a sus partidarios y seguidores, porque se estaba atentando en contra de los principios básicos del funcionamiento del Vaticano. O de los regímenes que se instauraron muchos años después en Italia y en Alemania en donde el Jefe era considerado un ser casi divino e infalible al que, por lo tanto, se debía tener una obediencia ciega y una subordinación absoluta.

Adolfo Hitler era considerado por sus seguidores como la encarnación de la patria, la nación, el pueblo alemán, el portavoz más autorizado en la defensa de la llamada raza aria, era el jefe máximo del Partido Nacional Socialista, de las fuerzas armadas, del gobierno, abolió el funcionamiento de los órganos regulares del Estado y concentró todo el poder en su persona, ejerciendo un liderazgo político dictatorial sin contrapesos, es decir, completo.

En la historia política moderna de nuestro país, habíamos escuchado concepciones y opiniones cavernícolas que surgieron de grupos o personas de la extrema derecha, recientemente de FRENAA, pero estos exabruptos no habían tenido ninguna repercusión política importante; ahora lo preocupante es que esa definición se presentó en la tribuna de la Cámara de Senadores, suscrita por un numeroso grupo de legisladores que pertenecen al partido que está en el gobierno. Lo que puede hacer pensar que se estaría preparando una ofensiva política de mejor envergadura contra la oposición, así en general, sin tomar en cuenta, que, así como existe una oposición de derecha, también existimos organizaciones y militantes de la izquierda socialista o marxista que en estos años hemos manifestado opiniones distintas y opuestas a las grandes directrices administrativas y políticas que establece el gobierno.

El dogmatismo ha sido en el siglo XX, sobre todo, un fenómeno profundamente dañino en la vida de las sociedades, ya que, en términos generales, una vez que un grupo está en el gobierno y que tiene un cierto margen de poder político, ha conducido a la intolerancia extrema, a la persecución, a la represión violenta, partiendo de una idea central que es absolutamente falsa ya que la realidad económica, social y política nunca es simple, por lo tanto siempre ha existido la posibilidad de discrepar, tener diferencias políticas, más aún entre representantes de las clases sociales opuestas, entre la burguesía y el proletariado, entre los partidarios del mantenimiento del capitalismo y los luchadores por el socialismo y de que por lo tanto, la discusión, los análisis políticos, aportan mayores beneficios que la cerrazón y la autosuficiencia, más aún en naciones que, como la nuestra, se caracterizan por una gran heterogeneidad política y diversidad ideológica. El dogmatismo siempre tiene un hijo, el sectarismo y este a su vez, produce la exclusión automática de los adversarios políticos, utilizando incluso los órganos represivos del estado. ¿Este sería el caso?