Por: Núcleo “Felipa Poot”

En Yucatán, de 2007 a 2016, fueron procesadas 34 mujeres por interrumpir sus embarazos, según el informe “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México”. El fundamento legal de esto es la consideración del aborto como un delito, que en Yucatán se castiga con una privación de libertad mínima de 3 meses y una máxima de 1 año, con la posibilidad de medidas alternativas. Además, los códigos penales en todo el país también criminalizan a quienes auxilien a una mujer al abortar; lo que contribuye a la falta de acceso a abortos seguros en servicios de salud, así como al agravamiento de los estigmas.

            La asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presenta en su informe casos de criminalización por aborto; los cuales han sido documentados y acompañados por ésta. De igual manera, se presentan los testimonios de mujeres privadas de su libertad por abortar. En estos testimonios podemos identificar las condiciones materiales que empujan a las mujeres trabajadoras al aborto, y que han llevado a muchas de ellas a ser criminalizadas por la ley burguesa.

Tal fue el caso de Sonia, en 2017. Ella trabajaba en un molino y recibía un ingreso semanal de 600 pesos. La información que ofrece el informe relata que, durante dos meses, tuvo sangrados que le hicieron pensar que seguía teniendo su periodo menstrual de forma regular. Sin embargo, al notar la ausencia del fluido en el tercer mes, se realizó una prueba de embarazo que resultó positiva. En el informe se indica: “Más adelante, se enteró de que el hombre de quien estaba embarazada ahora se encontraba en prisión. En ese momento tenía 18 semanas de gestación. Ella ya tenía una hija de cuya manutención era la única responsable, situación que dificultaba su economía. Por ello, tomó la decisión de provocarse un aborto”.

De las denuncias presentadas en Yucatán, en 2016 una mujer que acudió al Hospital General con un aborto en evolución fue denunciada por personal del hospital; los agentes del Ministerio Público acudieron a interrogarla ahí mismo y ella confesó haber buscado un aborto debido a sus dificultades económicas. Tras esta declaración, la mujer fue condenada a seis meses de prisión, que podía sustituir por tratamiento médico, multa o trabajo comunitario.

Catalina fue criminalizada en 2011. Tenía 21 años cuando ocurrieron los hechos. Era madre soltera y vivía en casa de su padre que es albañil. Ella había tomado una pastilla anticonceptiva de emergencia, pero semanas después descubrió que no había tenido el efecto buscado. Ante la negativa de su novio por tener hijos, y con sus antecedentes de violencia, Catalina decidió acudir con un amigo médico, quien le consiguió pastillas abortivas. Debido a los fuertes dolores de vientre que desarrolló acudió a una clínica local. Ahí fue denunciada por una trabajadora social. Catalina fue puesta a disposición del Juzgado Sexto, donde rindió declaraciones sin el abogado que había contratado su padre, y el juez estableció una fianza de 27 mil pesos, más 170 mil pesos por concepto de reparación de daños. Estas cantidades nunca se fundaron ni motivaron. El padre de Catalina consiguió el dinero de la fianza y tuvo que hipotecar su casa para pagar el resto.

En este mismo tono y pese a que desde el 07 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto, continúan existiendo unas 400 carpetas de investigación abiertas por este delito y más de 200 mujeres todavía se encuentran detenidas por crímenes relacionadas con el aborto pues no fueron condenadas por la interrupción del embarazo, sino por delitos como el homicidio en razón de parentesco, el infanticidio y la omisión de cuidados. Asociaciones civiles como Las Libres, las cuales han seguido y acompañado diversos casos, han hecho énfasis en las reiteradas violaciones a la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos cometidos por las autoridades con respaldo en normativas prejuiciosas y ambiguas.

Este fue el caso de Claudia, de 22 años. Decidió continuar su embarazo ocultándolo de sus padres por temor al rechazo, hasta que una noche sintió un fuerte dolor que confundió con la necesidad de ir al baño. Al sentarse en una bacinica expulsó el producto, lo que ocasionó que perdiera las fuerzas y cayera al piso, incapaz de levantarse. A duras penas logró colocar el producto en su cama y cortar el cordón umbilical con las uñas, tras lo cual quedó inconsciente. Sus padres la encontraron al amanecer y la llevaron al hospital inmediatamente, Claudia no se encontraba en condiciones para explicar que había tenido un parto y que el producto estaba en su habitación. Un juez estimó que, pese a su situación crítica, al no darle la atención necesaria al recién nacido había ocasionado su muerte, por lo que la sentenció a cuatro años de prisión por infanticidio a título de dolo.

Como se puede ver la criminalización afecta a las mujeres trabajadores en múltiples sentidos, ya no solo en la disyuntiva entre enfrentar cargos por interrumpir el embarazo bajo la ley o poner en riesgo la integridad física, psicológica y económica al recurrir a un aborto inseguro o al continuar con un embarazo no deseado, sino que también en los casos donde se sufre un aborto espontáneo. El estigma y la penalización del aborto vulnera, restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción, les cuesta la libertad y la vida.

Si bien la reciente despenalización del aborto en el país pareciera ser el principio del final de los problemas que sufren a diario las mujeres trabajadoras, países como España, en donde la despenalización se realizó desde 2010, demuestran que la salud de la mujer trabajadora no queda garantizada en automático. En realidad, su condición después de una década poco ha cambiado, pues sigue sin poder acceder ni libre ni gratuita ni informadamente a los distintos procesos de interrupción del embarazo. En su lugar, las clínicas privadas han hecho negocio, pues en ellas se llevan a cabo la mayoría de estos procesos. Además, los prejuicios propios de la más rancia moral burguesa siguen en gran medida vigentes, siendo las mujeres trabajadoras las que más se enfrentan a ellos. En México, no son raras las posturas reaccionarias en los hospitales que convierten la atención médica de las mujeres trabajadoras en un calvario, sin ningún interés por parte del gobierno en corregir estos problemas al interior de sus instituciones.

Sin embargo, es importante tener presente que los avances en la despenalización del aborto representan apenas un punto de partida, uno de enorme valor y peso tras incontables golpeteos a la lucha de las mujeres trabajadores, pero un punto de partida, al fin y al cabo, pues el acceso a un aborto legal y seguro continúa siendo un privilegio en el capitalismo. Pasar del aborto como delito a servicio de salud es un primer paso, pero mientras no se garantice su pleno acceso, su carácter de clase, en suma, el derecho de las mujeres trabajadoras a decidir genuinamente sobre la maternidad, el aborto continuará coartado para la gran mayoría de mujeres. Como comunistas, sabemos que este problema, como un problema que afecta principalmente a la clase trabajadora, sólo podrá ser resuelto en el socialismo. Pero no por ello dejamos de luchar por arrancar derechos y concesiones a la burguesía, templando a nuestra clase en el proceso.