Por: Héctor Ramírez Cuéllar

 

La pasada consulta sobre la revocación del mandato del Presidente fue ilegal y, por lo tanto, debería ser anulada por el Tribunal Federal Electoral si se pretende afirmar que vivimos en un estado de derecho y no en un estado de arbitrariedad oficial como el que constatamos los ciudadanos. En efecto, durante ese proceso se presentaron 122 irregularidades, las cuales están debidamente documentadas por el INE y se incoaron 23 medidas cautelaras, las cuales involucraron al Presidente de la República, al resto de los miembros del gabinete, a un alto número de gobernadores senadores, diputados y alcaldes de Morena, los cuales conformaron una enorme masa de propagandistas, los cuales, utilizando recursos públicos, condujeron a los ciudadanos a las urnas, en el contexto de una forma de elección que debe ser cancelada, si de verdad aspiramos a constituir algún día un sistema democrático que tenga como base de sustentación la voluntad popular.

La revocación de mandato es, desde el punto de vista formal, un derecho que tienen los ciudadanos, no los partidos políticos, para decidir si a la mitad de su gestión, se debe retirar del cargo el Presidente de la República por no estar cumpliendo con su programa de gobierno, ni con sus obligaciones constitucionales. Sin embargo, en la práctica, en los hechos ocurrió todo lo contrario, pues la jornada del 10 de abril pasado se trasformó en una gigantesca oleada de propaganda del gobierno y de Morena para respaldar al Presidente, sin que existiera su contraparte, aquella que conformarían los ciudadanos que estaba en contra de la continuidad de su permanencia en el cargo. El proceso se prostituyó desde un principio y culminó con una auténtica elección de estado. Veamos los hechos y no las palabras.

Los resultados finales de la mal llamada revocación de mandato fueron un fracaso, pues solo votó el 16 % de los electores, si bien el 90 % lo hizo en refrendo al Presidente, pero dichas cifras están demasiado lejos del 40 % que exige la ley para que sea vinculante y se encuentra también por debajo de la cantidad de votos que Andrés Manuel López Obrador recibiera en las elecciones presidenciales de 2019.

La frustración es aún mucho mayor si tomamos en cuenta que se erogaron cientos de miles de millones de pesos en el financiamiento de la propaganda ilícita que se exhibió en todo el territorio nacional, si consideramos también que todas las dependencias del gobierno federal, de los estados y de los municipios, funcionaron con base a la determinación de cuotas de ciudadanos que deberían ser conducidos a las urnas.

Con estas ventajas, los números deberían haber sido muchos mayores de los alcanzados lo que demuestra que a pesar de la grotesca manipulación político electoral, no fue suficientemente aceptable la concurrencia de los ciudadanos a las urnas, lo que plantea una serie de dudas acerca de lo que está realmente sucediendo en nuestro país, sobre la base popular real en la que se sustenta el gobierno y sobre la fuerza y la representación política que tiene Morena, que se comportó como un instrumento de la administración pública, ya que se “montó” sobre los recursos que el erario destinó para esta elección de estado.

Entre las irregularidades que se manifestaron desde el principio y hasta la culminación de la consulta, la cual está viciada, precisamente por estas causas, se encuentran los siguientes: la pregunta estaba mal redactada pues no hacía alusión a la revocación, sino a la ratificación del mandato del Presidente, se le regatearon recursos al INE para instalar un mayor número de casillas, los funcionarios públicos federales, estatales, los diputados, los senadores, los presidentes municipales, los alcaldes de la ciudad de México participaron de una manera abierta y contumaz en la orquestación de la propaganda y también para organizar la presencia de los ciudadanos en las urnas, se adelantaron los pagos mensuales a los adultos mayores en la aplicación de los programas sociales todos las medidas cautelares que se dirigieron a los altos funcionarios públicos, previniéndolos sobre su conducta violatoria de la ley, fueron desoídas y se repitieron una y otra vez, asumiendo una actitud retadora y de franco desacato de la legislación imperante que prometieron cumplir en el momento de ser electos, jamás se precisó el origen y los montos de los recursos gastados y, por lo tanto, muchas sanciones no se han podido aplicar y se mantuvo una actitud de violenta crítica, denostación y ataque al INE hasta el grado de llegar a una agresión patológica y personal en contra del Presidente de ese organismo.

Ahora el asunto está en manos del Tribunal Federal Electoral, que tiene frente ante sí un auténtico reto: si se permiten las múltiples violaciones a ese proceso de consulta, de la cual todos los ciudadanos fuimos testigos o bien se aplican las sanciones correspondientes. Si se acepta la primera alternativa, entonces se estaría sentado un grave precedente de carácter político con miras a las próximas elecciones presidenciales, pues se estaría indicando que se pueden trasgredir las normas legales de una manera evidente, sistemática, clara y notoria, sin que se apliquen las penas que fijan las leyes, en cuyo caso se estaría llamando a la impunidad abierta en beneficio del gobierno y de su partido.